Tras adoptar esta nueva resolución, que anula la prohibición de desalojo, la administración de Nicolás Maduro intenta aplicar «políticas de normalización» y retorna a las condiciones previas a la pandemia en materia inmobiliaria, luego de la reactivación parcial de la economía venezolana, acompañada del levantamiento del esquema de confinamiento 7+7
En la Gaceta Oficial Nº 42.101, con fecha del 7 de abril de 2021, se publicó el decreto presidencial 4.577 con el que se prorrogaba por seis meses la suspensión del pago de cánones de arrendamiento de viviendas y de inmuebles de uso comercial, debido a los efectos económicos generados a raíz de la pandemia por coronavirus, que afectaron por igual a arrendadores y arrendatarios. Esta medida, que fue inicialmente aplicada en marzo de 2020 y extendida hasta ese entonces, debía ser renovada en octubre de 2021, pero no ocurrió.
Así, quedó sin efecto también la prohibición de desalojo, aprobada tras la suspensión de la aplicación causal del artículo 91 de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda, en donde dan luz verde a la desocupación de viviendas por incumplimiento de hasta cuatro meses de alquiler.
Con esta decisión de no renovación, según explicó el abogado Alí Daniels, de la ONG Acceso a la Justicia, el régimen de Nicolás Maduro pretende aplicar «políticas de normalización» y eliminación de medidas que se tomaron en razón del covid.
«Se está reconociendo que existe la necesidad de volver a lo que nosotros consideramos que es normal, que por supuesto no lo es, en la medida en que no hay un respeto a la normalidad dentro del derecho de propiedad. (…) Esta resolución se enmarca dentro de estas políticas generales de no mantener más restricciones de las que ya existen bajo la necesidad de la COVID, visto que ahora la actividad económica se ha reestablecido, aunque sea de una manera parcial, obviamente eso va a exigir que se vuelva a las reglas del juego que existían previa a la pandemia».
En ese sentido, recordó también que para los arrendatarios llevar a cabo un proceso judicial de desalojo contra una persona es muy «oneroso», debido a los procedimientos contemplados en las leyes venezolanas, lo cuales, a su juicio, hacen poco factible tomar la ruta judicial para la devolución de inmuebles.
«Hay un procedimiento que es muy largo, que hace que sea muy costoso para un propietario poder sacar a una persona, porque primero tienes que pagar un abogado durante todo ese proceso y después, en el supuesto que ya se diga que se procede al desaolojo, el hecho de desalojo es también sumamente costoso porque implica una movilización a tribunales», señaló Daniels.
¿Beneficia esta medida al sector inmobiliario?
Francisco López, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, consideró que la anulación de este último decreto — dictado en el marco del Estado de Excepción de Emergencia Económica y no bajo la figura de Estado de Excepción de Alarma que sustentaba a los anuncios anteriores— se dio, en cierta medida, porque los entes gubernamentales no registraron grandes denuncias por incumplimiento de pagos de parte de inquilinos, debido a que se estableció un sistema —no perfecto, pero funcional— de acuerdo entre ambas partes que trajo un beneficio mutuo.
López dijo a TalCual que cuando «se venció el decreto, se dieron cuenta (en referencia a las autoridades) de que no era necesario uno nuevo porque la cosa ha caminado (…) Yo destacaría que más bien que era innecesario este decreto de marzo de 2020 y no pasó nada cuando no se renovó. Nadie tiene que alertar ni sacar medidas para controlarlo. Más bien el libre mercado es el mejor regulador«, refirió.
Cree que estos acuerdos benefician al sector al sustentar el argumento que han presentado en reiteradas ocasiones para que finalmente se apruebe el cobro de alquileres en dólares, que ya se está haciendo desde hace tiempo, pero de forma irregular.
«Esto evidencia que el mercado se va a poner de acuerdo. Hoy en día mucha gente ya alquila en dólares. ¿Por qué no hacerle caso a ala sociedad que simplemente quiere pactar un precio entre las partes y cumplir con la ley?», se cuestionó.
En octubre de 2020, la Cámara informó que el 95% de los propietarios y arrendatarios habían llegado a arreglos porque comprendían que la pandemia había golpeado el bolsillo de ambos y que había casos en los que los arrendadores dependían exclusivamente del pago de los alquileres. Para ellos era imposible dejar de percibir e incluso recortar las mensualidades.
Un año más tarde, se anunció una flexiblización de la cuarentena que implicó la eliminación del esquema de confinamiento 7+7 y también un alivio para la economía venezolana, que permanecía con diferentes sectores con actividades a medias debido a la aplicación de este modelo.
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