Un acuerdo que rechaza categóricamente la violación de los derechos humanos de aproximadamente 40 mil privados de libertad y sus familiares por la dictadura, aprobó este martes la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN).
En el documento, reiteran su rechazo a la llamada ¨revolución Judicial¨, por considerarla que solo “es una respuesta politiquera” ante la investigación en curso por delitos de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro.
“La Revolución Judicial no es más que un táctica para eludir la competencia de el Corte Penal Internacional cuya investigación ya fue decidida por el Fiscal de la Corte Karim Khan en la reciente visita efectuada en Venezuela en la que mirándole la cara al dictador Nicolás Maduro le notifico la apertura de la investigación por crímenes de lesa humanidad”, expresa el texto respaldado por los diputados durante la Sesión de este martes.
El parlamentario Williams Dávila, presidente de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario de la AN, agregó que el documento también acuerda informar a la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos de las personas privadas de la libertad, acaecida en Carabobo y Mérida.
Dávila recordó que recientemente los presos del CICPC del Estado Carabobo y el Retén Policial de Glorias Patrias de Mérida protestaron y se declararon en huelga pacifica ante las condiciones de insalubridad, hacinamiento, retardo procesal de los privados de libertad en dichos recintos penitenciarios.
Recordó que en la instalación de la “Revolución Judicial”, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, presidente de dicha comisión se comprometieron que en 60 días resolverían el problema del hacinamiento y retardo judicial de los recintos penitenciarios y los centros de detención preventiva, “lo cual no lo han cumplido”.
Mientras que la diputada Deyalitza Aray, vicepresidenta de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario de la AN, denunció que la dictadura a los presos, les niega sus derechos esenciales y el derecho al debido proceso. Tildó de “vergonzoso el sistema de reforma judicial y el Plan Cayapa”, el cual pretendía disminuir el retardo procesal y darles celeridad a los juicios de las personas privadas de libertad y aseguró que en Venezuela habrá justicia y los responsables serán enjuiciados ante la Ley.
En la ronda de intervenciones también participó la diputada Sandra Flores, vicepresidenta de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN, quien alertó que “el retardo procesal es una injusticia que podría acabar con la vida de los presos en Venezuela” y señaló que la dictadura quebranta la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José, específicamente su artículo 5 numeral 2 referente al respeto a la integridad y vida de los presos, ya que, aseveró que son sometidos a torturas, tratos crueles inhumanos y no tienen acceso alimentación, salud, servicios públicos y hacinamiento.
De acuerdo al artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, estípula que la medida de privación judicial de libertad, en ningún caso puede exceder del plazo de 2 años, sin embargo, denunció que muchos reos pasan más de ese tiempo esperando por un juicio y recordó que artículo 9 numeral 3 de la Constitución de la República de Venezuela, estipula que el debido proceso debe aplicarse a todas las actuaciones judiciales.
El parlamentario Gilber Caro, hizo un llamado a la Alta Comisionada de los DDHH, Michelle Bachelet y a la Corte Penal Internacional, a que incluya la situación de las cárceles venezolanos en las investigaciones que realiza contra la dictadura.
“Las cárceles venezolanas han sido centros de torturas, tratos crueles inhumanos y donde se viola reiterativamente los derechos humanos. No hay una política seria en materia penitenciaria”, precisó
