A través de un comunicado la junta directiva de la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE) se refirió a las deudas del Estado venezolano en materia de normativas para ordenar y reglamentar las áreas protegidas en el país.
La organización advirtió que las 105 áreas protegidas en Venezuela, que cubren alrededor de 26% de nuestra superficie continental, marina e insular están sometidas a «presiones».
«Estos espacios tienen como principal objetivo la conservación de la diversidad biológica, bellezas escénicas y manejo sostenible de patrimonio natural», indican.
Reseñaron que el Estado tiene una deuda histórica en materia de promulgación y actualización de los planes de ordenación y reglamento de uso (PORU).
El Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU), según define el Ministerio del Ecosocialismo en su sitio web, establece los «lineamientos, directrices y políticas para la administración de la correspondiente área, así como la orientación para la asignación de usos y actividades permitidas».
Al respecto, la Sociedad Venezolana de Ecología advierte que solo 30 de las 105 áreas protegidas del país cuentan con planes ordenamiento y reglamentos de uso (PORU), «la mayoría producidos y aprobados en los años 80 y 90».
Asimismo, destaca que varios proyectos de PORU han quedado sin ser aprobados, «a pesar de la calidad técnico-científica con al que fueron elaborados, pero la voluntad política
ha estado ausente».
También, precisan que el presupuesto asignado a Inparques «nunca ha sido cónsono a su labor de protección de más del 20% del territorio nacional». Este presupuesto, históricamente bajo, ha sido aún menos en los últimos 10 años.
«Esto ha traído como consecuencia la desprofesionalización del equipo técnico, falta de personal en las áreas, obsolescencia y falta de reposición de equipos y flota automotora para las actividades de seguimiento y control, operatividad limitada del equipo de bomberos forestales y la poca realización de evaluaciones del estado de conservación», describe la SVE.
Falta de educación ambiental y actividades irregulares
La SVE resalta la evidente disminución de las campañas de educación ambiental y sensibilización en escuelas y dentro de las áreas protegidas.
Y, con especial preocupación, denuncia la «poca o nula regulación de actividades no congruentes con los PORU o decretos de creación» en estos diez últimos años en dichas zonas.
Como actividades no permitidas en los PORU que se están ejecutando en áreas protegidas enumeran:
- Construcciones en los cayos del parque nacional Archipiélago de Los Roques.
Tala de manglares para construcción de canales de navegación en el refugio de fauna silvestre de Cuare.
- Instalación de tendido eléctrico de alto impacto en la avifauna en el Parque Nacional Morrocoy (sitio RAMSAR).
- Minería ilegal en los parques nacionales Yurubi, Yapacana, Serranía La Neblina, Canaima, Caura, y los MN Guaiquinima y Macizo Cuao Sipapo. Tala para la venta ilícita de madera como en el Parque Nacional Chorro El Indio,Guatopo, o extracción de leña por la ausencia de gas como el MN Cerro Saroche.
- Competencia de bicicletas y uso recurrente de las mismas en el Parque Nacional El Ávila, siendo que esto está expresamente prohibido por su plan de ordenamiento y de uso.
Los expertos también refieren que los incendios son más frecuentes cada año y que afectan cada vez más una mayor superficie en el caso del Parque Nacional Henri Pittier, Parque Nacional Terepaima y el Monumento Natural Loma de León.
«Se desconoce también la situación de proyectos que evaluaban el estado de conservación de especies como la tortuga arrau, caimán de la costa, caimán del Orinoco, entre otros», detallan.
¿Qué puede hacer la academia y la sociedad civil?
La protección y defensa de las áreas naturales del país, ante un gobierno «que parece haber olvidado sus obligaciones y carece de una política ambiental cónsona con la legislación venezolana» requiere la acción de la sociedad civil y de la academia, destaca la Sociedad Venezolana de Ecología.
En primer lugar, indican que los ciudadanos deben ser responsables e informarse antes de visitar los espacios naturales, así como también » participar en las acciones voluntarias, financiar si es posible los proyectos y organizaciones que aún continúan trabajando por nuestro patrimonio natural y la educación ambiental».
Como segundo punto, recomiendan apoyar la labor de los funcionarios ambientales «que aún con compromiso y mística se mantienen en la primera línea de defensa de las áreas protegidas». Estos trabajadores necesitan cursos, diplomados, actualización en tecnologías de seguimiento remoto de variables ambientales y requieren vehículos para movilizarse y equipos para el control de incendios.
Es preciso también «reunir la mayor información ambiental posible a través de los sensores remotos y alianza con los venezolanos que están afuera en cargos académicos y empresas que pueden tener interés en poner a prueba plataformas y nuevas tecnologías».
Promueven también que se actualicen o creen, según cada caso, las regulaciones relacionadas al turismo y la construcción dentro de áreas protegidas para «promover el turismo sostenible y el disfrute armónico con la naturaleza»
«Como investigadores exigimos se facilite el acceso a los permisos para estudios de campo en las áreas protegidas, así como la evaluación y seguimiento de impactos ambientales para generar soluciones desde la academia. La SVE reitera su compromiso en promover y contribuir al conocimiento científico en pro de la conservación y manejo de los ecosistemas de Venezuela. Igualmente, hacemos un llamado a todos nuestros miembros y a la sociedad civil en particular a unir nuestras voces para exigir al gobierno cumplir con su deber de proteger y manejar adecuadamente el sistema de áreas protegidas de Venezuela«, concluyeron.
Los Roques, a la orilla de un desastre ambiental
La Alianza Rebelde Investiga (ARI), formada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual exploró, en un trabajo especial, cómo las nuevas construcciones del archipiélago violan el marco jurídico vigente y amenazan con destruir la belleza de un territorio prístino mediante la activación de complejos de turismo masivo que cumplan los deseos de la nueva elite económica y chavista.
«En El Gran Roque, la isla poblada del archipiélago, hoy se levanta con capital privado una serie de construcciones de concreto bajo el estupor y crítica de habitantes, ambientalistas y la comunidad científica vinculada desde hace décadas con esta área protegida. Esta, no solo rompe con la armonía del paisaje, sino que viola leyes ambientales y transgrede el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) del parque nacional, que estipula incluso cuál es el estilo y la altura que deben mantener todas las edificaciones. Como si esto no fuese suficiente, la administración de Nicolás Maduro promueve ruedas de negocios con planes para hacer campamentos de lujo en cayos pequeños y deshabitados que carecen de servicios básicos», describen en el trabajo de investigación.
Ante este contexto, se comprobó que el primer parque nacional marino creado en Venezuela está en riesgo.
«Estudios académicos indicaron, desde 2004, que la capacidad de carga estaba al límite y por eso eso se emitió durante años un decreto que prohibía las construcciones. Los expertos coinciden en que modificar apenas una pequeña porción de territorio afectará el perfecto equilibrio que se ha mantenido durante siglos entre manglares, corales y praderas de Thalassia, que a su vez son hábitat y fuente de alimentación de cientos de especies de peces, tortugas, crustáceos, moluscos, mamíferos y aves que hacen vida en el archipiélago», se amplía.
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