Para el conocido profesional del Derecho, especialista en materia penal, José Gregorio Zaá, la mal llamada “revolución judicial” ordenada por Nicolás Maduro “es peor de lo cabo, Cilia Flores y Diosdado Cabello, no son los más capacitados para llevarla a cabo.”
Ninguno de los dos son expertos en materia judicial, ni tampoco de reformas, por cuanto Cilia, aunque es abogada, está desentidida y desactualizada del hecho jurídico; y Cabello, no tiene idea donde está parado, expresó. Una es la pareja presidencial y el otro, el que opera políticamente el régimen a través del Partido Socialista Unido de Venezuela.
¿Qué ha pasado desde el momento en que fueron nombrados?, preguntó el doctor Zaá y dio la respuesta: Nada. Tenemos un Poder Judicial en condiciones desastrosas. Nunca antes estaba tan despretigiado como ahora. Su máxima instancia, el Tribunal Supremo de Justicia, está politizado de arriba a abajo.
A esta comisión encabezada por Flores y Cabello se le ocurrió presentar un proyecto de reforma a la írrita Asamblea Nacional para disminuir el número de integrantes del TSJ, que es como un paquidermo: lento, perezoso e ineficiente. Reduciendo el número de magistrados nada se resolverá porque está politizado a favor del régimen. No hay que revisar curriculum vitae de ninguno de ellos porque todos están identificados con el partido oficialista.
Si se revisaran los circuitos judiciales en los 23 estados, da pena ajena, ya que quienes se ufanan de ser jueces rectores en cada entidad federal carecen de la más mínima capacidad jurídica y formación académica.
Y si se pretende hacer una reforma judicial se debe comenzar por salir del fiscal general, Tareck William Saab, quien no reunió los requisitos para ocupar ese cargo. De haber existido concurso de oposición no habría sido aceptado porque no tiene formación académica. Su figura es utilizada como ficha política y es adlátere de Miraflores, para que a través de la vindicta pública persiga, amenace, acoquine, a quien se atreva a disentir de las directrices del Ejecutivo Nacional.
Y nada que hablar de la Defensa de los ciudadanos.
Como desaparecieron los concursos de oposición y de credenciales, están haciendo unos cursillos de dos y tres meses para tratar de nivelar jueces y fiscales.
La infraestructura de los tribunales en los estados y municipios está en una situación deprimente.
En fin de cuentas, la mal llamada revolución judicial es semejante a la revolución chavista de los últimos veintidós años: el mayor desastre que se le ha infligido a Venezuela.
Tanto el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como el de la Corte Penal Internacional y el de la Comisión de Justicia interamericana de América Latina han coindicido en señalar que el Poder Judicial venezolano carece de autonomía e independencia. El 85 por ciento de los jueces son provisorios porque no hay concursos, ya que éstos fueron eliminados a partir del 2001.
Ninguno de los jueces que están en los tribunales podría estar ocupando esas posiciones si hubiera concursos de oposición, ya que se deben cumplir tres fases: credenciles de los aspirantes, exámen teórico práctico y, además, presentación de casos prácticos ante un jurado que se hacía de manera pública.
Y hay que decir que esa llamada reforma, que pretende hacer el régimen, es producto de la actuación de la Corte Penal Internacional, que lo ha llevado a adecuar instituciones que han estado abandonadas desde hace veinte años.
En este sentido, están descongestionando penales, los puestos de comisarías policiales y, en fin, echando a la calle a una gran cantidad de presos que se encontraban hacinados como consecuencia del retardo procesal y de la matraca que tienen que pagar los aprehendidos, que se hallan tras las rejas.
La innovación legislativa más importante registrada en Venezuela, en los últimos tiempos, fue la entrada en vigencia del Código Orgánico de Procesal Penal, pero éste se hizo letra muerta porque las instituciones se plegaron a los designios del Ejecutivo Nacional y no a la verdad verdadera y a la verdad procesal. Los fiscales y tribunales se convirtieron en fichas políticas, lo que ha traído como consecuencia la extinción de la justicia en Venezuela.
