El empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro y acusado de lavado de cientos de millones de dólares provenientes de negocios corruptos con el régimen, no quiere que lo vean con traje de preso y le pidió a un juez federal que limite el acceso por video a las audiencias.
En una moción de 12 páginas, la defensa de Saab aseguró que el empresario colombiano “no está buscando eliminar el acceso público, que es un derecho constitucional, sino que le solicita a la corte que cumpla con un papel de portero para impedir que se continúen violando las normativas” que prohíben fotos o videos en las audiencias judiciales.
Su propósito es que sólo un puñado de periodistas acreditados puedan acceder a las audiencias que se transmiten por Zoom, junto con abogados y familiares, y que el resto del público y los medios lo hagan por teléfono.
El juez al que le asignaron el caso, Robert Scola, respondió ordenándole a la fiscalía que haga comentarios al pedido de Saab antes del 8 de noviembre y dijo que resolverá el asunto una vez que los tenga.
Scola expresó su confianza en que si en el corto plazo o antes de que la fiscalía responda y él tome una decisión se realizan audiencias ante otros magistrados, ellos tomarán medidas apropiadas para atender las preocupaciones del acusado.
La próxima audiencia es el 1 de noviembre y allí Saab podrá declararse culpable o inocente.
Saab tuvo su primera audiencia por Zoom la semana pasada ante el magistrado John O’Sullivan, quien le notificó que enfrenta ocho acusaciones de asociación ilícita para lavar dinero y lavado de activos. Más de 300 personas participaron en la audiencia, entre ellas los abogados, el juez, fiscales y también periodistas, activistas y opositores del gobierno venezolano.
El empresario, de 49 años, fue extraditado la semana pasada tras haber permanecido 16 meses bajo arresto en Cabo Verde, donde fue detenido en junio de 2020.
