Un total de 743 ataques e incidentes de seguridad durante el año 2021, registró el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) lo que representa un aumento de 145 % en relación al mismo período en 2020, cuando fueron 303.
En efecto, 2021 estuvo marcado por el aumento de las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, donde la Política de Criminalización, Represión y Control Social recrudeció, generando graves afectaciones a las libertades fundamentales, principalmente los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derechos humanos.
Destacan que las agresiones y obstaculizaciones en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y de acción humanitaria aumentaron, siendo uno de los años más complejos y hostiles para el ejercicio de acciones en torno a la defensa, exigencia y promoción de derechos y la actividad humanitaria en el país.
Revela el CDJ que el Estado venezolano siguió aplicando la Tesis del Enemigo Interno y la Doctrina de la Seguridad Nacional mediante acciones contrarias a sus obligaciones internacionales, agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, en atención de la crisis social y de derechos humanos.
Aumenta riesgo para el Movimiento de DD. HH.
El incremento del uso del derecho penal para perseguir y la promulgación de nuevos instrumentos normativos asociados a temas de terrorismo, delincuencia organizada y legitimación de capitales, fueron empleados para justificar la Tesis del Enemigo Interno, sumado a la inexistencia de mecanismos o Políticas públicas tendientes a la promoción y protección de trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El entorno para la defensa, promoción y exigencia de los derechos humanos se tornó cada vez más hostil y restrictivo con el pasar de los días debido a las distintas circunstancias adversas que rodean y condicionan el contexto en el cual se desenvuelven quienes defienden y exigen derechos en Venezuela.
Se califica como enemigos a defensores de DD. HH.
En 2021 el entorno para la defensa de los derechos humanos y la respuesta ante la Emergencia Humanitaria Compleja, agravada por la pandemia de la COVID-19, se tornó cada vez más hostil y restrictivo para quienes defienden y exigen derechos en Venezuela. El aumento de las restricciones al espacio cívico y democrático representó una grave amenaza a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos.
La agudización de las violaciones en contra del derecho a defender derechos humanos continuó durante el año. Sistemáticamente el Estado aplicó distintas formas de violencia para limitar, obstaculizar y afectar las labores de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos basándose en la Tesis del Enemigo Interno.
Los patrones de agresión y amedrentamiento que hacen parte de la Política de Criminalización reflejan las acciones represivas y de control social que ejerce el Estado en un entorno de graves restricciones al espacio cívico y democrático.
La estigmatización como la base para avalar y facilitar la criminalización, los distintos discursos descalificatorios, llamados a la violencia, señalamientos de “enemigos”, “traidores”, “agentes desestabilizadores” entre otros , sumados al uso de la legislación penal y otros instrumentos normativos contrarios a las obligaciones del Estado de cara a la promoción y protección de la defensa de derecho humanos, se emplearon con el fin impedir, controlar y obstaculizar las acciones de documentación, denuncia, incidencia, cooperación y acción humanitaria, ejercida por las organizaciones no gubernamentales para hacer frente a crisis socio-política y de derechos humanos existente en el país y asistir y acompañar a las víctimas de los abusos y crímenes cometidos por el Estado en sus procesos de verdad, justicia y reparación.
Las medidas represivas y de control social fueron aplicadas con mayor fuerza en contra de quienes realizan actividades relacionadas a la reivindicación y protección de derechos aumentando la violencia en su contra. Esto se evidencia en el incremento de los actos de intimidación, el hostigamiento y la materialización de amenazas en inicio de investigaciones y procesos penales, detenciones arbitrarias, allanamientos, sin que existan mecanismos efectivos que garanticen el ejercicio de su labor.
El Estado sigue sin garantizar un entorno propicio y seguro para el movimiento de derechos humanos. Las organizaciones y personas defensoras se encuentran en un estado de absoluta desprotección, no sólo ante la ausencia de medidas efectivas que garanticen su protección y la de su trabajo, sino además ante la falta de investigación y sanción de los hechos ocurridos en su contra por parte de los organismos competentes tras el quiebre institucional y la cooptación de los poderes públicos.
El CDJ expresa su preocupación ante las distintas situaciones documentadas durante el año 2021, toda vez que, con la reducción del espacio cívico y democrático, y la profundización de los patrones represivos, criminalización y control al movimiento de derechos humanos ha elevado los niveles de riesgo para el ejercicio de su labor; además, se sienta un precedente ante el posible aumento de persecución durante el 2022.
Quienes realizan actividades de promoción, defensa y exigencia de derechos deben poder hacerlo de manera segura, sin obstaculizaciones o limitaciones arbitrarias, y sin temor a ser objeto de represalias, revela el informa del CDJ.
