Declarar como persona non grata al primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, pidió la legitima Asamblea Nacional a través de la Comisión Delegada, este martes, en Sesión Ordinaria, de forma unánime.
Asimismo, rechazó de forma categórica sus declaraciones que pretenden justificar la acción violenta de la Guardia Costera contra un bote con civiles venezolanos desarmados incluyendo el vil asesinato de un bebé de 9 meses que migraba junto a su madre.
La diputada Olivia Lozano, tachó de “peligrosa y repulsiva apología del delito” pues a su criterio, “se podrían interpretarse como parte de su política de Estado contra los desprotegidos migrantes venezolanos” y denunció que el gobierno de Trinidad y Tobago cometió una violación al derecho internacional humanitario y afirmó que con este accionar “pone en el tapete la necesidad de darle el estatus de refugiados a los venezolanos”, por lo cual reveló que el Gobierno Encargado de Juan Guaidó, por medio del cuerpo diplomático, trabajan en ese sentido.
El diputado Omar González, estima que las acciones y políticas estructuradas y sistemáticas implementadas por el Gobierno de Trinidad y Tobago contra los venezolanos, “es una declaración de guerra y demuestra el odio” oficial de esa nación contra la sociedad venezolana.
“Es un ataque a la esencia de nuestro país, debemos estar conscientes que tenemos un enemigo frente a nuestras costas. El primer ministro Keith Rowley es un enemigo del pueblo venezolano”.
Reprochó el silencio del dictador Nicolás Maduro ante abominable asesinato del niño Santoyo e igualmente expresó que produce “repugnancia la pasibilidad de las Fuerzas Armadas venezolanas ante el acto de guerra cometido por el gobierno establecido en Puerto España”.
Mientras que la diputada Deyalitza Aray, tildó de “miserable” el ataque armado a “mansalva” de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago contra la embarcación de migrantes venezolanos que causó la muerte de un niño, siendo a su juicio “una acción cuestionable” que viola el derecho internacional.
En ese sentido, exigió justicia ante autoridades internacionales por este “aberrante” caso que enluta a Venezuela y pidió al pleno de la Cámara Legislativa incrementar acciones diplomáticas a través de la Comisión Permanente de Política Interior, “para que no vuelva ocurrir este hecho y tenga el castigo”, aseguró.
El parlamentario Ramón López, alertó que el Gobierno de Trinidad y Tobago reiterativamente mantiene una actitud hostil contra el pueblo venezolano, en complacencia con la dictadura y solicitó que el parlamento venezolano exija a la ONU, OEA y UE, se pronuncien y se establezca las responsabilidades al “Estado trinitario como estado ejecutor “y de los autores intelectuales y materiales del hecho.
El diputado Williams Dávila, al cerrar el debate, enfatizó la declaración de lo denunciado por sus colegas legisladores sobre la existencia de una política de Estado sistemática contra la migración venezolana, que viola los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma, “porque es una persecución contra los venezolanos”, en consecuencia, afirmó que “es un acto genocida que se debe llevar a la Corte Penal Internacional (CPI)”.
