Un informe de Espacio Público revela que el acceso indebido a datos personales en Venezuela cuenta con recursos públicos y la incursión directa de entidades en las prácticas de robo de información, lo que indica la voluntad manifiesta del Estado en actividades ilícitas.
En Venezuela no existe una ley de protección de datos personales ni políticas estructurales que comprendan el derecho de protección de datos de manera integral, resalta un informe sobre privacidad y datos personales presentado por Espacio Público, una asociación civil que promueve y defiende el derecho a la información.
Aunque la Constitución contempla el derecho a la privacidad y el derecho de las personas «de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados», la investigación indica que se encuentran desagregadas» y no forma parte de un «corpus integral que dé cuenta de las garantías asociadas a la protección de datos».
Además, subraya que la escasa legislación vigente relacionada con la protección de datos es «restrictiva», establece sanciones «punitivas» y, en muchos casos, su interpretación es «alterada» para «promover esquemas de persecución».
Patrones
Marysabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público, destacó que parte de los patrones más frecuentes sobre la vulneración del derecho a la libertad de expresión e información con impacto en la privacidad y la protección de datos personales, incluye detenciones por el uso de WhatsApp.
«Esto se agudizó específicamente durante la pandemia en el año 2020, donde por primera vez empezamos a registrar este tipo de casos, y son básicamente personas que hacen uso de esta aplicación de mensajería instantánea. Por eso lo incluimos como un caso con privacidad de datos personales, porque no se trata de un sistema de redes sociales», dijo Rodríguez.
En ese sentido, la investigadora puntualizó que en 2020 se registraron 16 casos de detenciones arbitrarias por la difusión de contenidos de interés público a través de WhatsApp.
«Por ejemplo, a través de estados o a través de grupos masivos, consultan información que podría estar vinculada a posibles actos de corrupción o críticas a la gestión pública o críticas al Gobierno y que han sido criminalizados o detenidos o judicializados», explicó.
«La acusación más común fue instigación al odio, delito contemplado en la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia, rechazada desde su aprobación por ser incompatible con los estándares en materia de libertad de expresión», apunta el informe.
Al respecto, aunque no se puede probar que existe un dispositivo de «vigilancia en telefonía», sugiere que existen «ciertas prácticas de delación» en el caso de grupos masivos donde personas denuncian a otras.
El informe destaca que la vigilancia y robo de información es otra de las prácticas en las que se evidencia «incursión directa» de entidades públicas.
Resalta la clonación, por parte de la operadora telefónica pública CANTV, de una página web que en febrero de 2019 surgió como iniciativa del Parlamento liderado por Juan Guaidó, para el registro de datos de personas interesadas en prestar servicio de voluntariado.
Revisión ilegal de equipos
Entre 2020 y 2021, Espacio Público identificó 18 confiscaciones ilegales de equipos, mayormente teléfonos inteligentes, por parte de cuerpos de seguridad del Estado.
«A periodistas durante coberturas de calle los interceptan y les piden sus equipos, sea a través de intimidación o amenaza física manifiesta», subrayó Rodríguez.
Tecnología biométrica
Michel de Souza, director de políticas públicas de Derechos Digitales, una ONG regional enfocada a los derechos humanos en intercepción con la tecnología, señaló la gravedad de la implementación de tecnología biométrica para el «control social».
«Estamos discutiendo el concepto de tecno-autoritarismo, sobre el uso de las herramientas tecnológicas para promover la recolección masiva de datos de ciudadanos, de control de las ONG, de la prensa. Son prácticas que invierten la lógica del sistema», dijo en su intervención durante la presentación del informe.
La investigación recuerda que los sistemas captahuellas se han extendido para «habilitar el ejercicio de derechos políticos, económicos y sociales» en Venezuela.
«El uso social de tecnologías biométricas en Venezuela comienza en junio de 2009, con la implementación del pasaporte biométrico. En 2011, se incorpora al sistema electoral venezolano. En los años posteriores se instauró para la seguridad alimentaria», añadió.
En 2015, cuando a consecuencia de controles de precios gubernamentales el país registró una escasez de alimentos, medicinas y otros artículos de primera necesidad sin precedentes, el gobierno implementó el sistema captahuellas para controlar la venta de esos productos.
Otro elemento cuestionado es el Carnet de la Patria, un documento con códigos QR que «almacena una gran cantidad de datos y funge como herramienta de control político y social».
«Ninguna de estas bases está sometida a escrutinio o regulaciones, lo cual da lugar a la probabilidad de un manejo discrecional y alimentar represalias fundadas en valoraciones políticas-partidistas», argumenta el texto.
En sus más recientes informes, la alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha expresado preocupación por “las restricciones al espacio cívico” y en particular por la “estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes” en Venezuela.
Sin embargo, constantemente, la administración de Maduro insiste en que sus acciones van orientadas a la protección del pueblo.
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