En criminología se conoce como normas fachadas aquellas que esconden un propósito no explicitado en su contenido. El órgano que las crea dice que su propósito es uno, pero esconde su verdadera finalidad dirigida a beneficiar casi siempre al órgano que las crea o a los factores de poder que las inspiran.
En el mes de septiembre la írrita Asamblea Nacional aprobó una serie de normas que se supone tienen como propósito resguardar las garantías procesales en los juicios penales, a fin de dar la sensación de que el régimen imperante en el país va a enmendar los ignominiosos propósitos que hasta ahora ha conseguido manipulando al Poder Judicial en el área penal.
En primer lugar, la incompetencia de los “juristas” del oficialismo, introdujeron sin darse cuenta por su ignorancia en estas reformas del Código Orgánico Procesal Penal, reformas que desconocen principios básicos del sistema acusatorio dentro del proceso penal como son la igualdad entre las partes, el derecho a la defensa en el inicio del juicio, el principio de progresividad, entre otros desafueros. Sin embargo, el propósito de este artículo no va por el camino de destacar las carencias de estos “juristas”, sino evidenciar el carácter de “fachada” que tiene la reforma.
Debe recordarse que altos personeros del gobierno, incluyendo el usurpador Presidente de la República y el Ministro de la Defensa son objeto de una seria investigación desarrollada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Por otra parte, el Fiscal ante la Corte Penal Internacional (CPI) tiene en sus manos el informe que dejó la Fiscal que sustituyó, en donde se precisan las pruebas que demuestran que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, en los cuales están involucrados los funcionarios antes aludidos.
Lo anterior se concatena con la facultad de la CPI de investigar y castigar tales crímenes a través del carácter complementario del cual goza si los órganos judiciales de un país no pueden o no quieren enjuiciar tales hechos. Sencillamente, si los tribunales de un país no procesan y sancionan tales crímenes este órgano internacional entra en funciones. Es eso lo que el régimen trata de obstaculizar con estos amagos ridículos de reinstitucionalización del Poder Judicial, como han bautizado rimbombantemente las reformas aludidas y otras iniciativas.
La recientemente muerte del general Baduel estando bajo la custodia del régimen con la complicidad del Poder Judicial, es un claro índice de que las reformas no son sino lo antes precisado, fachadas que vanamente quieren engañar a la comunidad internacional acerca de los inhumanos propósitos del régimen. Tal práctica no es nueva ni excepcional, se cuenta por lo menos una decena de casos emblemáticos en los cuales presos políticos o de conciencia han muerto estando bajo la custodia de carceleros del régimen.
Debe sumarse a este grupo el caso del biólogo y ganadero Franklin Brito que murió recluido forzosamente por el gobierno en el Hospital Militar de Caracas. Para colmos un juez penal lo sometió a interdicción civil, cuando tal acción no era de su competencia y le nombró como tutor a un Fiscal del Ministerio Público, órgano que lo perseguía y martirizaba, cuando la ley establece que el tutor ha debido ser su cónyuge. Su muerte se produjo en el año 2009, con lo que se demuestra que estas acciones son de vieja data por parte del régimen.
Las trapisondas del oficialismo en nuestra opinión no podrán engañar a los órganos internacionales que investigan estas acciones, pues cualquier “paño caliente” en forma de norma fachada no podrá ocultar las bárbaras prácticas aludidas y para que una verdadera reinstitucionalización del Poder Judicial se produzca, será necesario renovar a jueces y fiscales cuya ignorancia, corrupción y sometimiento a las órdenes del Ejecutivo Nacional es patente, renovación que ha de iniciarse con la destitución de todos los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cuyas designaciones se realizaron violando la Constitución y las leyes de la materia.
Un Poder Judicial independiente de los lineamientos que emanen de los otros órganos del Estado y de factores de poder, conformado por jueces de actuar autónomo al no recibir órdenes en su delicada función de interpretar y aplicar la ley, es lo que requiere un auténtico Estado Derecho, al cual no llegaremos mientras persista el régimen despótico actualmente entronizado en el país.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
