Líderes en protesta por la falta de acción del organismo ante la oleada de invasiones la cual azota a Caracas, contabilizando más de 100 intentos de tomas ilegales entre 2021 y 2022, líderes vecinales y propietarios de diversas zonas de Caracas, tomaron este viernes, las puertas de la Defensoría del Pueblo.
Durante la protesta denunciaron que el estado de complicidad de esta institución llega al nivel de proteger a los propios invasores. Los manifestantes le pidieron al defensor Alfredo Ruiz investigar al Ministerio Público quien no ha imputado a nadie por los centenares de edificaciones robadas en la capital.
Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, acusó a la Defensoría del Pueblo de ser cómplice por acción y omisión de la ola de invasiones en la ciudad, destacando la nula protección que ofrece el Poder Ciudadano a los propietarios de inmuebles invadidos pero al contrario los tomistas son amparados por dicho organismo.
Recordemos que la propiedad privada es un derecho humano y la defensoría debe velar para que sea respetado, recordando como en la ejecución de las ocupaciones ilegales participan desde colectivos armados identificados con el PSUV hasta incluso por ejemplo los diputados de la Asamblea Nacional chavista Rigel Sergent y Carmen Zerpa”, dijo.
Rojas le exigió al Defensor Alfredo Ruiz dejar la complicidad e iniciar una investigación contra el Ministerio Público, donde hasta el momento no han imputado a ninguna persona por los centenares de edificios tomados a la fuerza.
“Existe una total impunidad recordando que este delito tiene penas de hasta 10 años de cárcel, pero la negligencia de la fiscalía le ha dado libertad a estos delincuentes para invadir propiedades sin pudor alguno. Si queda algo de equilibrio de poderes el defensor debe conformar una comisión la cual interceda ante el mismísimo Tarek William Saab y haga cumplir la constitución”, indicó .
Lea también: SIP denuncia agravamiento de violaciones a libertad de expresión
El líder vecinal recalcó que la propiedad privada es un derecho humano pero en Venezuela su violación es pan de cada día, recordando como los caraqueños se sienten aterrizados de perder sus casas o comercios ante unos colectivos armados recibiendo todo el apoyo del aparato estatal, todo a cambio de apoyo político a la revolución.
“El nivel de descaro es tal que buena parte de las invasiones rodean varios ministerios e instituciones gubernamentales, formando una especie de cinturón de seguridad para defender la dictadura de Maduro”, afirmó.
Propietarios desesperados
Orlando Zamora, propietario de un local en el emblemático edificio Karam, ubicado entre las Esquinas de Pelota e Ibarra, de 50 años de antigüedad, que “debería ser declarado monumento nacional, y por el contrario está abandonado y lleno de invasores que pretenden apropiarse de oficinas de personas que están fuera del país o han fallecido, para hacer cualquier tipo de negociación fraudulenta” comentó el comerciante.
“En enero y en diciembre sufrimos varios intentos de invasiones donde forzaron varias cerraduras. Desde hace año y medio el Ince tiene varias personas viviendo en unas oficinas que no tienen baño, en el piso 4, las cuales no han sido atendidas por dicha institución, y ahora hay un nuevo grupo que ha tratado de tomar otros pisos debido a la falta de presencia de las autoridades”, precisó.
Por su parte, Carmen Betancourt, quien perdió su local en el edificio Bapgel narró cómo los mismos colectivos que la invadieron en 2019 declararon que estaban apoyados por la entonces alcaldesa de Libertador, Erika Farías.
“Por más que nosotros hablamos, denunciamos y dialogamos nos sacaron. Yo trabajaba allí dando clases de costura, esto me ha afectado muchísimo porque yo soy una persona viuda, y no tengo ningún recurso y lo que recibo de la pensión es 1 dólar y tanto, eso no alcanza para nada”, manifestó.
Lea también: Asociación de Profesores de la UCV llama a jornada de protesta nacional en favor de los docentes universitarios
Rupercia López, quien con mucho esfuerzo construyó su propia casa en Antímano, sector Punta Brava, alquiló un espacio a una inquilina y desde hace 3 años ésta se niega a pagarle el arriendo.
“No paga, me insulta y en una oportunidad trajo a tres sujetos para agredirme. Yo construí mi casa con mi sudor, con mi esfuerzo; a mi Maduro no me dio ni un bloque, yo dejé de comer bien: la arepa sola, el arroz solo para tener lo mío, ¿para que venga otra persona a apoderarse de eso?”, culminó.
