Un total de 73 durante octubre de 2021, registró el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), lo que indica como se intensifican la intimidación, el hostigamiento y las amenazas en contra de quienes se dedican a esta actividad
En efecto, se observa una escalada en la Política de Criminalización, represión y control social ejercida por el régimen. Octubre reflejó que las personas que se encuentran en primera línea de acción promoviendo, defendiendo y exigiendo derechos humanos en el país siguen enfrentándose a un contexto hostil que los expone a graves riesgos.
Las restricciones del espacio cívico y democrático, las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja y el aumento de la violencia institucional siguen afectando el libre ejercicio de actividades de índole humanitario o en el campo de los derechos humanos.
Preocupa al CDJ la profundización de la violencia ejercida en contra de las personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Las agresiones aumentan en la medida que el régimen, de conformidad con la Lógica del Enemigo Interno criminaliza a quienes le demandan el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
La Política de Criminalización, represión y control social del régimen siguen limitando la operatividad de las organizaciones y como consecuencia la estigmatización, la intimidación, el hostigamiento y las amenazas incrementan.
Los 73 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de octubre evidencian el incremento de la violencia en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La Estigmatización y el calificativo de enemigos, traidores de la patria, agentes desestabilizadores, entre otros, siguen siendo la principal forma de atacar la defensa, promoción y exigencia de derechos. Dichos discursos, alientan actos violentos y han conllevado a la materialización de agresiones más graves en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos, aumentando los actos de intimidación, hostigamiento y amenazas.
Defensa de DDHH es atacada por el Estado
Se advierte que la defensa de derechos humanos permanece bajo el ataque del régimen. Los esfuerzos para criminalizar a las organizaciones y personas defensoras continúan y se profundizan conforme avanza el cierre del espacio cívico y democrático. Desde el CDJ alertamos sobre el perfeccionamiento los patrones de agresión y de ataque que hacen parte de la Política sistemática de Criminalización.
El entorno para la defensa y exigencia de derechos humanos sigue siendo adverso y hostil para quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en Venezuela. Los 73 ataques e incidentes documentadas en el mes de octubre demuestran que el Estado sigue situando a las personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil como Enemigos Internos que deben ser “neutralizados” y en consecuencia perfecciona los mecanismos represivos para limitar y afectar su accionar.
Octubre se presenta como uno de los meses con mayor número de agresiones documentadas en lo que va de año. Las situaciones registradas evidenciaron un nuevo pico de aumento de los ataques e incidentes y la naturaleza de los mismos, evidencia que el Estado continúa perfeccionando sus esfuerzos de amedrentar, intimidar y criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos.
Cesar ataques contra defensores de DDHH
Desde CDJ exhortan a la representación del régimen al cese inmediato de los ataques en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Insistimos en la necesidad de generar mecanismos efectivos para la investigación y sanción de los responsables de las violaciones en contra quienes defienden, promueven y exigen derechos. Defender derechos humanos no es un delito, y quienes ejercen esa labor, lejos de ser enemigos son actores esenciales para la sociedad, en consecuencia, es imperativa la construcción de entornos propicios y seguros para el desarrollo de su labor.
En un contexto como el venezolano de Emergencia Humanitaria Compleja, la crisis de derechos humanos amerita una respuesta efectiva ante la inacción y mala gestión pública de las autoridades. Son fundamentales las acciones ejercidas por las personas defensoras y organizaciones de derechos humanos para abordar la situación y proteger la dignidad humana de los venezolanos.
El Estado venezolano debe dar cumplimiento a sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger derechos, incluidos el derecho a defender derechos humanos. Para ello de procurar la existencia de entornos propicios y seguros en los cuales las acciones de documentación, denuncia, difusión de la situación de los derechos humanos, y el acompañamiento de las víctimas puedan ser ejercidas sin temor a represalias.
