La agricultura familiar, que se está desarrollando con vocación tradicional, grandes esfuerzos y sacrificios, no sólo carece de apoyo y estímulo en Venezuela, sino que es afectada, a diario, por la inseguridad, la importación desproporcionada, la competencia desleal y el contrabando. Y lo peor es que algunos de esos problemas afectan a la salud de los consumidores.
De esta forma lo resume el abogado Juan Carlos Montesinos, presidente de la Asociación Venezolana de Agricultura Familiar (AVAF), quien abriga esperanzas de que esa situación cambie ahora que la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, acaba de aprobar un plan de atención para la agricultura familiar destinada a sus 191 miembros en la tierra.
Al respecto, el dirigente gremial dijo que se harán gestiones ante los organismos del Ejecutivo Nacional para que ese proyecto llegue a la AVAF, que es la única asociación de esa naturaleza que existe en el país.
Sin embargo, eso no quiere decir que se acabarán los problemas que tiene la agricultura familiar en Venezuela, ya que son muchos y complicados porque se han venido acumulando algunos y otros, que han surgido en los últimos años, tampoco han sido enfrentados por los organismos del Estado venezolano.
Las dificultades que afectan a los agricultores familiares, quienes son pequeños productores y trabajan en todo el país, incluyendo las áreas de los indígenas, los enumeró Montesinos de la forma siguiente:
- Falta de combustibles, problema que perjudica la producción, ya que impide el funcionamiento de bombas y equipos para la siembra y los cultivos, así como el transporte de los productos del campo a los centros de consumo.
- Inseguridad en el campo, porque la delincuencia no ha desaparecido y los asaltantes roban con frecuencia la mercancía que es sacada en camiones o jeeps, y además hay grupos armados irregulares en diversas regiones del país que mantienen un ambiente de zozobra y angustia a los campesinos, muchos de los cuales se han visto obligados a salir de sus propiedades hacia el exterior. Como si esto fuera poco, todavía en las alcabalas hay funcionarios deshonestos que les quitan parte de la mercancía que es transportada por las carreteras. Y existe además una inseguridad jurídica, que se ha hecho crónica.
- El alto costo de los insumos agrícolas, el cual por lo general es adquirido en el mercado negro, ya que no existe producción nacional en ese renglón y los productos importados han alcanzado precios inalcanzables para los pequeños productores.
- La falta de financiamiento y de protección a los agricultores, quienes de lo poco que obtienen de las cosechas pueden seguir manteniendo sus cultivos, a los cuales se han dedicado por tradición y haciendo sacrificios y grandes esfuerzos. No cuentan con asistencia técnica, ni mucho menos crediticia. Ni tampoco existe un seguro que cubra los riesgos de sus cultivos, como sí funciona en otros países de América Latina y en el resto del mundo.
- Importación desmedida y sin pago de aranceles de productos principalmente de Colombia y Brasil, entre los cuales figuran papas, cebollas, plátanos, pollos y otros rubros. Esta práctica atenta contra los productores nacionales, porque son excedentes de esos países, donde los agricultores están protegidos por el Estado y la banca privada. Es una competencia desleal porque son muchos más baratos que los que se producen en Venezuela por los factores antes indicados. Un hecho que pasa inadvertido es que el empaquetado se hace en Venezuela.
- El contrabando de los productos mencionados y de otros, como el ajo, también perjudican a los agricultores venezolanos.
- Falta de control sanitario, problema que afecta a todos los consumidores de algunos de esos productos porque se ha comprobado que, por ejemplo, el café llega contaminado de plagas. No se sabe la procedencia de los productos cárnicos y, en consecuencia, la población está expuesta a daños a la salud.
