Así tituló uno de sus poemas el célebre dramaturgo y poeta español del siglo XIX José Zorrilla, frase que suelo usar con frecuencia al final de mis escritos.
En esta oportunidad, echo mano de ella para referirme a la nueva etapa de comprometedoras revelaciones que comienzan a aflorar en la trama de corrupción y despotismo venezolano, a raíz de la extradición a Estados Unidos del siniestro testaferro del régimen, el colombo-venezolano Alex Saab, amén de la esperada extradición desde España del General Hugo Carvajal, alias “el pollo”, ex director de la inteligencia venezolana, y de la enfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz, a quien el dictador convirtió sin pudor en Tesorera General de la Nación, se hizo billonaria, y es acusada de blanqueo de capitales y de organización criminal para favorecer al “empresario” venezolano Raúl Gorrín y al exmilitar y extesorero Alejandro Andrade.
Anteriormente se había entregado en Colombia a las autoridades de Estados Unidos el General (r) Clíver Alcalá Cordones, acusado de tráfico de drogas, cuyas revelaciones podrían llevar a los fiscales estadounidenses a investigar casos que involucrarían a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello en una red de actividades ilícitas, con participación de altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de poderosos grupos narcocriminales.
Por si fuesen pocas esas novedades, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, con determinación y en presencia de Nicolás Maduro y su séquito, anunció el paso de la fase de examen preliminar a una de investigación formal por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela, ante lo cual Maduro se vio forzado a firmar una Memorándum de Entendimiento con la CPI, que compromete al gobierno a cooperar en dicha investigación. Son miles las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones, atropellos, torturas, desapariciones, persecución o inhabilitaciones arbitrarias, muchas de ellas documentadas por informes de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Michele Bachelet, por expertos independientes y por ONG´s defensoras de los DDHH. Todos reciben con alegría y esperanzas este histórico paso, a sabiendas de que representa apenas la apertura de una puerta a la justicia, y que no es un punto de llegada sino de partida, en lo que será un largo y tortuoso camino. Las víctimas saben además que no todos los casos llegarán a la CPI, pero que se ha abierto un sendero de posible justicia y de no repetición.
El hecho es que, para decidir la apertura formal de la investigación, a contrario sensu de lo decidido en el caso de Colombia de cerrar un viejo examen preliminar, la CPI tuvo en cuenta la presunción de la anterior Fiscal de la CPI Faton Bansouda, de que “hay bases razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad”. Venezuela es así el primer país de América Latina, desde la existencia de la CPI, en que se acomete un proceso de investigación por tales delitos. Al regreso de Khan a La Haya, tras la visita a Colombia y a Venezuela, Khan declaró que la apertura de la investigación busca determinar la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma, sin prejuzgar y sin que haya objetivos ni sospechosos en esa etapa de la investigación, pero con base en indicios razonables, y que su oficina trabajará en forma independiente, sin agendas políticas, solicitando por lo pronto paciencia y apoyo, mientras el proceso avanza en esta nueva etapa.
Nicolás Maduro reaccionó indicando que su gobierno respeta la decisión de la CPI pero que no la comparte, pero firmó el Memorándum de Entendimiento con el Fiscal Kahn, en el cual se ratifica el principio de “complementariedad positiva” entre el Estado venezolano y la CPI, y se ofrecen las seguridades a la Corte para que prosiga la investigación. No faltó una declaración del inefable Fiscal venezolano Tarek William Saab, presente en el acto realizado en el Palacio de Miraflores, de que el paso a la fase de investigación anunciada por la CPI no cumple los requisitos del Estatuto de Roma. Palabras al vacío, pues dicha decisión no tiene marcha atrás, y porque el régimen quedó obligado a cooperar.
En cuanto a los otros casos que preocupan al régimen venezolano, la comparecencia de Alex Saab ante la justicia de Estados Unidos implica que, o colabora con la grave información que posee sobre las negociaciones ilícitas realizadas a través de la organización criminal que dirigió junto al gobierno venezolano, sea a través de sobreprecios en las cajas de alimentos del programa CLAP, o de negociaciones de oro, petróleo y armas con los gobiernos de Rusia e Irán, o de lo contrario podría ser condenado hasta 20 años de prisión por la justicia de ese país. No hay que confundirse con la solicitud presentada recientemente por el Fiscal de los Estados Unidos ante un juez de Florida de desestimar siete de los ocho cargos que se le atribuirían a Saab, pues se trataría de un compromiso asumido con el Gobierno de Cabo Verde de ofrecer garantías de que el acusado no será juzgado por penas mayores a las imperantes en dicho país. Aun así, la acusación prevalente contra Saab es la de “conspiración para el lavado de dinero”, al participar entre otros en la transferencia de US$ 350 millones entre los años 2011 y 2015, originados en proyectos fantasmas desarrollados en Venezuela, entre ellos uno de construcción de viviendas, sobre los cuales hubo presentación de documentos falsos y fraudulentos, así como por la realización de importaciones ficticias para aprovechar el enorme diferencial cambiario entre la tasa oficial y la paralela que regía en ese entonces en el país.
Importante es recordar que según el libro “Alex Saab”, del investigador y periodista colombiano Gerardo Reyes, la persona que introdujo a Alex Saab al estamento chavista fue la ex senadora Piedad Córdoba, persona que hace parte del círculo más íntimo del chavismo, vínculo que se extendió al expresidente del Ecuador Rafael Correa. Al respecto, el Congreso del Ecuador acaba de confirmar que iniciará una investigación contra Correa y Piedad Córdoba por presuntos vínculos con Saab y su principal socio, el colombiano Álvaro Pulido, por cuya captura Estados Unidos ofrece ahora una recompensa de US$ 10 millones. Según tales informaciones, Piedad Córdoba llegaba al Palacio de Carondelet en Quito como a su casa, como ha ocurrido siempre en Venezuela, donde es tratada como una reina, con todas las consideraciones y prebendas, que son correspondidas por Córdoba con la defensa vehemente del régimen. El objeto de la investigación en el Congreso ecuatoriano es que Rafael Correa amparó exportaciones ficticias a Venezuela, que habrían generado jugosas ganancias ilícitas, luego repartidas entre personeros allegados a los gobiernos de Chávez y Correa. El papel de Piedad Córdoba habría sido, como en no pocos casos, la mediación en el pago de cuantiosas sumas por parte del gobierno de Venezuela, a cambio de lucrativas comisiones.
Sigue así destapándose la olla podrida de corrupción del régimen venezolano, y se va involucrando a nuevos cómplices, entre ellos al exgobernador y Diputado José Gregorio Vielma Mora, por contactos con Alex Saab y Pulido, que son objeto de investigación en Estados Unidos por conspiración y blanqueo de capitales. Aunque la dictadura venezolana se estremece ante estas nuevas realidades, reacciona con arrogancia y sigue adelante con sus ventajistas elecciones regionales del 21 de noviembre, en las cuales muchos comparten la tesis de que hay que votar, para no seguir dejando espacios gratuitos en virtud de la abstención. El fin del régimen no es inminente, pero puede que la justicia internacional coadyuve al principio del fin. No tengo pues dudas con la pertinencia del titular de este artículo: “Para verdades el tiempo, y para justicia Dios”.
¡Que así sea!
Pedro F. Carmona Estanga
