Más de una treintena de personas murieron en diciembre del 2020 en un naufragio entre las costas de Güiria y Trinidad y Tobago. El siniestro tiene precedentes y las autoridades solo han volteado la mirada. Entre abril y mayo del 2019 se les perdió el rastro a unas 60 personas entre mujeres, niños y hombres. En ambos casos los tripulantes tenían un objetivo en común: Escapar de la cada vez más profunda emergencia humanitaria compleja que azota a Venezuela
La espera se convirtió en un luto que hoy cumple 365 días. Hace un año un nuevo naufragio entre las costas de Güiria, estado Sucre, y Trinidad y Tobago conmocionó a familias enteras. Fueron más de una treintena de personas las que murieron en lo que sería un intento desesperado por escapar de la emergencia humanitaria compleja que azota a Venezuela. Las víctimas fatales, entre ellos, hombres, mujeres y niños zarparon el 6 de diciembre del 2020, en la embarcación artesanal «Mis recuerdos».
Mientras al menos 40 personas zozobraban en alta mar, su madres, padres, hermanos u otros parientes les esperaban en la isla caribeña, en una costa diferente a la que los vio crecer. «¿Cómo no querer salirse de este pueblo?», han dicho a TalCual habitantes de la localidad. Con el avanzar de los años y la profundización de la crisis, el miedo a no tener qué comer es más poderoso que la incertidumbre que genera la idea de lanzarse al agua.
En las calles de Güiria pasea día a día y minuto a minuto, la precariedad, el hambre y el peligro. Es un territorio sin ley en el que las autoridades voltean la mirada ante la actuación de grupos violentos y de mafias dedicadas a la trata de personas y el narcotráfico. No hay trabajo y tampoco condiciones mínimas de vida. Es un sálvense quien pueda del que su propio gentilicio busca huir aún poniendo su vida en riesgo.
Ramón Ordaz (34), Leopolda Manriquez (44), Ynés Subero (26), Zulania Patinez (22), Claudys Estaba (21), Dorelvis Pacheco (28), Rayfran Rojas (6), Gabriela Subero (33), José San Vicente (30), Edwin Patinez (8), Santo Sucre (38), Luis Martínez (32), Diego Martínez, Angel Subero (30) , Lisandro Patinez (44), Fiannelys Moreno (34), Yasaidys Díaz (26), Paola Fuentes (17), Heliodis Urbano (22), José Natera (33), Kiomarys Jaime (18), Roxi Riguad (19), Anthonella Prósperi (3), Cristian García (10), Andrés Martínez (8), Analihesse Martínez (6), Dylan Pérez (3), Dulce Pérez (22), Raudielys Salazar (24), Junior Salaverria (18), Noelvis Astudillo (30), Cristalinda Goitia (37), Juana Caraballo (67), Pedro Aguilera (23), Deivis Quintero, Neixon Martínez, son algunos de los nombres de los náufragos.
Familiares de los fallecidos exigen a las autoridades control en las costas. Agregan que además de lo peligroso del trayecto se cree que hay redes que operan para secuestrar personas. Asimismo, afirman que si en Venezuela hubiera estabilidad económica la gente no tendrían que salir corriendo del pueblo y se evitarían siniestros como los ocurridos en 2020 y en 2019, en este último se le perdió el rastro a más de 60 personas.
Aseveran, pidiendo resguardar su identidad, que los zarpes ilegales siguen presentándose. La ciudadanía no se opone porque es la alternativa más accesible y rápida para escapar de una crisis que cada vez se profundiza más y más. Haciendo pagos por encima de los $250 que pueden hacerse por partes o incluso con electrodomésticos. «Eso quedó así. En una lista y la noticia, porque todo sigue normal».
Detenciones por caso Güiria
El 14 de diciembre de 2020, ocho días después desde que zarpó la embarcación «Mis Recuerdos», el fiscal designado por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, informó la detención del ciudadano Luis Alí Martínez de 56 años de edad.
Martínez, quien sería el dueño del peñero, fue imputado por tráfico de personas. El funcionario apuntó que las investigaciones sobre el caso las llevaría a cabo la Fiscalía 3° con competencia plena y con sede en Güiria, junto a la Fiscalía Nacional 66° con competencia plena adscrita a la Dirección general de Protección a la Familia y a la Mujer, que investiga los delitos de tráfico y trata de personas.
López es el dueño de la Finca El Rincón cercana al muelle desde donde presuntamente zarpan de forma ilegal embarcaciones hacia Trinidad y Tobago, mientras que Martínez es el propietario de la embarcación “Mis Recuerdos”, que es una de las involucradas en el naufragio.
«Mi padrastro está preso todavía y por no tener pruebas contundentes le dieron casa por cárcel. Luego de casi un año todavía no lo han llamado para presentarse. No puede salir de Güiria», dice a TalCual Margareth Zerpa, hijastra de Luis Martínez.
Asevera que faltaron al menos seis cuerpos por encontrar entre ellos de los de un hermano y una cuñada. «Hasta ahora no han encontrado a nadie con vida», agrega.
Por eso desestima que su padrastro esté involucrado en redes de trata de personas o delitos similiares. «¿Cómo mi papá va a tener la culpa si en el bote iban sus hijos y sus nietos?», dijo Zerpa en diciembre del 2020, tras conocerse sobre la detención de Martínez.
