Veamos hoy los impuestos desde una óptica de Nación, Estado y Gobierno. Se supone que el Estado, a través del Gobierno, debe existir como árbitro del cumplimiento de las reglas jurídicas que se dé a sí misma la Nación a través de la instancia más representativa del pueblo soberano: el Congreso o Asamblea Nacional.
Se supone que esas reglas deben estar orientadas a generar la mayor felicidad posible, que la felicidad necesita de la libertad, y que la libertad se tiene cuando los ciudadanos pueden …”ordenar sus acciones y disponer de sus pertenencias…según consideren conveniente…sin necesidad de pedir licencia ni depender de la voluntad de otra persona.” Añadiendo que …”ninguno debe dañar a otro en lo que atañe a su vida, salud, libertad o posesiones.” (John Locke, S.XVII).
Desde esta perspectiva, los impuestos deben ser aplicados al bien común, no a financiar al Gobierno que dice representar a dicho Estado y Nación. Esta aclaratoria es necesaria porque en casi ninguna Nación se puede asumir que el Estado y su Gobierno la representan. Para ello sería necesario que ambas instituciones funcionen bajo una ética de servicio civil (Max Weber) y con un alto profesionalismo, de manera que se asegure la eficacia, eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos. Pero, en los países subdesarrollados estos supuestos no se cumplen porque las instituciones públicas funcionan bajo una ética clientelista, según la cual los supuestos servidores públicos son escogidos por su lealtad automática a un grupo social, partidista o militar, que controla al gobierno y lo maneja de manera excluyente, casi siempre incompetentes y mal pagados, por lo que sus fines son mantenerse en el poder (en vez del logro de la felicidad de los ciudadanos), controlar a los ciudadanos (en vez de apoyarlos y concertarlos) y compensar su sacrificio salarial con indiferencia hacia el trabajo o corrupción. Esto conforma un dúo Estado-Gobierno secuestrado por una minoría de turno que coloniza sus instituciones y opera en beneficio propio. En Venezuela, las excepciones a estos entuertos han sido minoría, pero notables; por ej., la CVG dirigida por el General Rafael Alfonzo Ravard, PDVSA, el Metro de Caracas, el BVC, etc.; hoy todas meritocracias extintas, excepto el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles Simón Bolívar, presidido por Delcy Rodríguez.
El mensaje de todo este recuento es que el Estado y el Gobierno en Venezuela no tienen legitimidad para cobrar impuestos mientras no sean reformados por una movilización de ciudadanos organizados que los obligue a reformarse.
Pero el caso es peor. Si los impuestos no están siendo dirigidos a crear la mayor felicidad y bienestar, sino que somos los particulares quienes, desde 2019, con nuestros recursos y sin apoyo del Gobierno hemos recuperando la economía, menos legítimo aún es extraer impuestos de los particulares para manejarlos de manera que debemos sospechar no será eficaz, eficiente ni transparente.
Además, recuérdese que el proceso de inversión privada que viene rescatando la economía se basó en que el gobierno de NM liberó los precios, el cambio y bajó los aranceles. Lo mismo le hubiera recomendado John Locke. Aplíquese su propia receta, no se meta. Ni siquiera queremos repetir esa mediocre economía de demanda del régimen anterior y Chávez, movida por el gasto público financiado por la renta petrolera. Si esa renta ya no alcanza, ni alcanzará, aproveche la oportunidad para implantar una economía de oferta, basada en la confianza público-privada, ahorro, inversión, producción, exportaciones diversificadas, empleo y solidaridad, no estatismo.
Cierto es que los gobiernos, más competentes, de los países desarrollados aplican políticas para estimular o subsidiar en épocas de dificultades y eso implica cobrar más impuestos. Pero estas políticas se les pueden salir de las manos. Véase a los gobiernos de EE.UU y de la UE resbalando frente a un repunte inflacionario por haber subsidiado demás hasta crear desempleados que no les interesa trabajar sino seguir chupando.
No queremos otro impuesto más que no sea que se devalúe el bolívar para que el Gobierno reciba el precio de mercado por sus divisas y evitar la competencia ventajista de las importaciones contra la producción y las exportaciones nacionales. No sacrifique los puestos de trabajo para bajar su inflación de manera insostenible. No queremos que nos cobre impuestos en divisas para luego quemarlas para sostener un valor que el bolívar no tiene. No queremos que nos cobre más aranceles por registrar empresas u operaciones mercantiles; sus pares, China y VietNam, los bajaron. No queremos que se autoengañe emitiendo liquidez para que el Gobierno pague, para luego, recortársela a los particulares mediante un alto encaje legal para evitar la devaluación. Devalúe, baje el encaje y recupere el crédito bancario para financiar la producción y el consumo. No queremos el bolívar como moneda para que los gobiernos emitan liquidez sin respaldo -inflacionaria- y sobrevaluen la moneda en contra de la producción y el empleo nacional, dolarice la economía. No queremos seguir financiando las 850 empresas fallidas del Estado, que ahora “son de todos” pero no las controla nadie. Véndalas o asóciese con mayoría privada, incluyendo los servicios públicos. Baje la deuda externa negociando rebajas mediante la reconversión de deuda en capital. No queremos que los multilaterales nos presten un centavo hasta que no se hayan privatizado para parar en seco esa hemorragia fiscal. No queremos que emita liquidez sin respaldo para subsidiar a quienes no les alcanza; déjenos crear más fuentes de empleo para que los necesitados recuperen sus ingresos, dignidad, autodeterminación, libertad y felicidad.
José Antonio Gil Yepes
@joseagilyepes
