La derogatoria inmediata del Impuesto a los Grandes Patrimonios, exige el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, La Cámara de Caracas, Leonardo Palacios, por ser una exacción injusta, regresiva e inflacionaria, poco técnica y que constituye un óbice para la inversión nacional y extranjera.
Palacios, quien es además experto en materia tributaria, explica que una exacción es una exigencia coactiva, obligatoria, aprobada sin las formalidades y requisitos constitucionalmente establecidos, para dar estructura al sistema tributario, así como a las disposiciones del Código Tributario que desarrollan esos principios. Tal es el caso del IGP que fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente.
“El Impuesto a los Grandes Patrimonios tiene, además del pecado original señalado, el de pretender gravar a supuestos contribuyentes especiales, que es una categoría registral y con carácter de mejorar y hacer más eficiente la gestión tributaria, que son designados por inflación y no por la esencia propia de ser contribuyentes que representan una capacidad económica que requiera de una especialidad en el tratamiento diferencial, para los efectos de una mejor y mayor fiscalización”.
Asegura que esa distorsión, bajo un subterfugio nominal, ha llevado a que muchos venezolanos sin serlo, sean sujetos pasivos de este impuesto.
Este tributo conlleva una doble imposición. Palacios explica que las personas que no tengan renta o tenga activos que no producen la renta necesaria, en virtud de las consecuencias de políticas fiscales y monetarias erráticas, se ven obligadas a imponer de la renta que deriva de los enriquecimientos o ingresos que obtienen con sus actividades económicas, para pagar un impuesto que no debe causarse. Además, se someten activos, que por regulaciones administrativas de sectores especiales se encuentran afectados o congelados, al pago del IGP para garantizar obligaciones en materia de determinación financiera o de seguros, “lo cual por supuesto desdibuja la esencia de lo que es la propiedad”.
Igualmente se establece el pago de contribuciones de excepción sin ningún tipo de armonización con la imposición municipal ni el Impuesto Sobre la Renta.
Por todas estas razones, el dirigente gremial exhortó al régimen, para que en correspondencia con lo que vienen proyectando los representantes de la Asamblea Nacional, se busque un ordenamiento jurídico proclive a la inversión nacional y extranjera, que haga posible la recuperación y el crecimiento económico.
“Es necesario crear un escenario para la atracción de inversiones, lo cual supone necesariamente la inmediata derogatoria de este impuesto que en nada contribuye con las finanzas públicas, más por el contrario perjudica la atracción de inversiones que generen rentabilidad para que el estado participe de ella a través de los impuestos”, aseguró el especialista tributario.
