Durante años, Carlos Minc, un legislador del estado de Río de Janeiro, presionó para que las cámaras corporales fueran obligatorias en todas las agencias de seguridad. Y durante años, su propuesta languideció en la legislatura carioca.
Luego vino la operación policial más mortífera de la ciudad. El 6 de mayo, cientos de agentes con vehículos blindados irrumpieron al amanecer en el barrio de clase trabajadora de Jacarezinho, aparentemente para capturar a presuntos delincuentes. En cambio, dejaron 28 muertos, todos ellos residentes locales.
Incluso en una ciudad acostumbrada a la vigilancia policial violenta, el episodio fue impresionante. Minc dice que el derramamiento de sangre ayudó a reunir apoyo para aprobar el proyecto de ley pocos días después.
El estado aceptó la licitación por 22.000 cámaras, aunque aún no está claro cuándo comenzarán a usarlas los oficiales de Río de Janeiro.
Pero el estado más poblado de Brasil, Sao Paulo, ya ha comenzado a experimentar con cámaras corporales. Los primeros datos han ofrecido algunos indicios de que podrían reducir la violencia por parte de la policía, a pesar de los hallazgos mixtos en otros países que las han utilizado.
Sin embargo, Minc está convencido: “Si la ley de cámaras en los uniformes ya hubiera entrado en vigencia, no hubiéramos tenido la masacre de Jacarezinho”, dijo a The Associated Press.
Durante años, las autoridades estatales brasileñas han sopesado el uso de cámaras para los policías, a veces probando iniciativas a pequeña escala, y están observando de cerca la reciente implementación más amplia en Sao Paulo.
La adopción de cámaras corporales es “una indicación de que hay una apertura mayor para hablar sobre el problema de la violencia policial”, dijo David Marques, coordinador del proyecto en el Foro de Seguridad Pública.
