A pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó todas las maniobras para impedir que fuese revocado Nicolás Maduro, como lo desea la mayoría de la población, el derecho del revocatorio no se ha perdido.
Así lo manifiesta el ingeniero Atilano Linares, quien fue uno de los principales activistas del Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) en Lara, al dar cuenta de las diligencias que se han venido haciendo ante los organismos nacionales y la comunidad internacional para hacer sentir el derecho de los ciudadanos a revocar a Nicolás Maduro.
A pesar de que se habló del aborto del revocatorio y la calificación de referendicidio que le dio el eminente doctor Román Duque Corredor, el referendo sigue vivo, añadió. Y lo seguirá.
Objetivos del referendo
Cuando Mover decide solicitar al CNE el proceso contra Nicolás Maduro, se le preguntó al dirigente socialcristiano, ¿no se tomó en cuenta que ese organismo está controlado por el Ejecutivo Nacional y que obedece a las instrucciones de ese funcionario?
El revocatorio es un derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos para remover al presidente de la República cuando consideremos que su gestión es inconveniente porque ha ocasionado, como en este caso, una crisis que se agrava todos los días, pero Maduro no asume sus responsabilidades, ni da oportunidades para que se le busque una solución a los graves problemas que sufre la población. En el momento en que se hace la solicitud se buscan dos objetivos muy claros, necesarios y respaldados por la inmensa mayoría de los venezolanos: primero, sacarlo por la vía que nos otorga la Constitución; y segundo, llevar a cabo unas elecciones ajustadas también al texto constitucional; es decir, competitivas, transparentes y justas, en el término del tiempo reglamentario.
Desde el firmazo
Ya hubo antecedentes contra las solicitudes del revocatorio presidencial. ¿No se pensó en eso?
Claro, pero no podemos estar pensando en que no es posible enfrentarse al régimen. Ciertamente, el 2 de febrero del 2003 se hizo lo que se conoció como el “firmazo”, mediante el cual fueron recogidas 2.437.000 firmas para sacar a Hugo Chávez y el CNE reconoció sólo 1.832.493 de ellas, para impedir que se efectuara el proceso revocatorio.
Además, el diputado Luis Tascón hizo la absurda, ilegal y persecutoria lista Tascón, a través de la cual se llevó a cabo el primer apartheid político en Venezuela, que impedía no sólo el ingreso de los firmantes a despachos oficiales, sino que de los organismos públicos fueron despedidos todos los firmantes y se les condenó a vivir in trabajo. Incluso, se les persiguió.
No se nos puede olvidar que el 21 de octubre de 2016, el CNE paralizó el proceso porque Tareck El Aissami, gobernador de Aragua; y Jorge Rodríguez, del comité evaluador de las firmas, ya habían introducido demandas contra la realización del referendo, alegando fraude en las firmas. Se requerían 200 mil y se presentó una cantidad nueve veces más, es decir, un millón 800 mil firmas. Hubo igualmente demandas ante jueces penales de los estados Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo y Monagas. Estos funcionarios no tenían facultad alguna para impedir que se ejecutara ese referendo, pero claramente obedecían el mandato del régimen.
Sin embargo, esos hechos no nos amilanaron y se procedió conforme lo dispuesto en la Constitución.
Características del régimen
¿Estaba la gente dispuesta a ir a los centros electorales?
Los sondeos de opinión lo demostraron. Sólo un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello, hecho por especialistas, indicaba que más del 80 por ciento estaba dispuesta a participar. Y las razones son muy evidentes: La gente está desesperada y sale a la calle a protestar contra el colapso de los servicios públicos, la hiperinflación que se ha prolongado desde el 2017 hasta la fecha, la pérdida del valor del bolívar que ha hecho que casi todas las transacciones se hagan en dólares, la gente se muere no sólo por las enfermedades sino porque no puede comprar las medicinas y los hospitales, prácticamente, no funcionan y por eso los pacientes tienen que llevar todo lo que necesitan para sus tratamientos. Casi 7 millones de conciudadanos se han ido del país en busca de trabajo y para aliviar la carga de sus familias, que dejan, les envían remesas con algunos pocos dólares. La situación lleva a protestar porque no tienen respuesta a sus quejas. Esta misma semana, una organización no gubernamental ha presentado un informe en el cual indica que se han registrado más de 92 mil protestas en los últimos diez años. Este es un récord mundial no muy bueno para Maduro ante la comunidad internacional.
Además este es un régimen criminal. No se olvida la gente que en enero del 2018, en un asalto de más de mil efectivos fuertemente armados, utilizando hasta helicópteros y tanques, fue asesinado en lo que se denominó operación Gedeon, Oscar Pérez, quien había anunciado su entrega y acribilladas otras tres personas, en un rancho. En octubre de ese mismo año, cuando debía ser llevado a un tribunal, fue lanzado desde el décimo piso del Sebin, el concejal Fernando Alban, según denunciaron sus familiares, quienes alegaron que este ciudadano era creyente católico y nunca atentaría contra su vida. Y en junio del 2019, cuando estaba en un tribunal militar, hubo de ser trasladado hasta un centro médico el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, víctima de torturas que le impedían responder a las preguntas del juez. Su muerte causó una conmoción nacional.
Además de esos casos, que trascendieron más allá de nuestras fronteras porque tuvieron lugar en la capital de la República, la Misión Internacional presentó en su informe 223 asesinatos desde el 2014. Son muchos más los casos de delitos de lesa humanidad que está investigando la Corte Penal Internacional, en los cuales aparecen como responsables no sólo quienes hicieron las ejecuciones extrajudiciales, sino las cadenas de mando militares y policiales. Y ya sabemos lo que ha dicho sobre las ejecuciones extrajudiciales la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, doctora Michelle Bachelet, quien ha hecho señalamientos muy severos sobre la actuación de la FAES.
