Instituciones públicas como el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República, además de que no cumplen con las funciones que les son propias y le causan, en su criterio, un inmenso daño al país, afirma el Coordinador Nacional de la UPP89, Reinaldo Quijada.
Considera que su propia constitución los debería obligar a no desconocer la voluntad popular. El señalamiento lo hace no sólo con relación a la decisión de la Sala Electoral del TSJ de dejar sin efecto las elecciones del estado Barinas, realizadas el 21 de noviembre, sino también por lo sucedido con varios de los candidatos de la UPP89, a alcaldes del estado Portuguesa, que fueron inhabilitados por la CGR.
“Ningún poder constituido, afirma Quijada, puede desconocer la voluntad popular (el poder constituyente) porque estaría desconociendo sus propios fundamentos. Ellos deben ser los garantes de la paz, los guardianes de la justicia, los fiadores del orden de cualquier país. No tienen legitimidad de origen, al no haber sido electo por el voto popular, su legitimidad deriva de actuar con mucha independencia, autonomía y ponderación, y de la credibilidad que puedan acumular en la población. Sus fallas son mucho más graves, de mayores consecuencias sociales, en la misma medida que su responsabilidad social es mayor”, explicó.
“Antes de proceso electoral, la CGR inhabilitó a varios de nuestros candidatos a alcaldes, mediante oficios, sin sentencias jurídicamente firmes, sin derecho a la defensa, con el falso argumento, no contrastable con la realidad, de no haber presentado una Declaración Jurada de Patrimonio. Por vía de estas inhabilitaciones no pudieron participar en las elecciones de 21 de noviembre, cinco líderes de base del estado Portuguesa, de gran arraigo popular, de Guanare, Araure, Turén, Agua Blanca y San Genaro de Boconoito. También le sucedió algo similar a Eduardo Samán en el Distrito Capital. Y, ahora, después del proceso electoral, un candidato inhabilitado, Freddy Superlano, al cual le habían levantado la inhabilitación, y pudo entonces participar y ganar la gobernación de Barinas, ahora recibe la confirmación de su inhabilitación para ejercer cargos públicos”.
“Pudiéramos resumir nuestra crítica, afirma Quijada, que realmente más que una crítica, es un alerta al país consciente, de la siguiente manera: si un ciudadano común comete un delito, no falta más que a sí mismo, pero si lo hace una institución pública, como el TSJ o la CGR, su falta impacta sobre la sociedad en su conjunto.
Estamos viviendo la tragedia de instituciones públicas sin convicción alguna, incapaces de verse a sí mismas. Poderes esclavos de sus propias contradicciones y prisioneros de las mentiras en las que han incurrido y además, y quizás lo más grave, irresponsables e inconscientes del daño, presente y futuro, que le están causando al país”, alertó Quijada
