Este 2 de noviembre representantes de las organizaciones de la sociedad civil, acudieron a la Defensoría del Pueblo para solicitar a que se interceda en favor de la libertad plena de los más de 300 presos políticos que existen actualmente en Venezuela, entre ellos Javier Tarazona, quien permanece detenido arbitrariamente en el Sebin, así como Rafael Tarazona y Omar García, recientemente excarcelados pero sometidos a un proceso viciado y bajo régimen de presentación.
Esta acción fue ejercida este martes 2 de noviembre, de forma simultánea por ciudadanos, defensores de derechos humanos y movimientos de la sociedad civil en los estados Táchira, Lara, Apure, Bolívar, Caracas, Yaracuy, Trujillo, Mérida, Amazonas, y Zulia.
Beatriz Salas, coordinadora de Proyecto 860, junto acompañada por miembros de más de 35 organizaciones que suscribieron el escrito y representantes de la sociedad civil, exhortó a la Corte Penal Internacional, en la persona del Fiscal Karim Kan, a que se investigue a profundidad los diversos crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país.
Por su parte, Clara Ramírez, gerente de documentación y derechos humanos de FundaRedes, expresó que ya se cumplen 124 días de detención arbitraria de los activistas de esta organización, mientras la salud de Javier Tarazona continúa en franco deterioro, y no ha recibido atención médica de ningún tipo en su injusta prisión.
Familiares de víctimas de detenciones arbitrarias también suscribieron la solicitud y se hicieron presentes en la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de exigir que de una vez por todas se dé libertad a tantos detenidos por pensar diferente, por atreverse a levantar la voz en favor de los más vulnerados, o simplemente por disentir de quienes ostentan el poder en Venezuela, y se les permita acceso al debido proceso.
El documento dirigido al defensor Alfredo Ruíz indica: “estando dentro de sus funciones constitucionalmente atribuidas la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, hoy, acudimos ante usted a exigirle cumpla con sus funciones y solicite la liberación inmediata de los presos políticos a nivel nacional”.
Así mismo, recordaron al funcionario que bajo resguardo del Estado venezolano han fallecido once (11) presos políticos, cuyas condiciones de salud eran de extrema gravedad, producto del precario contexto en el que se encuentra el sistema penitenciario en Venezuela, aunado a la rigidez extrema que se aplica a quienes se encuentran detenidos arbitrariamente por disentir.
Mientras las personas ejercían su derecho de acudir ante el organismo público a exigir que cumpla su función constitucional, efectivos policiales estuvieron grabando con actitud intimidante contra quienes ejercían la acción.