Demoledor
Otra de las características de este régimen es que ha continuado la demolición de la economía, empezada por Hugo Chávez, manifestó Linares. Cuando este llegó al poder había más de 12 mil 700 empresas en plena producción y hoy no llegan a cuatro mil, pero que están trabajando al menos del 20 por ciento de su capacidad.
Es tan destructor este régimen que acabó con Pdvsa, Sidor, Sidetur (empresa que era un orgullo para Lara), Alcasa, Venalum Ferrominera, Pequiven, Orinoco iron, Interalumina, Mineren, Alunasa y muchísimas otras compañías que daban trabajo bien remunerado. De igual forma terminó con casi todos los centrales azucareros y expropió más de seiscientas fincas, entre otros hechos negativos. Y como si todo esto fuera poco, también acabó con el bolívar y ha inventado una moneda inconstitucional como lo es el Petro.
De modo, pues, que el cabecilla de un régimen que viola las leyes y no respeta la Constitución, tiene en ésta una salida pacífica, electoral y ciudadana, como es el referendo revocatorio.
Espera
Algunos docentes universitarios han dicho que ese referendo es una ilusión constitucional.
No puede ser una ilusión porque. más temprano que tarde, la Constitución tiene que ser respetada. En estos momentos, Mover está esperando la admisibilidad del documento que ha sido introducido ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, después que se hiciera la solicitud de la modificación del cronograma del referendo ante el CNE, el cual impidió el proceso del revocatorio.
Lapso
¿Existe la posibilidad de que se pueda hacer ese revocatorio por considerar, como han dicho algunas personas, que no se hizo por la forma como actuó el CNE?
Con la consulta popular efectuada en el 2020, mediante la cual se aprobó la salida de Maduro por medio del referendo revocatorio, se originó una gran expectativa, la cual llevó a diversos sectores a plantear ese derecho. El lapso para efectuar el proceso esá comprendido desde el 10 de enero de 2022 al 9 de enero de 2023. Uno no puede dar una respuesta tajante por cuanto el tiempo está corriendo. El CNE ha venido aplicando el reglamento o normas de marzo del año 2007, a pesar de que Mover había solicitado que se hiciera un cambio para adaptarlo a la realidad. A tal efecto, solicitó la eliminación de los firmazos, los reafirmazos y otros procedimientos que, en general, se llevaban casi ocho meses. Pero, el organismo electoral se extralimitó y en lugar de hacerle una revisión a su reglamento hizo lo que, en deportes, se conoce como una jugada adelantada. Pero, aquí, fue una burla. Los oficialistas del CNE, imagino, preguntaron: ¿Quieren que les autoricemos el revocatorio? Ahí lo tienen: doce horas para que lo hagan en 1.200 centros, pero tienen que meter 4 millones 200 mil personas, sin cometer un solo error.
Yo fui al Colegio San Pedro, de esta ciudad, donde no había siquiera un cuaderno para asentar las manifestaciones de voluntad de las personas que deseaban revocar. Al final de la jornada no había cómo cuantificar la participación. Y así fue comprobado por otros activistas de Mover en diferentes centros. Al día siguiente la rectora Tania D´Amelio dijo que no se habían sido recabadas las firma y que ya no habría más revocatorio.
Si había que cumplir con todos los requisitos en siete meses y tantos días, el CNE precipitó todo el proceso, precisamente, para que no se cumpliera a plenitud.
No garantizaron el derecho de participación de todos los venezolanos, especialmente a los que se encuentran en el exterior. Ni a los que nos encontramos en el territorio nacional, porque el propio rector electoral Roberto Picón dijo que de acuerdo con la decisión del organismo electoral era inviable que 5 personas por minuto, sin equivocarse, hicieran su manifestación de voluntad para pedir el revocatorio. Además, no había tiempo para informarle a los electores los puntos donde podían hacerlo.
Si en verdad hubieron cumplido con su función, respetando las normas, habrían abierto todos los centros de votación y, por supuesto, garantizando el derecho a 21 millones de personas, que según el propio CNE están registradas en ese organismo.
Y fue una burla porque en Barinas, para las elecciones del gobernador el 9 de enero, pusieron en funcionamiento más de 900 máquina de votación para poco más de 424 mil personas. ¿Cómo podrían concurrir más de 4 millones de seres humanos a 1.200 centros en doce horas? Y lo hicieron los rectores oficialistas con toda la mala intención porque sabían que deben respetarse las normas biosanitarias ante el peligro de riesgo que existe por la peste china. Insistimos en este tema porque el CNE actúa conforme lo quiere Maduro, quien no quiere dejar el poder aunque sabe que no tiene apoyo popular por la crisis, de la cual es responsable.
También se hace responsable ese organismo electoral por haber violado los artículos 62 (derecho político que tenemos todos los ciudadanos de participación), 70 (derecho al referendo, entre otros) y 72 (derecho a revocar a funcionarios).
¿Qué pasaría si el CNE sorprende convocando ese revocatorio?
Supongamos que el TSJ lo reponga al punto cero y ordene al CNE llevarlo a cabo, no se hará de inmediato porque al régimen no le conviene como ya lo demostró. Y si se hace fuera del lapso y salga revocado Maduro, nada se habrá hecho, pues continúa el régimen intacto, porque la presidencia será ocupada por la vicepresidenta. No habrá cambio político. El sistema ha venido acabando con la democracia y su modelo económico ha destruido el aparato productivo. Y lo peor es que vivimos una emergencia humanitaria, que cada día es más grave y afecta mayormente a la población más vulnerable.
