En torno a la investigación sobre Venezuela en la Corte Penal Internacional, en septiembre del 2022 el Consejo de Derechos Humanos decidirá si renueva el mandato de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela y la intervención de la Corte Penal Internacional en este país por las denuncias de violación de derechos humanos.
En un análisis y recuento realizado por el Centro de Justicia y Paz, Cepaz, organización sin fines de lucro que trabaja en la promoción y defensa de los valores democráticos, los derechos humanos y la cultura de paz en Venezuela, el 2021 comenzó con la noticia de que la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma había elegido al abogado británico Karim Khan como el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional.
El proceso de selección había sido seguido de cerca por la sociedad venezolana, con conocimiento de que el nuevo fiscal tendría un rol importante en el avance del examen preliminar de la situación Venezuela.
En ese momento, la Oficina de la Fiscalía ya había concluido que existía fundamento razonable para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad contra opositores al gobierno en el contexto de las protestas anti gobierno y los disturbios políticos conexos en el país desde al menos abril de 2017 y se encontraba analizando si existían esfuerzos a nivel nacional para llevar a cabo investigaciones auténticas, lo cual haría la situación inadmisible ante la Corte Penal Internacional.
Durante el cierre de su visita a Venezuela, el 3 de noviembre de 2021, Khan dio a conocer que había decidido iniciar una investigación formal sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país.
En el mismo evento, el Fiscal firmó un memorándum de entendimiento con el régimen venezolano para poder asegurar la cooperación estatal en virtud del principio de complementariedad positiva. Expresó asimismo, que es consciente de las fallas que existen en Venezuela y que trabajarán bajo los principios de legalidad y estado de derecho de forma independiente. Solicitó que se le de la oportunidad a la oficina de la Fiscalía a hacer su trabajo de forma independiente y llamó a que el trabajo de la Corte no sea politizado.
Venezuela manifestó su desacuerdo con la decisión de que se inicie una investigación y afirmó que consideran que no se cumplen los requisitos del artículo 53 del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación. La decisión de pasar a la investigación representó un mensaje de esperanza a las víctimas de los hechos de represión y persecución que han ocurrido en el país al menos desde el 2017.
El 2022 comienza así con una esperanza renovada por parte de las víctimas de crímenes de lesa humanidad en el país y estará marcado por una discusión profunda por parte de la sociedad civil y la comunidad internacional sobre el futuro de la investigación y las implicaciones que esto tendrá en el panorama venezolano.
El sistema del Estatuto de Roma no tiene como objetivo el sustituir a los tribunales domésticos por la competencia de la CPI, por lo cual establece la prioridad o primacía de la jurisdicción nacional. Debido a esto, la jurisdicción de la Corte es complementaria de las jurisdicciones nacionales y sólo puede actuar cuando el Estado no puede o no está dispuesto a juzgar a los responsables de los crímenes del Estatuto de Roma.
El trabajo que realiza la oficina de la fiscalía de la CPI tiene que resguardar siempre el balance entre respetar el normal funcionamiento de los sistemas nacionales para juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes y, al mismo tiempo, cumplir con la misión de que los crímenes que conciernen a la comunidad internacional en su conjunto no queden en la impunidad.
Este principio de complementariedad no se analiza exclusivamente durante el examen preliminar, si no que es transversal a todo el proceso. Esto implica que durante el 2022, y a medida que progrese la investigación, la Fiscalía continuará evaluando si el sistema judicial venezolano tiene la capacidad de investigar y juzgar a responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos y si, en efecto, están llevando a cabo juicios auténticos.
En este sentido, el memorándum de entendimiento entre la Fiscalía de la CPI y el régimen venezolano manifiesta el apoyo a las reformas judiciales necesarias para que se lleven a cabo juicios válidos en virtud del principio de complementariedad.
Las organizaciones de la sociedad civil han alertado que las decisiones tomadas en algunos casos emblemáticos para avanzar en los procesos penales a nivel nacional no satisfacen los estándares internacionales para la investigación y enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad.
Ya que no se imputaban delitos de gravedad suficiente y no se investigaba a las cadenas de mando, y que se requieren cambios estructurales en el Poder Judicial para que se cumplan los estándares mínimos necesarios para poder llevar a cabo este tipo de procesos. Esto ha sido confirmado también por la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela en su último informe de septiembre de 2021.
En septiembre del 2022, el Consejo de Derechos Humanos decidirá si renueva el mandato de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela. La Misión fue creada el 27 de septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por un período de un año, para evaluar violaciones de los derechos humanos cometidas en el país desde 2014.
