Tras lamentar este miércoles el fallecimiento del exministro de Defensa y preso político, Raúl Isaías Baduel, Lilia Camejo, abogada y directora ejecutiva de la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana, fustigó enérgicamente que se siga poniendo en riesgo la vida de funcionarios castrenses privados de libertad por razones ideológicas.
Luego de responsabilizar a los cuerpos de seguridad de la República de la integridad física y la vida de todos los reos, la defensora privada de uniformados detenidos recordó que desde que inició la pandemia del COVID-19 ha exigido al Estado venezolano atención médica para estos, así como medidas sustitutivas de libertad en casos que presentan patologías previas.
En julio de 2020, Camejo fue una de las primeras defensoras de derechos humanos en advertir que el Poder Judicial no podía continuar en «cuarentena«, debido al riesgo que corrían los militares tras las rejas ante la proliferación del COVID-19. También, en el mismo mes de julio, planteó ante la opinión pública nacional e internacional la necesidad de realizar pruebas médicas tanto a los detenidos como a los custodios.
Asimismo, en septiembre de 2020, esta ONG emitió una alerta nacional en la que señaló que al menos 35 presos políticos militares corrían graves riesgos en las cárceles militares del país por severas complicaciones médicas. Al respecto, cuestionaron las violaciones a las garantías de los derechos humanos recurrentes en cuanto al debido proceso y el derecho a la salud, específicamente sobre las demoras judiciales injustificadas.
Como se recordará, esta organización además ha denunciado retardo procesal de hasta 750 días en juicios a presos políticos militares. También han alzado la voz en condena a retardos procesales de hasta tres años para la celebración de audiencias preliminares, como ocurrió en el caso del M/G Miguel Rodríguez Torres.
Por todas estas razones, y tras solidarizarse con la familia Baduel, Camejo insistió en la necesidad de que los casos de presos políticos militares sean considerados en las negociaciones que se desarrollan entre la administración de Nicolás Maduro y representantes de la oposición en México.
«No podemos permitir que siga ascendiendo la lista de presos políticos que mueren en los calabozos del país. Tenemos el antecedente del capitán Acosta Arévalo y ahora el General Baduel. Urge preservar la vida de hombres y mujeres que permanecen tras las rejas sin tener un juicio justo en su contra», precisó la jurista.
