La Suprema Corte de Justicia de México ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) continuar con la consulta popular sobre la revocatoria de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador que había sido pospuesta temporalmente la semana pasada por falta de recursos.
Así lo decidió la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), integrada por las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat, al admitir la noche del miércoles una controversia constitucional que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, contra el acuerdo del INE del 17 de diciembre que había aplazado el proceso electoral desatando nuevas fricciones entre el gobierno y las autoridades electorales.
Las autoridades electorales habían alegado que para realizar el referendo revocatorio de mandato se requiere un monto equivalente a unos 191,5 millones de dólares y que no disponían de recursos suficientes para ejecutarlo.
En la resolución la comisión del SCJN indicó que el presupuesto del INE de 1.503 millones de pesos (unos 75,15 millones de dólares) constituye un “indicador de viabilidad financiera” para llevar adelante la consulta impulsada por López Obrador.
Asimismo, las ministras plantearon que la suspensión del referendo “pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato”.
La medida fue aplaudida por López Obrador, quien afirmó el jueves durante su conferencia matutina que “fue una muy buena decisión porque es la democracia, porque no se debe obstaculizar la democracia, y segundo, no se debe violar la constitución”.
El mandatario aprovechó para criticar nuevamente a los miembros del INE y dijo que obstaculizar el referendo es “actuar de manera antidemocrática” y recordó que “tienen que cambiar esos consejeros”.
Desde hace varios meses López Obrador ha promovido la consulta, prevista para el 10 de abril, para revalidar su gestión luego de tres años de mandato. En el referendo se espera preguntar a los mexicanos si quieren que el gobernante continúe en su sexenio hasta 2024 o renuncie.
