Según el último informe de la Encuesta del Observatorio de Universidades sobre las Condiciones de Vida de la Población Universitaria en Venezuela (Enobu 2021), actualmente el máximo salario que podría devengar un profesor universtario titular, equivale a 11,14 dólares, mientras que el sueldo de un docente agregado podría ubicarse en 5,65 dólares.
Estos montos se contradicen mucho con los equivalentes hace 20 años atrás, pues en 2001 un profesor titular podía ganar hasta 2.456,12 dólares.
“La precarización y descomposición del salario en el sector de educación superior llevó a la renuncia y migración masiva de los académicos, así como la necesidad de realizar otro trabajo”, destaca el informe.
Señala el estudio que debido a la crisis económica, 7 de cada 10 docentes dedican parte de su tiempo a otra actividad laboral y 79% lo hace de manera independiente. Pese a eso, el ingreso familiar mensual de los docentes no cubre lo necesario para garantizar al menos una alimentación adecuada, reseña El Nacional.
El estudio revela que «solo 5% de las familias de los docentes universitarios del país superan los 325 dólares mensuales, lo que sería suficiente para cubrir la canasta alimentaria que, según el Cendas, ubicaba en el mes de junio de 2021 en 220,27 dólares«.
Detalla el informe que el salario devengado por los docentes en Venezuela, es inferior que en países como Brasil, donde el promedio es de 889 dólares a 4.082, en Argentina de 512 a 2.092, en Chile de 530 a 7.127, en Ecuador de 2.200 a 4.700 y en Perú de 520 a 1.958. Incluso en Haití los profesores ganan más: de 650 a 1.408 dólares.
Por otra parte, sostiene que el efecto negativo del salario pirrico para los docentes se evidencia no solo en el aspecto alimentario, sino en los servicios de salud, que han quedado prácticamente inalcanzables para los trabajadores de la educación superior.
“Cuando necesitan ser atendidos en un establecimiento de salud, los profesores universitarios recurren en casi igual medida tanto a los centros públicos (21%) como a los privados (26%). La poca capacidad de respuesta de los establecimientos sanitarios se debe, por una parte, a su deteriorada oferta (en el caso de lo público) y por los costos inaccesibles para los académicos (en el caso de los privados)”, indica el estudio.
Es una situación que convierte a los académicos en “una población privada de las capacidades individuales y colectivas necesarias para vivir una vida digna en cumplimiento con sus derechos y valoraciones”, concluyó la Enobu 2021.
