A raíz de la entrada en vigencia de la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se ha creado cierta expectativa acerca de las mejoras o no de la mejoria de justicia en Venezuela, declara a Elimpulso.com la doctora Nancy Rodríguez, quien se desempeñó como presidenta del Comité de Evaluación de Jueces del país.
Con esta reforma del Poder Judicial seguirá perdiendo su ya devaluada independencia, afirma. Creo que no es suficiente la promulgación o no de una ley, para que las instituciones funcionen bien, apegadas a valores y principios, ya que lo más importante es introducir cambios en la forma de seleccionar a los funcionarios y credenciales para ejercer desde los más altos niveles hasta los más humildes cargos.
Destaca en esta reforma lo referido a la reducción del número de magistrados, ya que de los 32 que conforman el TSJ ha sido rebajado a 20, como lo era al inicio de los años 2.000, lo cual es positivo, ya que tal número de magistrados, innecesario por lo demás, significa un gran dispendio para el Estado venezolano.
Obviamente, ello significará reestructuración mínima de las salas, y exigirá establecer un mecanismo que conduzca a la integración de las salas sin afectar los derechos de los actuales magistrados y cuyo período no está vencido.
La Asamblea Nacional está promoviendo la constitución del comité de postulaciones, para proceder al nombramiento de nuevos magistrados, de lo cual se deduce que con la entrada en vigencia de la reforma se cumplió el período de los actuales, lo cual es un error conceptual, ya que el periodo de ellos es de doce años.
En la reforma, la Asamblea Nacional asume la facultad de nombrar al director de la Escuela Judicial, a la Inspectoría General de Tribunales y el servicio de Defensoría Pública, lo cual atenta contra la independencia del Poder Judicial, ya que estos son funcionarios que dependen orgánicamente del TSJ.
Otro aspecto a considerar es la obligación establecida ahora de rendir cuentas ante la Asamblea Nacional, lo cual es absolutamente violatorio a la autonomía, ya que los jueces no deben rendir cuenta de su actividad, que no es otra que dictar sentencias.
El Poder Judicial venezolano requiere de una política de desarrollo y modernización que la nuevas realidades le imponen. Al respecto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela plantea un Poder Judicial renovado, independiente, orientado fundamentalmente a garantizar el Estado de Derecho y abrir espacios para la participación de los ciudadanos en el proceso de administración de justicia.
La optimización de los procesos. el fortalecimiento del capital humano, la incorporación de nuevas tecnologías, la conciliación de la infraestructura y el desarrollo de una cultura organizacional, en función de prestar un servicio de calidad es absolutamente necesario, plantea la profesional del Derecho.
