Un Proyecto de Acuerdo en Defensa de las Universidades Públicas y en respaldo a la autonomía e independencia universitaria, el cual incluye crear una Comisión Especial para la Protección de la Universidad y la Autonomía universitaria, aprobó la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional.
En consecuencia, solicitaron al Presidente de la Asamblea Nacional, el nombramiento inmediato de la Comisión y sus miembros, la cual deberá iniciar sus funciones en forma inmediata..
El diputado Luis Barragán, al intervenir en el debate, respaldó plenamente la creación de una comisión parlamentaria, orientada a materializar el cumplimiento de elecciones masivas y simultáneas de las autoridades universitarias públicas y autónomas, acatando el mandato del artículo 109 de nuestra Constitución y a su vez, a la Ley de Universidades, con el objetivo explicó de “iniciar la lucha y el esfuerzo por liberar al país, partiendo desde las universidades”.
Mientras que el diputado Lawrence Castro, respaldó la propuesta de crear la Comisión, pues en su opinión permitirá orientar y facilitar los procesos electorales en las universidades y la renovación de los liderazgos estudiantiles en cada una de las escuelas, facultades y equipos rectorales de las universidades.
Protectorado a la UCV es un “dislate”
Entre tanto, la parlamentaria Mildred Carrero, calificó de “dislate” la designación de un protectorado para la Universidad Central de Venezuela (UCV) ratificando la violación de la autonomía universitaria, por lo cual recordó que dicho hecho fue rechazado y expresado en el informe realizado por Michelle Bachelet Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU.
De igual manera, recalcó que la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu), denunció la violación del artículo 10 de la Ley de Universidades en concordancia con el decreto presidencial N° 755 publicado en el año 1995, referente al otorgamiento de la autonomía académica, organizativa, patrimonial y administrativa por la labor de las universidades.
Mientras que la diputada Milagro Valero agregó que el informe presentado por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, repudia y documenta el hostigamiento contra las autoridades universitarias; y la persistentes restricciones a la libertad sindical en su intervención, alertó de la deserción estudiantil; los bajos salarios de los profesores y trabajadores universitarios; el rechazo a la designación ilegítima de Tibisay Lucena, como ministra de Educación Superior y la violación a la autonomía universitaria con el nombramiento de un “protectorado por parte del régimen que con estas acciones “se opone a la libertad de pensamiento” y el Manifiesto Liminar de Córdoba (Argentina).
La diputada Milagros Eulate alertó que las 30 universidades en Venezuela viven una “emergencia compleja y agravada” pues la negación del régimen de aprobar el presupuesto correspondiente, “es una forma de acabar con la academia, pues afecta a miles de trabajadores universitarios; limita la investigación e impide un derecho legítimo y constitucional la renovación de sus autoridades en comicios constitucionales”. Sin embargo aseguró que “la universidad seguirá enfrentando toda universidad y defendiendo el derecho a una educación libre, critica y democrática”
