Entre las omisiones e irregularidades que han caracterizado el manejo de los datos estadísticos y económicos, el documento menciona que el presupuesto de 2022, además de no estar todavía en Gaceta Oficial, «carece de fundamentos técnicos al no incluir premisas fundamentales tales como el precio estimado del petróleo, el volumen de producción y exportación de petróleo, el tipo de cambio, y las tasas de inflación y crecimiento económico previstas»
En un comunicado público, dirigido «a los venezolanos y al mundo», economistas que forman parte de los cuerpos docentes de la Universidad Central de Venezuela, Universidad del Zulia y Universidad Católica Andrés Bello, exigen al gobierno de Nicolás Maduro que cumpla con la obligación legal de publicar «la Ley de Presupuesto, las estadísticas fiscales y demás cifras elaboradas por los distintos entes del Estado» que no se dan a conocer al país desde 2016.
El texto se divulgó a través de la cuenta en Twitter del Observatorio Venezolano de Finanzas y está suscrito por Ronald Balza, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB; José Guerra, profesor de Economía de la UCV; Rodrigo Cabezas, profesor de Economía de LUZ —quien fue ministro de Finanzas durante la gestión de Hugo Chávez—; Rafael Ángulo Yustin, profesor de la Escuela de Sociología de LUZ; Edison Morales profesor de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de LUZ y Morelba Brito, exdirectora de la Escuela de Sociología en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de LUZ.
Asistidos por «principios constitucionales», quienes suscriben apelan al artículo 51 de la Constitución, que establece que «todo ciudadano tiene derecho a solicitar información y a obtener respuesta oportuna por parte de los funcionarios públicos e igualmente el artículo 58 nos confiere el derecho a obtener información veraz y oportuna».
»En lo relativo a la Ley de Presupuesto de 2022 aprobada por la Asamblea Nacional el 14 de diciembre de ese año, todavía no ha sido publicada en la Gaceta Oficial y solamente se pudo conocer su Exposición de Motivos la cual carece de fundamentos técnicos al no incluir premisas fundamentales tales como el precio estimado del petróleo, el volumen de producción y exportación de petróleo, el tipo de cambio, y las tasas de inflación y crecimiento económico previstas. No obstante ello, en esa Exposición de Motivos se aprecia una subestimación manifiesta de los ingresos ordinarios, los cuales son la base para el cálculo del Situado Constitucional.
»Las cifras fiscales dejaron de publicarse en 2009, los resultados de la actividad económica (PIB) están publicadas hasta el primer trimestre de 2019 al igual que los de la Balanza de Pagos y los datos de pobreza hasta 2013. Esta situación constituye una violación flagrante al derecho de los venezolanos a estar informados, al tiempo que le resta transparencia a la gestión pública y daña la credibilidad de los entes encargados de producir esas estadísticas».
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