Estados Unidos sancionó este lunes 10 de enero a otros seis funcionarios del régimen de Nicaragua, el mismo día en que el mandatario Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo tomarán posesión para un nuevo mandato de cinco años tras haber sido elegidos en los cuestionados comicios de noviembre.
Las sanciones fueron dispuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro contra la ministra de Defensa, funcionarios del Ejército nicaragüense, del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) y de la estatal Empresa Nicaragüense de Minería (ENIMINAS).
“El Tesoro está tomando esta medida junto con la Unión Europea, que también adoptó hoy sanciones relacionadas con los continuos abusos del régimen de Ortega-Murillo” que “continúa subyugando la democracia mediante elecciones falsas, silenciando a la oposición pacífica y reteniendo a cientos de personas como presos políticos”, dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, citado en un comunicado oficial.
“Estados Unidos y nuestros socios están enviando un mensaje claro al presidente Ortega, a la vicepresidente Murillo y a su círculo íntimo de que seguimos apoyando al pueblo nicaragüense en sus llamados a la liberación inmediata de estos presos políticos y el regreso a la democracia”, agregó.
Los afectados son la ministra de Defensa, Rosa Adelina Barahona, y los generales del ejército Bayardo Pulido Ortiz y Bayardo Rodríguez Ruiz. Los tres son directivos del instituto de pensiones militares.
También fueron sancionados el exgeneral del ejército Ramón Calderón Vindell, presidente de la junta directiva de la minera estatal ENIMINAS, además de Celina Delgado y Nahima Díaz Flores, directivas del TELCOR. Díaz es además la hija del jefe nacional de la policía, comisionado Francisco Díaz, sancionado previamente.
Según el gobierno de Estados Unidos, estas medidas se tomaron después de que Ortega celebrara “elecciones nacionales fraudulentas orquestadas por su régimen en noviembre, consolidando aún más su control del poder en detrimento del pueblo nicaragüense”.
Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, destacó en una declaración que Ortega “se estrenará hoy para un nuevo mandato presidencial, pero las elecciones predeterminadas que organizó el 7 de noviembre no le proporcionan un nuevo mandato democrático; sólo unas elecciones libres y justas pueden hacerlo”.
Blinken anunció que adicionalmente a estas sanciones Washington tomará medidas para imponer restricciones de visado a 116 individuos «cómplices de socavar la democracia en Nicaragua, incluyendo alcaldes, fiscales, administradores universitarios, así como funcionarios de policía, de prisiones y militares”.
Durante la campaña electoral, entre mayo y noviembre de 2021, el gobierno envió a la cárcel a más de 40 dirigentes opositores, activistas y profesionales, entre ellos siete aspirantes a la presidencia que pretendían disputarle el poder a Ortega en las urnas. Todos ellos continúan encarcelados junto a otros 120 “presos políticos”, de acuerdo con estadísticas de la oposición que no han sido confirmadas por el gobierno.
