La Red de Derechos Humanos del estado Lara emitió una Declaración Pública en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Los representantes de las distintas organizaciones que promueven los derechos humanos, exigen a la Fiscalía Superior del estado Lara y los responsables del Circuito Judicial del estado Lara, que se aboquen en términos perentorios a la reactivación de los casos de las personas ejecutadas en el año 2017 en el contexto de las protestas.
En el comunicado, exendieron el llamado a todas las organizaciones sociales, a las iglesias, gremios, sindicatos, universidades y a todas las personas de buena voluntad del estado Lara, a ejercer la contraloría de los procesos de investigación y con la firme voluntad y la actuación de la Corte Penal Internacional, lograr que se alcance la verdad, la justicia y la reparación en el estado Lara y toda Venezuela.
A continuación la Declaración Pública ALFAVIC-REDHELARA en el Día Internacional de los Derechos Humanos.
En el inicio de la Fase de Investigación de la Corte Penal Internacional exigimos Justicia. Es la hora de las Víctimas
En reciente visita a Venezuela realizada a comienzos del mes de noviembre de 2021, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, informó a altas autoridades del Estado venezolano sobre el cierre de la Fase Preliminar del Caso Venezuela I y la apertura de la Fase de Investigación Formal. Este significativo hecho constituye un hito en América Latina, pues es la primera vez que un Estado firmante del Estatuto de Roma entre 123 países, será sometido a investigación penal por existir fundadas razones de ocurrencia de crímenes competencia de ese tribunal internacional.
El Fiscal Khan firmó un Memorando de Entendimiento con altas autoridades del Estado venezolano en el cual éstas se comprometen a implementar un conjunto de medidas destinadas a procurar justicia imparcial y objetiva sobre graves violaciones al derecho a la vida, integridad física, a la justicia, a la libertad.
Los casos que inicialmente serán objeto de investigación por la Fiscalía de la CPI son las graves violaciones a los DDHH ejecutadas por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado y civiles armados bajo su coordinación, durante el ciclo de protestas del año 2017. En el estado Lara entre los meses de abril y agosto de ese año fueron ejecutadas en diversas manifestaciones públicas, 21 personas desarmadas que ejercían su derecho a la manifestación. Nuestra entidad constituyó la 3ª entidad del país en la cual se produjo mayor número de muertes, heridos, detenidos arbitrariamente y torturados.
De este amplio conjunto de gravísimos hechos hasta el presente solamente han sido imputados como responsables por las fiscalías del Ministerio Público, algunos funcionarios de la GNB en apenas tres casos. De los cuales sólo recientemente (19.11.2021) después de 4 años transcurridos de los hechos, se ejecutó la ´Orden de Aprehensión´ de 12 GNB que participaron en las torturas, denegación de atención médica y ejecución del joven Gruseny Canelón.
Algunas evidencias de la impunidad de las actuaciones de funcionarios responsables de estos crímenes en los casos del estado Lara son, por un lado, el ascenso a Capitán GNB el 5 de julio del año 2017 del 1er Teniente GNB Johnnuar José Pastor Arenas Castillo, adscrito en ese entonces al Destacamento 123 de ese cuerpo, quien fue imputado en el mes de mayo de ese mismo año por el Ministerio Público como responsable de la ejecución con su arma de fuego del joven Manuel Sosa. Es de destacar que en la actualidad este funcionario es el
Comandante del Destacamento 122 de la GNB acantonado en Carora. Asimismo, los actos oficiales realizados en el año 2018 en la entidad, de homenaje por parte del Consejo Legislativo del estado Lara y de la Cámara Municipal del Municipio Iribarren, a la alta oficialidad responsable de ordenar las actuaciones de las tropas ejecutoras de tales ejecuciones, constituyen clara constatación del apoyo político de estas instancias a tales procesos violatorios de DDHH.
De igual manera, debemos enfatizar que hasta el presente no han sido citados a comparecer en las escasas investigaciones realizadas a los altos oficiales de cuerpos de seguridad que ordenaron ejecutar los planes de represión a las manifestaciones bajo el uso intensivo y desproporcionado de armas de fuego. Uno de los ejes de la investigación de la CPI es precisamente las Cadenas de Mando involucrados en la dirección de esas actuaciones.
Dada la omisión, negligencia e inacción por parte de los órganos de investigación y de administración de justicia en nuestra entidad, privando a las víctimas y sus familiares de los procesos judiciales que deben procurar la verdad, justicia y reparación, la Alianza de Familiares de Víctimas (ALFAVIC) y la Red de Derechos Humanos del estado Lara (REDHELARA) exigen a la Fiscalía Superior del estado Lara y a los responsables del Circuito Judicial del estado Lara, se aboquen en términos perentorios a la reactivación de los casos de las personas ejecutadas en el año 2017 en el contexto de las protestas.
Les recordamos a los órganos de justicia en el país que dados los principios de Complementaridad y Cooperación establecidos en el Memorando de Entendimiento entre la CPI y el Estado venezolano, están obligados a ejecutar reformas y acciones genuinas que demuestren una real voluntad de propiciar justicia y reparación. La Fiscalía de la CPI igualmente estará investigando activamente sobre los crímenes de Estado que se han cometido en el país y seguro podrá determinar la responsabilidad sobre la omisión y denegación de justicia, las cuales igualmente constituyen delitos de lesa humanidad.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, a las iglesias, gremios, sindicatos, universidades y a todas las personas de buena voluntad del estado Lara, a mantenernos muy atentas, a ejercer la contraloría de tales procesos y con nuestra firme voluntad y la actuación de la Corte Penal Internacional, lograr que se alcance la verdad, la justicia y la reparación en el estado Lara y toda Venezuela.
¡ES LA HORA DE LAS VÍCTIMAS¡
