Una de las novedades más notales que presentan estas elecciones regionales y municipales fijadas para el 21 de noviembre es la participación de organizaciones internacionales bajo la figura de la observación electoral.
La Unión Europea, el Centro Carter y una delegación de Naciones Unidas han venido suscribiendo convenios institucionales con el Consejo Nacional Electoral para ejecutar la tarea de veeduría técnica de todo el proceso que va más allá, antes y después, del acto de votación de ese día.
Este avance busca, entre otras cosas, otorgar mayores niveles de legitimidad, transparencia, credibilidad y factibilidad reconocida no solo al sistema electoral venezolano como tal sino a las propias instituciones que van desde el mismo CNE pasando por el ejecutivo y las organizaciones partidistas que participan en el proceso.
El CNE emitió el pasado 4 de octubre una resolución en la cual establece una serie de criterios para no solo autorizar en este proceso la veeduría internacional sino también para regular el «modo de actuación» de estas misiones, amparados desde la constitución nacional y la ley del poder electoral venezolano.
En ese sentido, la observación internacional por parte de los organismos precitados en estos comicios debe ser manejada objetivamente atendiendo a los principios de respeto a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y no interferencia en los asuntos del país.
Así como al mantenimiento de una conducta que exprese su objetividad, sin beneficiar o perjudicar a los actores o al desarrollo del proceso electoral y apego a sus funciones de observación, evaluación y diagnóstico.
Por lo pronto, a través de un acuerdo firmado entre ambas partes, y luego de superado un «impase» tras unas polémicas declaraciones de Josep Borrell, encargado de la política exterior de la UE, este organismo ratificó que envía a Venezuela la Misión de Observación Electoral después de 15 años sin haber podido participar en unas elecciones.
La MOE UE llega y actúa invitada por el Estado venezolano de acuerdo a los criterios de imparcialidad, neutralidad, objetividad y no interferencia, lineamientos suscritos por la Observadora Jefa de la Misión Isabel Santos.
¿Cuáles son sus tareas?
El mandato de la misión, de acuerdo a un oficio que han hecho llegar a los medios de comunicación, «es observar todos los aspectos del proceso electoral y evaluar en qué medida las elecciones cumplen con los compromisos internacionales y regionales para las elecciones».
De hecho, una delegación inicial de 46 observadores de la Unión Europea comenzaron a desplegarse en 22 estados del país, a excepción de Amazonas, con una bitácora de tareas e instrucciones a desarrollar durante un mes.
Entre las regiones en las cuales los delegados han tenido contacto con medios de comunicación regionales, Radio Fe y Alegría Noticias ha confirmado las agendas de Apure, Lara, Monagas y Guárico.
Para el día de los comicios se prevé que arriben a esas entidades otros 54 «delegados temporales» para completar un listado de 100 expertos en materia que «observarán» el desarrollo, in situ, de la jornada de votaciones.
En los estados los observadores tomarán nota del marco legal y su aplicación, el desenvolvimiento de los equipos del CNE regionales, las actividades de campaña de cada uno de los candidatos y sus organizaciones, el papel de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.
Igualmente «mirarán» cómo es la cobertura de los medios de comunicación, haciendo énfasis en poner la lupa si hay o no equilibrio en el tratamiento de las actividades de campaña y si se suscitan algunos mecanismos de censura en contra de medios y periodistas.
También tendrán la libertad de desplazarse por los centros de votación para observar el acto electoral en las mesas, el escrutinio y la divulgación de resultados.
Este trabajo les permitirá de igual manera detectar cómo es el ambiente que se registra alrededor del proceso y podrán recibir quejas y apelaciones por parte de algunos de los actores del proceso.
Para medir el nivel de cumplimiento de todas estas actividades la MOE UE utilizará los siguientes parámetros:
- El grado de libertad de los partidos políticos y candidatos para reunirse y expresar sus opiniones
- El grado de imparcialidad mostrado por la administración electoral
- La medida en la que la campaña electoral es abierta y equilibrada
- El grado de acceso de los partidos políticos y candidatos a los medios de comunicación estatales y privados
- El libre ejercicio del voto
- El conteo y transmisión de los votos
Al final de la jornada, la MOE UE presentará una declaración preliminar a los dos días después los resultados oficiales emitidos por el CNE. Luego, entre uno y dos meses después de la elecciones presentará un informe final con recomendaciones.
Ciertamente, la participación de una misión técnica de la Unión Europea es la que más ha llamado la atención en el panorama político electoral venezolano por algunos precedentes conflictivos entre el Estado venezolano y varios de sus representantes y las implicaciones de su trabajo en este evento.
Pero igualmente el Centro Carter tendrá una intervención independiente en el proceso. En principio una delegación de 64 observadores pudo observar el simulacro electoral del pasado 10 de octubre.
Para el desarrollo de la campaña electoral y el propio día de los comicios desplegarán a otros 64 observadores más.
Pero ¿es suficiente la observación internacional para recuperar la confianza en las elecciones?
A diferencia de los comicios de la AN de 2020, de las regionales de 2017 y presidenciales de 2018, cuando la mayoría de los partidos políticos de oposición no participó e invitaba a la población a abstenerse, para estas votaciones la inscripción de numerosos candidatos adversos al oficialismo ha sido considerable para optar a gobernaciones, alcaldías, concejalías y diputaciones estadales.
Este elemento ha sido «bien tomado» por los factores del oficialismo ya que aducen que dicha participación termina corroborando que las elecciones en Venezuela son libres y democráticas.
Apuntan que este es el talante que han llevado a la ronda de negociaciones que se llevan a cabo en México, por ahora suspendidas.
Sin embargo, un sector radical de la oposición venezolana cuestiona severamente a quienes se postularon y los acusan de hacerle el juego al gobierno.
Por otro lado, las recientes inhabilitaciones de varios candidatos a pocos días de los comicios también ha generado reacciones desalentadoras.
El propio rector principal del CNE Roberto Picón afirmó que le preocupan esas inhabilitaciones ya que se siguen manejando con absoluta discrecionalidad y parcialidad que restringe la libre participación política.
No obstante, estas dos novedades combinadas, la participación mayoritaria de actores opositores, y las misiones internacionales de observación electoral, pudieran configurar un ambiente de aparente mayor confianza en la utilidad de las votaciones.
Al respecto, el abogado y miembro del Centro de Derechos Humanos de la UCAB Carlos Lusverti, escribía recientemente para la revista SIC que «la observación electoral (internacional) en efecto es una garantía adicional para los sectores de oposición, pero no de un modo parcializado, sino desde la perspectiva de la transparencia y confiabilidad del proceso».
Por otro lado, también apunta que con estas elecciones no se pone en riesgo el ejercicio del poder del oficialismo. De hecho, por el contrario, abrir la ventana de la participación de otros actores en varios ámbitos y niveles le permitiría obtener un oxígeno que hoy en día requiere con urgencia para mantenerse gobernando.
Pero Lusverti alerta que «la observación electoral, no implica tampoco que las elecciones serán realmente justas y auténticas como prescriben tanto las normas internacionales como nacionales aplicables, ni que no ocurrirán los abusos y ventajismo que se han hecho costumbre».
Sin embargo, destaca los beneficios de la misma ya que puede documentar tales abusos, ofrece garantías adicionales para candidatos y ciudadanos.
Además de que con ella no se eximen las responsabilidades «de las autoridades por administrar elecciones limpias, justas y transparentes, incluyendo el deber de los actores políticos de respetar los resultados, especialmente aquellos que les sean adversos».
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