En anteriores entregas hemos escrito sobre el carácter complementario de la Corte Penal Internacional (CPI) en el procesamiento y sanción de aquellos crímenes graves de trascendencia internacional de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma. Ese carácter complementario de la jurisdicción penal nacional se activa cuando dicha jurisdicción no quiere o no puede juzgar esos graves crímenes.
A finales de la semana pasada llegó a Venezuela el Fiscal Jefe de la CPI Karim Khan, invitado, como lo establece el protocolo, por el usurpador Presidente de la República. Khan dijo en una entrevista que su visita no va a ser como la de un “agente clandestino” y que Venezuela “debería estar orgullosa” de haberlo invitado. Este orgullo, o gozo por una pretendida honra, pierde todo su valor conjuntamente con la impertinente declaración de Khan, cuando la visita se la hace a un país debido a su notoria conducta delincuencial de sus más altos funcionarios, entre quienes está el propio Presidente anfitrión. Es como si una persona debería estar “orgullosa” por que las autoridades policiales visite su casa en búsqueda de elementos de convicción de un delito que ha cometido.
Venezuela será visitada por la Fiscalía del CPI debido a razones que no nos enorgullecen: por la comisión de evidentes crímenes de lesa humanidad que han perpetrado funcionarios del régimen en contra de ciudadanos y por otra parte, actos por parte de componentes del oficialismo que constituyen un ataque generalizado o sistemático contra su población civil que se ve evidenciado con la diáspora de más de cinco millones de connacionales.
Uno de los elementos del tipo penal de los crímenes de lesa humanidad es que se trate de un plan orquestado por sus agentes que tenga como propósito asesinatos, encarcelaciones violentando normas fundamentales del Derecho Internacional, torturas, violaciones o desapariciones forzosa de personas.
Si repasamos escuetamente los casos que se han reseñado con claras evidencias de su comisión, deberíamos recordar el caso del ganadero Brito muerto inmisericordemente en reclusión forzosa del gobierno, el del capitán Pérez ajusticiado junto a otros de sus compañeros en presencia de toda Venezuela que observó su asesinato a través de las redes de comunicación, el del capitán Acosta muerto en pleno acto judicial debido a torturas infligidas poco antes, el General Baduel encarcelado sin fórmula de juicio y muerto en prisión, el Concejal Albán asesinado bajo custodia policial. Son los que recordamos, pero hay muchos más. A ello debe agregarse los centenares de presos políticos o de conciencia, los abusos sexuales cometidos y documentados, la permanente política de detener y ocultar el sitio de reclusión que constituye el grave delito de desaparición forzosa de personas.
Ya denunciamos la trapisonda de los líderes de la dictadura al reformar “entre gallos y media noche” el Código Orgánico Procesal Penal y promulgar una Ley de Amparo sobre la libertad ciudadana por un lado, así como tomar algunos chivos expiatorios para mostrárselos al Fiscal Khan como trofeo de la efectividad del Poder Judicial venezolano y para hacerle creer que no es necesario que la CPI desarrolle sus temidas facultades propias de su condición de poder complementario o subsidiario de aquellos poderes que no funcionan porque no quieren o no pueden. Tarea titánica que tienen quienes dirigen este timo, pues es el propio Presidente anfitrión y sus Ministros los involucrados en estos crímenes por lo que para que surta efecto la treta, deben convencer a Khan que Maduro y su séquito serán reos por parte de la justicia penal del país.
No se debe obviar el contenido del artículo 28 del Estatuto de Roma que establece la “responsabilidad de los jefes y otros superiores” en el sentido de que “…será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieran sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados”. Creemos que la dictadura está agarrada en sus propias vilezas, consideramos que serán las últimas bribonadas antes de que caiga sobre estos criminales el poder del Derecho Penal supranacional representado por la CPI. Eso sí, no debemos crearnos falsas expectativas acerca de la celeridad de estos procesos, pero será un paso fundamental para que se reconozca a quienes dirigen el actual gobierno venezolano como malhechores cuyo destino es, ser enjuiciados y sancionados penalmente.
Cuando escribimos este articulo deseamos que de alguna manera llegue al Fiscal Karin Khan su contenido y para él este párrafo final: usted tiene información suficiente para formarse criterio sobre lo que pasa en nuestra Republica, si algo le faltase seguro estamos le fue entregado por las heroicas ONG que velan por los Derechos Humanos en Venezuela, pero con todo y los muy completos informes que tiene sobre el vacío de justicia en Venezuela, tiene usted en sus manos solamente la punta del Iceberg de nuestra tragedia. Nosotros de ser un país donde existía un sistema de justicia con autonomía pasamos a ser un territorio donde la Ley es administrada por una nomenclatura oficialista que decide sobre vida, propiedad, libertad y honor de todos los venezolanos. Un país donde el acceso a la justicia se convirtió en una entelequia y los ciudadanos sufrimos un secuestro humillante y persistente de nuestra dignidad y posibilidad de cumplir sueños. Los crímenes registrados en su portafolio son apenas un ejemplo de cómo en Venezuela se nos arrojó de la órbita democrática del mundo occidental a la barbarie de una casta cívica militar que decide sobre nosotros según sus planes de mantenerse en el poder indefinidamente.
Ojalá el Fiscal tenga eso presente cuando procese nuestro caso.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
