Una denuncia de nuevos traslados inconsultos e intempestivos, que afectaron a presos políticos en el país, en este caso, a los de la llamada Operación David o Fuerte Paramacay, formuló este lunes la organización no gubernamental, Justicia Venezolana.
En efecto, la semana pasada más de una docena de detenidos fueron cambiados del Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde a cárceles comunes, poniendo en riesgo la continuidad del juicio oral y público iniciado en la jurisdicción penal ordinaria del estado Carabobo.
La directora de la ONG Justicia Venezolana, Lilia Camejo Gutiérrez, refirió que la información que tiene la institución da cuenta de que 13 de los 17 presos políticos por este caso fueron trasladados de manera arbitraria sin haber sido notificado el juez de juicio, o haber informado a los familiares y abogados.
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Camejo precisó que de los 13 presos políticos trasladados desde la cárcel militar de Ramo Verde, tres (3) fueron llevados al Rodeo III, cuatro (4) al Rodeo II y seis (6) a Yare III. El resto de los privados de libertad están entre el Sebin y Ramo Verde.
La abogada defensora explicó que el juicio del caso Operación David o Fuerte Paramacay ya comenzó en el Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, pero la distribución de los presos políticos en al menos cinco recintos carcelarios diferentes y ninguno ubicado cerca de la circunscripción donde se cumple el proceso judicial, pudiera ocasionar la interrupción del mismo.
“Con esa distribución de los acusados en ese caso, se ve muy cuesta arriba que vaya haber una coordinación adecuada con respecto a los traslados a la sede del tribunal para la continuación del juicio”, sentenció.
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El proceso judicial de la Operación David o Fuerte Paramacay que venía cumpliéndose desde mayo de 2021 en tribunales de la justicia penal militar, fue trasladado a la jurisdicción ordinaria debido a la reforma del Código Orgánico de Justicia Militar (COJM), por lo que comenzó de nuevo.
De manera que el caso Paramacay, que inició con un retardo procesal de dos años (mayo de 2021), fue afectado por la reforma legal del COJM del 2021, lo que dilató mucho más el proceso, y ahora enfrenta la posibilidad de que el juicio sea interrumpido por la decisión de trasladar a los acusados a recintos carcelarios diferentes, y ninguno ubicado en las cercanías del tribunal de juicio que lleva el caso, denuncia Justicia Venezolana.