Reveló que el bote «Mis Recuerdos» no era de su papá sino de su hermano, quien también se llama Luis Martínez, pero que no encontraban los papeles para desmentir las acusaciones oficiales.
El día del naufragio la embarcación era capitaneada por un hombre a quien identificó como Deivis, amigo de su papá.
Su padrastro permitió que sus hermanos Luis Martínez, Neison Martínez, Diego Martínez e Inés Subero -quien se trasladó desde Nueva Esparta a Güiria para viajar junto a sus hermanos-, así como su cuñada Rudiangelis Rausseo y su sobrina Dariangelis Antonella Martínez abordaran la embarcación porque la crisis en Güiria los tenía entre la espada y la pared. «Ellos venían buscando un futuro mejor».
El mismo calvario
“La principal causa del naufragio fue la sobrecarga de la embarcación tipo peñero de fibra de vidrio, que teniendo una capacidad para 8 personas y un peso máximo de 2 toneladas, trasladaba 41 personas y un peso aproximado de 4 toneladas”, decía una nota de prensa oficial difundida por la entonces ministra de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez.
De manera extraoficial se ha hablado de que autoridades trinitarias devolvieron el peñero y ordenaron embarcar a más personas, lo que generó sobrepeso, pero a un año del siniestro no se sabe de más pormenores.
El naufragio revivió el calvario a otros grupos familiares. Así fue el caso de las familias Mattei, Pacheco y Patinez. Daniel Pacheco Patinez, uno de los fallecidos era hijastro de Yodelvis Mattei, a quien se le perdió el rastro en mayo del 2019, tras zarpar rumbo a Trinidad y Tobago junto a unas 32 personas en el bote Ana María. Así lo recordó a TalCual Jhonny Mattei, padre de Yoldelvis.
El menor de edad había sido mandado a buscar por su padre, que trabajaba en Trinidad y Tobago. En Venezuela vivía con su abuela. «No sabíamos nada de él hasta que vimos la foto y lo reconocimos. Pasamos el mismo calvario», agregó Jhonny Mattei.
Daniel Patinez Pacheco también era familiar de Zulma Patinez, Yusmari Patinez y Melani Patinez, desaparecidas en abril de 2019 tras partir desde Güiria rumbo a Trinidad y Tobago junto a más de 25 personas en el bote Jhonaily José, que desapareció apenas días antes que el Ana María.
Y es que el tema del zarpe ilegal no es nuevo. Autoridades lo saben y hasta ahora no hacen nada para impedirlo. Además, se han denunciado que en la localidad operan mafias dedicadas a la trata de personas.
No obstante, la gente prefiere aventurarse en alta mar, pues en medio de la pobreza instalada en el pueblo el traslado fiado es una oferta realmente tentadora. El negocio consiste en que el lanchero lleva a las personas y estos comienzan a pagarle cuando comienzan a trabajar.
«Como no contamos con el dinero es más fácil ir a Trinidad y Tobago. Sabemos el riesgo que conlleva pero se nos hace más fácil y más barato», explicaron a TalCual habitantes de Güiria.
Esa facilidad no la tienen si deciden irse, por ejemplo, a Colombia por la frontera con el Táchira. Además, para eso tendrían que salir de Güiria a Caracas en un viaje de al menos diez horas, y luego de la capital venezolana a Táchira cuyo recorrido es de 12 horas, si no se detiene nunca el vehículo durante los más de 1.400 kilómetros por carreteras.
Hasta salir de Güiria a Cumaná, capital del estado Sucre, es un verdadero reto. Es un recorrido de aproximadamente 268 kilómetros que lleva unas cinco horas, esto sin tomar en cuenta el mal estado de las carreteras y las alcabalas de funcionarios de la Guardia Nacional. A eso se suma la inseguridad que reina en el camino. Vía marítima a Trinidad y Tobago se podría llegar hasta en tres horas.
Por otra parte, un pasaje desde Güiria a Caracas hasta noviembre de este año tenía un costo de 80 dólares, mucho más del ingreso mínimo mensual que devenga un trabajador venezolano. El monto podría duplicarse si se toma la decisión de también viajar a Táchira o se intenta llegar a Santa Elena de Uairén, zona fronteriza entre el estado Bolívar y Brasil.
En mayo de 2020, TalCual publicó una investigación sobre lo ocurrido en 2019 en dos embarcaciones que partieron desde el puerto de Güiria en el estado Sucre hacia Trinidad y Tobago, con apenas 23 días de diferencia, ambas desaparecieron en el mar sin dejar rastro de 60 personas.
TalCual en alianza con la plataforma periodística latinoamericana Connectas, en el marco del apoyo de la iniciativa del International Center for Journalist (ICFJ, por sus siglas en inglés), desarrolló Desaparecer en el mar: una búsqueda sin brújula, que muestra cómo las instituciones de gobierno han ignorado las alertas que apuntan el desarrollo de un delito de magnitud internacional: el tráfico de personas y la explotación sexual, en el cual Venezuela se posiciona como el primer país con prevalencia en Latinoamérica, según índices mundiales.
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