Las protestas antigubernamentales no cesan en varias ciudades de Bolivia tras la muerte de un manifestante en el tercer día de paro convocado por vendedores informales, transportistas y organizaciones opositoras contra leyes que impulsa el gobierno y en demanda de medidas de reactivación económica.
Un manifestante de 22 años falleció el martes en la noche en la sureña ciudad de Potosí, informó el Defensor del Pueblo en un comunicado.
El joven falleció supuestamente por broncoaspiración en medio de enfrentamientos callejeros entre grupos oficialistas que pretendían romper los bloqueos en calles y avenidas y manifestantes antigubernamentales, declaró Juan Carlos Manuel, dirigente del Comité Cívico de Potosí que convocó al paro. Las autoridades no han confirmado la causa del deceso.
Varios vehículos fueron quemados en esa ciudad -a 410 kilómetros al sur de La Paz- donde la víspera se vivió la jornada más violenta desde que inició la protesta nacional. Arce suspendió su visita a esa ciudad, que el miércoles celebra su aniversario, por “los hechos de violencia”, dijo el portavoz gubernamental Jorge Richter.
Santa Cruz, en el oriente; Cochabamba, en el centro, y Tarija, en el sur, han sido las otras ciudades donde se registraron choques entre policías y manifestantes con varios heridos. Los organizadores de la protesta llamaron a continuar el paro, dijo Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, epicentro de las protestas contra la ley “de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo” que el gobierno impulsa por exigencia de las potencias mundiales y los organismos financieros internacionales.
La polémica norma aprobada en agosto impone fuertes controles para evitar que dinero ilícito se infiltre en el mercado legal y permite la intervención de la justicia a sola denuncia.
Los sectores informales consideran que atenta contra “el patrimonio de las personas” y la consideran “confiscatoria”, según Francisco Figueroa, dirigente de los vendedores callejeros y pequeños comerciantes, el gremio con más de medio millón de afiliados en un país donde la informalidad está por encima del 70%, según expertos.
Los sectores políticos de oposición también rechazan la ley porque consideran que “abre paso a la persecución política” en momentos en que más de medio centenar de líderes opositores han sido encarcelados y son procesados por la crisis política de 2019.
La ministra de la Presidencia María Nela Prada dijo que la norma “no afecta en nada a los gremiales (vendedores) que se ganen honestamente la vida y que las movilizaciones que exigen la derogación ”tienen el objetivo de confundir al pueblo para desestabilizar al gobierno».
Los opositores también rechazan otra norma que supuestamente permite al gobierno central controlar los recursos de las alcaldías, gran parte de ellas en manos de la oposición.
Los manifestantes también reclaman medidas de reactivación para una economía castigada por la pandemia. En tanto, Arce acusó a los opositores de pretender desestabilizar su gobierno.
Arce cumplió el lunes su primer año de mandato en una Bolivia confrontada y enfrenta un creciente descontento social de sectores aliados que reclaman medidas contra la crisis. Además, gobierno y oposición están fuertemente enfrentados por revanchismos derivados de la crisis política de 2019 cuando unas elecciones denunciadas de fraudulentas encendieron una protesta social con 37 muertos que precipitaron la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
Morales es líder del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), que controla la mayoría en la Asamblea Legislativa, y es acusado por la oposición de influir en el gobierno de su heredero político.
