Organizaciones defensoras de los derechos de personas que buscan refugio y asilo pidieron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden cesar las expulsiones de venezolanos hacia Colombia y cualquier otro país bajo el Título 42, una orden de salud para evitar la propagación de COVID-19 implementada desde el gobierno de Donald Trump que les impide que soliciten asilo y se queden en Estados Unidos.
“Estas expulsiones bajo el Título 42 violan la ley y arriesgan a que se envíen personas de vuelta a condiciones peligrosas, algunas veces las mismas que causaron que fueran en busca de un lugar seguro en primer lugar», indicaron en la carta organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Oxfam, RAICES y Human Rights First.
“Colombia no es segura para todos los migrantes venezolanos”, añadieron.
La carta divulgada el jueves y fechada un día antes también está dirigida a la vicepresidenta Kamala Harris, el secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, entre otros.
Las organizaciones insistieron en que tanto los venezolanos como personas de cualquier nacionalidad que huyen de su país por persecuciones y bajo amenaza tienen el derecho bajo la ley estadounidense de que su caso de solicitud de asilo se estudie de manera individual.
Las dos primeras deportaciones a Colombia de migrantes venezolanos indocumentados que fueron descubiertos cruzando la frontera sur de Estados Unidos ocurrieron el 27 de enero en un vuelo comercial y cuatro días después fueron confirmadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
La Casa Blanca, a través de su portavoz Jen Psaki, detalló el martes que se espera que los vuelos a Colombia se realicen “de manera regular”, sin precisar cuánto tiempo durará esta medida ni cuántos venezolanos serán expulsados de esta manera.
Tanto Estados Unidos como Colombia coinciden en que los venezolanos deportados a contaban previamente con un estatus regular en ese país. La autoridad migratoria de Colombia informó que los dos deportados pidieron regresar a su país y les fue concedido un permiso de 15 días para hacerlo.
“Su administración está violando flagrantemente la ley al expulsar estas personas a otros países de la región, como Colombia, y nos preocupan profundamente los acuerdos informales y opacos con terceros países que facilitan estas expulsiones”, advirtieron las organizaciones en la carta.
Ni Colombia ni Estados Unidos han dado detalles del acuerdo que permite deportar a venezolanos, incluso la vicepresidenta colombiana, Martha Lucía Ramírez, ha negado públicamente que exista un documento firmado.
Casi 25.000 venezolanos fueron detenidos tras cruzar la frontera sur de Estados Unidos en diciembre de 2021, un crecimiento sustancial en comparación al mismo mes del año anterior en el que se reportaron 206 personas, de acuerdo con los datos públicos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
