El 3 de febrero militares dispararon a cuatro indígenas -tres de ellos menores de edad- durante la confiscación de dos curiaras. Indígenas denuncian que con frecuencia les quitan curiaras, motores y trenes de pesca. Para recuperar lo confiscado deben pagar vacunas.
Cuando Cruz María Nay escuchó los disparos de la Armada Bolivariana su primera reacción fue tirarse en el suelo de la curiara en la que iban más de cinco tripulantes. Vio cómo otros compañeros se lanzaban de la embarcación para huir de las balas.
No había terminado de agacharse cuando sintió que una bala le rozó la frente. Se asustó tanto ante la idea de que le hubiese atravesado la cabeza que no sintió cuando otra bala le rozó y abrió la palma de su mano izquierda.
La muchacha de 16 años se desmayó y cuando abrió los ojos ya estaba en la orilla del río Orinoco con los compañeros indígenas que fueron a rescatarla a ella, y a los demás heridos.
Nay fue una de las cuatro víctimas del ataque de los militares la mañana del jueves 3 de febrero. Cuando los indígenas vieron que la Armada llevaba consigo las curiaras -que aseguran son de su propiedad- navegaron en otra embarcación para cortar las cabuyas con las que la Armada arrastraba los botes.
Lo lograron. Las embarcaciones se soltaron, aunque una se hundió, pero no salieron ilesos: Las balas alcanzaron a tres adolescentes de 12, 13 y 16 años, y un adulto de 24 años. Los funcionarios también dispararon al motor de la curiara que acudió a rescatar a los baleados.
“Queríamos recuperar nuestras curiaras porque se las estaban llevando. Nosotros cortamos las cabuyas y ellos comenzaron a disparar, primero al motor de la curiara, que quedó inservible”, narró la muchacha, quien todavía llora cuando relata lo sucedido.
Los indígenas informaron que dos menores de edad, una niña y un niño, están desaparecidos desde entonces. Correo del Caroní intentó contactar a sus padres para confirmar el hecho, pero no estaban presentes en la comunidad.
“Están disparando a matar”
“Es que en lo que yo vi que el guardia le sacó el seguro al arma, yo dije: ‘Nada, nos mataron aquí, están disparando a matar”, expresó Juan Carlos Valenzuela, joven de 24 años que recibió un disparo en el pie derecho.
Tres horas después llegó la ambulancia y los heridos fueron trasladados al Hospital Uyapar. El personal sanitario recibió a los baleados con las manos vacías: No había guantes, suturas, gasas, agujas, ni anestesia. La asistencia de organizaciones no gubernamentales fue clave para la atención de las víctimas del ataque.
“Yo lo dejé así porque no tenemos dinero”, dijo Nay. Relató que le hicieron la cura en la mano, pero no le agarraron puntos en la herida por falta de insumos. Espera que el vendaje y las curas sean suficientes para que la herida no se infecte y cicatrice.
La parroquia Nuestra Señora de Coromoto liderada por el padre José Gregorio Salazar logró canalizar donativos para los lesionados y se encargó de los traslados para hacer las tomografías. La Fundación Amigos de Cambalache también apoyó con insumos. Los afectados no se sienten respaldados por la concejalía indígena.
Greniel Acosta, niño de 12 años, recibió un balazo en el costado derecho. Lo operaron el lunes, y este martes en la tarde le dieron de alta, confirmó el párroco. A Darilina Jiménez, de 13 años, le dispararon en la pierna izquierda, y otra bala -o la misma- le rozó la pierna derecha. Tumbada en la hamaca comenta que el tiro no iba dirigido a ella, sino al motor de la curiara.
Una respuesta a la violencia
Es la primera vez que militares disparan contra las embarcaciones indígenas, pero no es la primera vez que confiscan sus pertenencias. Sucede con frecuencia y la única forma de recuperar lo decomisado es pagar multas de hasta 500 dólares, coinciden.
“El régimen nos intercepta, nos quita los motores, nuestras curiaras para pescar y para ir al conuco… Todo. Por eso es que ya estamos molestos, ¿nos tenemos que quedar de brazos cruzados?”, cuestiona Kervin Jesús Ruiz, de 25 años. Él también iba en la embarcación el día que los militares comenzaron a disparar.
La versión oficial indica que los funcionarios se defendieron de disparos que venían de la embarcación indígena e, incluso, reportaron que el navío de la Armada tenía disparos. Pero Ruiz aclara que eso es imposible: Ningún tripulante de la embarcación indígena estaba armado.
La única explicación que viene a su mente es que los funcionarios fingieron un enfrentamiento y dispararon contra su propia embarcación para justificar lo sucedido.
“De uno no hubo acción hacia el régimen, lo único que hicimos fue intentar picar el mecate para rescatar nuestras curiaras, y comenzaron a disparar, ¿eso es justo? No es justo”, expresó.
Con indignación el pescador señala que las autoridades arremeten contra personas equivocadas: “¿Por qué no agarran de la misma manera a los piratas de río y los malandros que nos roban los conucos y los trenes de pesca? ¿Por qué sí se meten con nosotros?”, cuestionó.
Por el temor colectivo que generó lo sucedido, los indígenas navegan el río Orinoco para lo estrictamente necesario. La mayoría tiene sus conucos al otro lado de la isla, pero cruzan a canalete para evitar que, durante labores de patrullaje, los militares les quiten los pocos motores de lancha que quedan en la comunidad.
Los waraos desplazados del Delta del Orinoco tienen como principales fuentes de ingreso la pesca, el conuco, la recolección de chatarra y el contrabando de combustible. En estas últimas dos faenas participan con la intervención de los criollos, bajo condiciones de explotación laboral y expuestos a la violencia militar.
“Trabajamos para evolucionar, para procurar tener lo propio, ¿y nos lo quitan así de fácil? No puede ser, ya no lo podemos permitir”, concluyó Ruiz. El muchacho señala que desde que ocurrió el ataque el único comprador de chatarra del que dependen en la comunidad ya no quiere invertir por la inseguridad.
Yolis Acosta, representante indígena de la comunidad, concuerda en que el accionar militar fue desproporcionado, pero también recriminó que los indígenas intentaran recuperar las curiaras.
“Esto no hubiera acontecido si no hubieran actuado de ese modo (los waraos) porque la embarcación no se la quitaron a ellos. Pero sí, todos tenemos derechos, criollos y waraos, a tener una vida libre de ser golpeados, maltratados, a respetarnos”, sostiene.
La mujer señala otra arista del conflicto: La comunidad entera paga por un grupo pequeño de indígenas que, en ocasiones, han atentado contra funcionarios militares como respuesta a los atropellos.
“Porque es que eso es todo el tiempo, la Armada ha acusado falsamente a los indígenas de tomar chatarra de Ferrominera, han quitado y roto curiaras, incluso por allá por Cañaveral, ¿dónde está la justicia?, ¿dónde está la concejala indígena?”, cuestionó.
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