La reforma a la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones se hizo sin consulta alguna y, por tanto, no se tomaron en consideración los efectos negativos que puede ocasionar a la economía nacional, dijo el economista y profesional del Derecho Edgar Urbáez, quien es docente universitario y fue parlamentario en el desaparecido Congreso Nacional de Venezuela.
Esta reforma, expuso, ha ocasionado una gran confusión porque ahora abarca todas las transacciones y no solamente a las grandes transacciones financieras. Dentro de la misma figuran los que han sido calificados como Sujetos Pasivos Especiales e igualmente al sector comercial.
Aún más, se faculta al Ejecutivo Nacional para fijar las alícuotas, materia esta que es de estricta competencia tributaria.
El doctor Urbáez, manifiesta que con la reforma se violentan artículos de la Constitución, particularmente el 316, de acuerdo al cual el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas, según las capacidades económicas de los contribuyentes. Al dejarle al Poder Ejecutivo la potestad de fijar alícuotas, hasta del 20 por ciento del impuesto, se le está permitiendo toda la discrecionalidad para que tome decisiones arbitrarias.
Como la ley no hace distinción entre personas naturales y jurídicas, además que no precisa su ámbito de aplicación, no es de extrañar que se produzcan evasiones y otras irregularidades.
Y observa que la carga impositiva a las transacciones recaerá, finalmente, sobre los consumidores, se elevará aún más el costo de la vida y, por supuesto, no contribuirá en nada en bajar la inflación, sobre la cual se tejían grandes expectativas después que a finales del año pasado se había logrado bajar un poco al mejorar algunas actividades económicas en el país.
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