Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y civiles, entre las que se encuentran Acceso a la Justicia, Control Ciudadano, Dale Letra, Provea y Sinergia Red Venezolana de OSC firmaron un pronunciamiento realizado por el Foro Cívico Venezuela sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) realizada el pasado 30 de diciembre de 2021 por el Asamblea Nacional chavista.
El documento señala que el proyecto de reforma está basado en tres puntos:
- Reducir el número de magistrados de 32 a 20, a razón de tres por Sala, salvo la Sala Constitucional que contaría con cinco magistrados. Para ello se suprimirían dos magistrados por cada Sala;
- Determinar que la selección de los magistrados por parte de la Asamblea Nacional debe aprobarse obligatoriamente por una mayoría de dos tercios de los diputados y no por mayoría simple; y
- Aumentar el número de personas que integrarían el Comité de Postulaciones Judiciales (el órgano encargado por la AN para seleccionar a los candidatos a magistrados), así como dictar algunas pautas sobre su funcionamiento. Si bien estos cambios revierten parcialmente la reforma legislativa que en 2010 permitió que el Ejecutivo continuase con el control total del Poder Judicial, iniciado en 1999, por lo que deberían contribuir a fortalecer su independencia y autonomía.
Precisan las organizaciones en el documento que “no es posible garantizar la independencia del Poder Judicial si la designación de magistrados termina siendo dirigida por los diputados afines a la coalición dominante, en el seno de una Asamblea Nacional cuya legitimidad se encuentra cuestionada. Si no se establecen y respetan los procedimientos para la participación plural de otros actores, expertos y organizaciones de la sociedad, poca relevancia práctica tendrá que se designen 20 y no 32 magistrados, o que se aprueben por mayoría simple o calificada. El mecanismo institucional que pudiera garantizar una mayor independencia sería el Comité de Postulaciones tal y como se encuentra establecido en nuestra Constitución”, reseñó el medio digital Monotreamos.
Proceso viciado
A propósito de este tema, el coordinador de la Red de Derechos Humanos del estado Lara, Nelson Freitez, aseguró a Elimpulso.com, que tal reforma no cumple con un procedimiento fundamental que es la integración del comité de postulaciones y no corresponde a lo que establece la Constitución.
“Está integrado por diputados a la AN quienes a su vez seleccionan a quienes pueden ser postulados y esto constituye un defecto de origen que vicia el procedimiento para la selección de los nuevos magistrados que deben integrar el TSJ. Es una reforma que no llena el requisito para asegurar una integración objetiva y parcial. Es una apariencia de reforma para aparentar y dar una evidencia de que están actuando con rigor e imparcialidad”, explicó el activista.
Garantías a la impunidad
A juicio del sociólogo, esta acción evidencia que los jueces en Venezuela no son seleccionados por concurso, “son jueces provisorios y son designados por el Poder Ejecutivo y el partido de Gobierno, lo cual hace que la justicia sea totalmente parcializada y da garantía a la impunidad”.
“El llamado es al Ejecutivo Nacional y al Estado venezolano a que sea coherente con las obligaciones que contrajo con la Corte Penal Internacional y a garantizar una selección de integrantes del TSJ, con apego a lo que establece la Constitución, un comité de postulaciones integrado por representantes de las academias, universidades, calificados, con trayectoria y sin vinculación partidista”, precisó.
Asimismo, el profesor universitario se refirió a los casos de impunidad en Lara, donde la Alianza de Familiares de Víctimas, que agrupa a los parientes de jóvenes que fueron asesinados en el contexto de las protestas de 2017, no cuentan con información de los expedientes de dichos sucesos desde hace más de 4 años.
“Son casos que tienen más de 4 años de retraso procesal, y por el contrario se ha actuado con negligencia, inacción y complicidad. Se les ha rendido homenaje a los altos oficiales que ordenaron la represión con armas de fuego e hicieron uso desproporcionado de la fuerza”, denunció el activista.
Concluyó el docente, diciendo que si el régimen quiere que la CPI tenga evidencia de que en Venezuela se imparte Justicia, deben empezar por suprimir los hechos que premian la impunidad.
