Alex Saab, empresario colombiano al que Estados Unidos acusa de ser testaferro de Nicolás Maduro colaboró con la DEA durante un año en 2018 y ofreció información sobre los sobornos que pagó a funcionarios venezolanos, de acuerdo con documentos judiciales de un caso de corrupción que se hicieron públicos este miércoles.
Alex Saab, señalado de haber lavado cientos de millones de dólares provenientes de presuntos negocios corruptos con el régimen de Maduro, giró más de 10 millones de dólares a la Administración de Control de Drogas (más conocida como DEA) como parte de un acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses que incluyó numerosas reuniones con agentes y fiscales en Colombia y en Europa.
Sin embargo, Estados Unidos dejó de considerarlo una fuente de información después de que Saab incumplió el plazo que le habían fijado para entregarse y enfrentar acusaciones en el sur de Florida.
La información aparece en un par de documentos presentados de manera sellada en febrero de 2021 y que el juez federal Robert Scola ordenó que se hicieran públicos en la audiencia de este miércoles en los tribunales federales en la que también fijó la semana del 11 de octubre como fecha tentativa del juicio a Saab.
Se trata de una fecha preliminar mientras una corte de mayor jerarquía resuelve un pedido del acusado para que su caso sea desestimado, bajo alegatos de que no debió ser extraditado para enfrentar cargos porque goza de inmunidad diplomática.
Scola fijó también una nueva audiencia para el 10 de junio en la que será informado sobre cómo avanza la causa de la inmunidad diplomática en la corte de apelaciones y otra tentativa para el 4 de octubre en la que las partes deberían informarle si están preparadas ya para el juicio.
Las fechas, sin embargo, estarían atadas a la resolución que tome la corte de apelaciones y podrían ser cambiadas.
Saab, de 49 años y quien permanece detenido en una prisión federal de Miami, llegó a la audiencia esposado y con grilletes en sus pies, vestido con uniforme de preso color beige y mascarilla que cubría su boca y nariz. Lucía serio y conversó con sus dos abogados antes del inicio de la sesión.
La fiscalía estadounidense acusa a Saab de amasar una fortuna de más de 350 millones de dólares por medio de negocios por los que habría pagado sobornos a funcionarios venezolanos y falsificado documentos para obtener contratos de construcción de viviendas.
Saab se declaró inocente en noviembre y ha asegurado que no debería haber sido extraditado por haberse desempeñado como “diplomático de la República Bolivariana de Venezuela”. Sus abogados alegan que como diplomático tiene inmunidad.
La administración de Nicolás Maduro sostiene que Saab, a quien Estados Unidos considera presunto testaferro de Maduro, era uno de sus diplomáticos en «misión humanitaria» camino a Irán cuando su avión fue detenido en Cabo Verde al parar para recargar combustible.
En octubre el juez Socola retiró siete de las ocho acusaciones de lavado de dinero que enfrentaba el empresario a pedido de la fiscalía. El gobierno estadounidense se había comprometido a hacerlo como parte de un acuerdo que selló con Cabo Verde para conseguir la extradición de Saab.
Su extradición desde Cabo Verde tensó aún más las tensas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela e interrumpió el diálogo que en ese momento tenían el régimen de Maduro y la oposición en México.
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