El Movimiento Venezolano por el Revocatorio, Mover, acudió este lunes al Consejo Nacional Electoral a solicitar formalmente el cambio de reglamento vigente para la realización de este proceso y que hoy establece una serie de parámetros que, a juicio de esta organización opositora, limita el derecho a revocar de los venezolanos.
En el documento consignado ante el ente comicial, se denuncia con precisión las inconstitucionalidades presentes en las normas del año 2007. Según indicó César Pérez Vivas, vocero de esta coalición ciudadana, allí se plantea que el CNE, en principio de autotutela y en función de la sentencia de la Sala Constitucional del año 2004, debe adecuar las normas a la constitución. Destacó en este sentido que hoy se violan los principios de celeridad, seguridad, transparencia y sobre todo el de igualdad.
Por su parte, Nicmer Evans, politólogo y miembro de esta organización, detalló, ante los medios de comunicación presentes en Plaza Caracas, que en las observaciones presentadas al ente comicial incluyeron todo lo que implica tiempos de solicitud de activación. Destacó al respecto que esto pudiera celebrarse perfectamente entre tres y cuatro meses.
También se pudo conocer que el próximo 10 de enero este grupo de ciudadanos exigirá formalmente la activación del proceso refrendario contra Nicolás Maduro. Evans insistió en la necesidad de incorporar a los venezolanos en el extranjeros para volverlos parte de los electores de una circunscripción nacional, tal como está establecido tanto en las leyes como en la constitución.
Tras apuntar que se encuentran a la espera que este mes se anuncie por parte del ente comicial la lista de cargos susceptibles de ser revocados, el dirigente político hizo hincapié en que siguen trabajando en acelerar el proceso de legitimación de Mover por parte del CNE, para lograr el objetivo de activar todo el mecanismo que a partir de 2022 permitirá que los venezolanos puedan expresarse libres y conscientes en relación a la continuidad en el poder del actual primer mandatario.
En consonancia con Pérez Vivas, cuestionó la desproporción en la cantidad de centros para validar la voluntad a la convocatoria del proceso. Ejemplifica este hecho relatando que no se pueden limitar los puntos a las capitales de los estados, limitando el derecho de los ciudadanos que viven en otras ciudades. Citó al respecto las dificultades que hoy puede tener un ciudadano que vive en Guasdualito para movilizarse hasta San Fernando de Apure.
Además, el portavoz recalcó que el CNE debe poner a favor de la activación del RR todo el tema tecnológico del que disponen: «Con todo el aparataje del que puede disponer el Poder Electoral facilita y evitaría firmazos, reafirmados y contra reafirmamos, que han limitado procesos de esta naturaleza tanto en 2004 como en 2016 cuando la judicialización de la firma fue la excusa impedir la activación de estos procesos.
