La grave crisis humanitaria severa que enfrentan los profesores universitarios, producto de las condiciones infrahumanas que ha llevado el régimen al sector de enseñanza de educación superior del país y a todos los venezolanos, que ha desencadenado en muerte, como el caso de la profesora universitaria Isbelia Hernández, quien falleció por una severa desnutrición, fue condenada este martes la Asamblea Nacional legítima a través de la Comisión Delegada.
En la sesión ordinaria de la máxima instancia parlamentaria, celebrada este martes vía online, se debatió sobre la precaria situación salarial de los profesores universitarios, que ha desencadenado en una grave situación que ha traído como consecuencia muerte, desolación y diáspora.
La diputada por el estado Mérida, Mildred Carrero, al iniciar el debate se refirió específicamente a la situación de los profesores universitarios del estado que representa, que calificó de escalofriante producto de los sueldos y salarios “miserables y de muerte” que reciben los docentes del régimen de Maduro.
“Levantamos nuestra voz a todas las instancias internacionales inclusive la Corte Penal Internacional (CPI), sobre esta tragedia de aniquilamiento de parte del régimen contra el sector universitario. Debemos hacer todo el esfuerzo posible para recuperar un nivel de vida digno para nuestros docentes, empleados, obreros y estudiantes universitarios, uno de los valores más importantes de un país”.
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Envió un mensaje a todos los ciudadanos: sector político y sociedad civil, que con el esfuerzo de todos es que se le podrá poner fin a esta dictadura, que llamó “sangrienta y esclavizadora” de personas y conciencias.
Destrucción de la sociedad del conocimiento
La diputada por el estado Amazonas, Rosa Petit, indicó que la muerte de la profesora universitaria Isbelia Hernández, por desnutrición, el pasado 23 de enero en la ciudad de Mérida, es ejemplo de las condiciones críticas de desnutrición, en que viven los formadores del futuro de Venezuela.
“Desnutrición muerte, salario, ese es el pan nuestro de cada día en la Venezuela de hoy que vive fuera de la cápsula de la capital y de Venezolana de Televisión donde no pasa nada y todo está bien. La Venezuela del Zulia, Amazonas, Apure, Táchira, Falcón, Lara, es la Venezuela que sufre, llora y que tiene la esperanza que esta situación puede cambiar”.
La posición de APUCV
En ese sentido, la diputada Petit solicitó a la presidencia per miso para pasar un video del presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) Víctor Márquez, quien habló sobre la continua violación de la Constitución y demás leyes en materia salarial en contra de profesores trabajadores y estudiantes de las universidades.
Márquez explicó que, para entender la situación de crisis de la universidad, profesores y trabajadores, hay que ubicarla dentro de una estrategia que se inició luego de la derrota de la toma de la sala de sesiones del Consejo Universitario de la UCV, a partir de ese momento por la vía de la fuerza, es tomada progresivamente la institucionalidad universitaria.
Agregó que la toma de la UCV se soportó en el cerco presupuestario, el desconocimiento de las normas de homologación y del uso de la violencia como arma política, posteriormente se le añadió la judicialización de la vida universitaria.
“Hoy esta estrategia condujo a la destrucción de la planta física, la desaparición de la discusión de la contratación colectiva con las organizaciones representativas de los trabajadores y la imposición de la convención colectiva única del sector universitario, con la complicidad de la federación de maletín progubernamental”.
Añadió que se impuso una tabla salarial que considera violenta la Constitución e implementa la modificación del salario, disminuyendo las prestaciones sociales, donde además desaparece como patrono las autoridades universitarias y la transformación de empleados públicos a todos los que laboran en las universidades.
Así mismo, destacó que desaparece, en la práctica, la autonomía administrativa a través del control de las nóminas, utilizando el sistema Patria y el pago de prestaciones a través de la oficina de planificación del sector universitario, así como la ausencia de recursos destinados a cumplir con las actas convenio, que conducen a la desaparición del derecho a la seguridad social y por ende a la salud.
”Hoy quienes laboramos en el ámbito universitario tenemos un ingreso que está por debajo de la canasta alimentaria, afectando la calidad de vida y la salud. Esta política ha generado una fuga masiva del recurso humano, afectando los procesos de docencia, investigación y extensión. Esta destrucción de la sociedad del conocimiento pone en serio peligro el futuro del país”.
Sector universitario en precariedad absoluta
El diputado por el estado Aragua Luis Barragan, al intervenir sostuvo que los docentes universitarios y trabajadores están sometidos a la precariedad absoluta, en todos los componentes socioeconómicos como la desatención de la salud, acceso a la alimentación, vivienda recreación, servicios tecnológicos, todo esto ha llevado a la paralización de la educación universitaria en Venezuela, a la diáspora de profesores, trabajadores y estudiantes, en busca de mejores condiciones de vida.
Considera que acabar con los salarios y la protección social es una forma de terminar con la conciencia nacional que representan las universidades. “Intervenirlas y allanarlas propician el cáncer que seguirá avanzando si no actuamos a tiempo. No podemos perder las instituciones universitarias, la industria el conocimiento”.
Reconstruir a Venezuela con universidades dignas
Por su parte, la diputada por el Distrito Federal, Tamara Adrián, sostuvo que no se puede crear una Venezuela digna sin profesionales de altísimo nivel y la situación de los profesores universitarios hoy limita la capacidad de enseñanza, aunado a la ausencia de bibliotecas actualizadas y de medios electrónicos que permita la formación de los estudiantes.
“Para el desarrollo de un país es indispensable que existan universidades con altísimo nivel educativo, y para ello se necesitan profesores que tengan las capacidades y estén bien remunerados… Vamos a reconstruir a Venezuela con universidades dignas, en la que los profesores ganen más de 7 mil dólares mensuales, como fue en los años 70 y 80”.
Docentes enfrentan una severa crisis humanitaria
El diputado José Antonio Mendoza, en la continuación del debate, se solidarizó con el gremio docente y lamentó la muerte de la profesora universitaria Isbelia Hernández, por un cuadro de desnutrición severa producto de la grave crisis que se vive en Venezuela.
“Esta es la realidad de los venezolanos y de todos los docentes universitarios, quienes devengan un salario de 11 dólares, que no les alcanza para cubrir la canasta básica que supera los 300 dólares mensuales. Esta es una realidad que no admite maquillaje, ni una supuesta mejora económica. La verdad es que nuestros docentes universitarios hoy están padeciendo una severa crisis humanitaria”.
Mendoza invitó a los docentes universitarios a alzar su voz para no acostumbrarse a esta dura realidad. “Juntos tenemos que dar la pelea, seguir denunciando y luchando hasta que logremos la libertad de Venezuela, para construir el país que queremos y soñamos”.
Presupuesto universitario es un atentado contra el futuro del país
La diputada por el estado Vargas, Milagros Sánchez Eulate, al cerrar el debate, manifestó que el Ministerio de Educación hace caso omiso a la precaria situación de los profesores universitarios e incumple con los compromisos y obligaciones establecidas en la Constitución Nacional, a tal punto, que muchos han muerto por falta de alimentos y atención médica.
Agregó que el presupuesto universitario, de apenas un 3 por ciento, es un atentado contra la universidad, porque pone en riesgo su operatividad, afectando severamente la formación del futuro del país, mientras el mundo avanza en tecnología e investigación.
Ante este panorama la diputada Sánchez Eulate, exigió al Ministerio de Educación Superior, un salario acorde a la inflación en Venezuela, que se revisen las prestaciones sociales que permitan al docente y trabajadores universitarios vivir decentemente.
