El exparlamentario, abogado defensor de los Derechos Humanos y coordinador de la Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez, condenó la vulneración por parte del Estado del Artículo 43 de la Constitución que establece el derecho la vida y la obligación de preservar la integridad de los privados de libertad, declaraciones que se desprenden luego de la muerte de Raúl Isaías Baduel.
Señaló, que con la muerte del general RaúI Isaias Baduel aumenta la cifra a 10 de presos políticos fallecidos bajo custodia del Estado convirtiendo a los centros de reclusión, en especial el Sebin, en una funeraria en capilla ardiente al no proteger y garantizar la vida de los detenidos por el régimen.
El coordinador por los derechos civiles exigió a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, solicitar la aplicación del Protocolo de Minesota en el caso de la muerte del General RaúI Isaias Baduel, para evitar que funcionarios del Estado que sean sospechosos de haber cometido este crimen puedan actuar o influir en la investigación.
Señaló, que en estos casos se recomienda la intervención de una comisión investigadora independiente para el esclarecimiento del caso, tomando en cuenta que hay muchos testimonios de familiares y abogados de la defensa que cuestionan la tesis dada por el Régimen de muerte por COVID-19.
Narváez calificó como inobservancia e indolencia la actitud del que dice ser defensor del pueblo. «Su conducta omisiva ante tantas vejaciones, torturas y asesinatos (Alban y Acosta Arevalo ) contra los presos políticos que ocurren en los centros de detención, lo hace cómplice», señaló.
Indicó el defensor por los Derechos Civiles, que «es imposible para el Estado intentar borrar con el secuestro de la investigación penal, de estos crímenes horrendos», a la vez que sostuvo su tesis que no hay crimen perfecto y la verdad prevalecerá.
«Estamos en presencia de un récord de violaciones graves a los derechos humanos por parte de un Estado que condenó la actuación de la Cuarta República y que ahora aplica como política de Estado, la única esperanza es la Corte Penal Internacional», dijo Rafael Narváez para cerrar.
