El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) ve con preocupación como han proliferado en el estado Lara los casos de abuso y violencia policial contra algunos ciudadanos, que por razones diversas, no pueden ser mencionados y que han sido víctimas del amedrentamiento y la extorsión.
«La modalidad de violencia policial ha crecido en el estado Lara. Se trata de una de sus expresiones invisibilizadas durante la pandemia, sobre todo porque es difícil precisar las dimensiones de este tipo de acciones, ya que las víctimas se inhiben de denunciar por miedo», señala el parte emitido por la organización.
El OVV Lara pudo conocer, gracias a la información brindada por informantes claves, que durante el período de confinamiento por COVID-19 varios sectores en la entidad han sido víctimas de este delito, perpetrado por funcionarios policiales. A las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, se le añade la desprotección frente a quienes deberían ser sus protectores (agentes policiales), en lugar de aprovecharse de la condición que les da el poder y las armas, amparados en el orden legal.
“Entre 2018 y 2020 hubo un aumento desproporcionado de muertes por ejecuciones extrajudiciales. No obstante, se registró una disminución en la letalidad de estos crímenes por la presión hecha desde la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras organizaciones multilaterales que exhortaron a los entes gubernamentales, entre otros aspectos, a eliminar el cuerpo de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes)”.
Para los especialistas, la crisis institucional provocada por la ruptura del estado de derecho genera una distorsión sobre el cumplimiento de deberes y la garantía de derechos que tienen los ciudadanos, lo cual es magnificado con las acciones ilegales realizadas por quienes representan la Ley.
La conclusión del OVV Lara, es que el cumplimiento de la función policial, cuyo propósito es generar seguridad a la ciudadanía, sigue desdibujada, y las familias pobres son las que mayores consecuencias tienen.
A la extorsión de las megabandas hacia medianos comerciantes se le suma la de los policiales hacia los informales. “Estamos en presencia de hechos delictivos que aplican el mismo formato de las megabandas que extorsionan a comerciantes y vendedores de vehículos, algo ya conocido en Lara.
La diferencia es que son los propios agentes de seguridad del Estado los que extorsionan en las comunidades con menos garantías de derechos y más vulnerabilidad jurídica, en especial en el municipio Iribarren, que es el más poblado de la entidad”, enfatizaron los académicos pertenecientes al OVV Lara.
