El llamado gobierno interino encabezado por Juan Guaidó, reconocido por una parte de la comunidad internacional como presidente encargado, está apremiado por el cambio político en el país, que ha resultado esquivo desde 2019 por denuncias sobre presuntos asuntos turbios en el manejo de los activos de la república en el exterior y porque el tiempo pareciese agotársele.
A esos ingredientes se suman la poca voluntad política que habría en el G4 para seguir extendiendo la figura de mandato temporal. Hasta ahora, no hay visos del inicio de la transición en Venezuela.
«Se tiene que dar una discusión profunda de relanzar, reorganizar, reforzar la unidad política del país porque, por una ley que nos pusimos nosotros mismos, el gobierno interino dura hasta el 5 de enero (2022)», puntualizó Julio Borges, designado como comisionado de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional electa en 2015 y coordinador nacional de Primero Justicia (PJ) el 28 de septiembre en una entrevista radial.
El peso legal del interinato se lo concede el Estatuto que rige la Transición a la Democracia que fue aprobado, por la Asamblea Nacional (AN) de 2015, en febrero de 2019. Esta ley fue reformada, en diciembre de 2020, tras el desconocimiento del Parlamento que preside Juan Guaidó del Poder Legislativo electo en los comicios del 6 de diciembre del mismo año, la llamada AN de Maduro.
En el debate sobre el gobierno de Guaidó hay variables de interpretación jurídica, pero privan las políticas. Al respecto, el politólogo Ángel Álvarez destaca que el interinato es un gobierno de facto constituido por factores políticos de una AN que ya estaba prácticamente extinta y que se ha prolongado por el acuerdo entre las fuerzas políticas.
Para Álvarez, la única manera de destrabar el enredo jurídico —que a su juicio fue creado por mentes fantasiosas— es asumir que lo del interinato es un hecho político que fracasó. En ese sentido, no duda en afirmar que se trata de una estrategia fallida.
Sin embargo, el politólogo aclara que el mea culpa no es lo único a lo que están llamados los actores involucrados con el interinato, pero sí un paso indispensable para poder avanzar en las etapas siguientes, que deberían estar signadas, entre otras cosas, por las investigaciones de órganos independientes.
«No es posible que se investigue un error si quienes lo propiciaron no reconocen que el error existe, condenan a quienes los denuncian y bloquean cualquier posibilidad del error», acota.
Insiste en que esas condiciones son importantes para avanzar. Refiere que admitir que el interinato no logró los objetivos ofertados puede pasar por la renuncia de personas claves en el proceso, incluyendo líderes de los partidos políticos, de manera particular de Guaidó y de otros de los dirigentes de los partidos quien erraron en la estrategia.
De esta manera, Álvarez cree que deben permitirse procesos internos en las organizaciones y entre estas para recuperar la confianza del electorado.
«Mientras mantengan la ficción de que hay un gobierno interino y de un Estatuto de Transición, eso les va a dar un reconocimiento de algunos actores internacionales, de los gobiernos de algunos países, que es cada vez más formal que real. Pero no les dará ningún poder, y mucho menos reconocimiento, de la población que está profundamente defraudada, desorientada, desmotivada y que no apuesta a ninguno de los sectores visibles de ese liderazgo que se sumó al gobierno de transición», enfatiza.
¿Gobierno o simulación?
Por su parte, la politóloga Marisela Betancourt sostiene que el interinato no es una simulación de gobierno. Sin embargo, enfatiza que la ruta asumida fue muy arriesgada tras una etapa en la que se requería levantar el ánimo y repolitizar a una sociedad cada vez más ensimismada, tras un caudal de arbitrariedades por parte del gobierno de Maduro.
«Jurídicamente se puede generar un debate sobre si el gobierno interino es legal, pero políticamente es viable que un grupo de la sociedad se arrogue el derecho de representar al pueblo venezolano. Pese a que el interinato terminó sigue un fracaso, fue una ruta válida y, también, una camisa de fuerza. No hubo una estrategia unificada, se evidenciaron actos de corrupción y un manejo turbio de activos, el gobierno interino no fue capaz de demostrar la transparencia que le exige al gobierno de Maduro, generó presión sobre este último y visibilizó la crisis política venezolana», indica.
Betancourt agrega que se evidenciaron unos quiebres que no tienen solución. Cree que, si se opta por disolver el interinato, la oposición perderá mucho más de lo que pudo haber perdido si no lo hubiera instaurado.
«No solo hay que salir de la trama del gobierno interino, también debe salirse de la trama de la oposición que, cada dos o cuatros años, se convierte en un círculo vicioso de estas estrategias de quiebres abruptos», asevera.
La politóloga destaca que parte del problema es que la oposición y el interinato ofertan la transición de forma errada. De esta manera, se han vendido expectativas irreales que omiten, por ejemplo, que la transición debe hacerse con actores de la coalición dominante. Estas falsas expectativas han terminado por acorralar a la oposición.
Aval internacional del interinato
Ángel Álvarez señala que el respaldo internacional al gobierno interino —que pese a que se ha mitigado desde 2019 se mantiene— está condicionado al resultado de las negociaciones que, desde agosto de este año, se realizan en México con la mediación del Reino de Noruega.
En ese sentido, destaca que persiste más la presión hacia el gobierno de Maduro que el espaldarazo al interinato y su futuro dependerá del resultado de las conversaciones.
Añade que el aval de otros países cada vez es menos incondicional, como ocurre con Estados Unidos y la Unión Europea, que están muy claros sobre el dialogo. Álvarez recuerda que, por ejemplo, la UE ha dejado de hablar de gobierno interino y opta por referirse al liderazgo opositor.
«A los Estados Unidos le ha costado más reconocer el error de haber propiciado ese gobierno. Pero, claro, no es responsabilidad de la administración Biden sino de la administración de Trump, que usaba la situación de Venezuela. Creo que los Estados Unidos dejarán un poco a su propia suerte a ese sector de la oposición venezolana que se dice gobierno interino», asegura.
Marisela Bentacourt recuerda que la comunidad internacional no tumba gobiernos. En ese sentido, advierte que se construyeron muchos mitos en torno el interinato.
El rumbo del gobierno interino genera prudencia, incluso dentro de los politólogos y juristas. Varios de los especialistas que TalCual contactó, para alimentar esta nota, optaron por guardar silencio o prefirieron acogerse al off the record. En esta apreciación, señalan, tiene peso la trama sobre el manejo de los activos, de la que han advertido algunos dirigentes, en tanto Primero Justicia prefirió apartarse.
«Se ha dilapidado la gran credibilidad que tenía esta gente alrededor de Juan Guaidó, quien tenía más de 60 puntos en las encuestas cuando asumió el interinato. La situación es delicada como sea, con lo que está pasando en Monómeros en Colombia y lo que va a pasar en Citgo, que está como aguantadito por ahora. La seriedad que se pudo haber pensado tenía este proceso político de Guaidó queda totalmente en entredicho, uno no puede creer que los objetivos no se alcanzaron, es que no se buscaron nunca», asevera un analista.
Otros politólogos coinciden en advertir que el respaldo de un grupo de países de la comunidad internacional al gobierno interino fue uno de los factores que sirvió para sostener a lo que califican como «una gran ficción». Refieren que no se ha desplegado una agenda coherente y factible para el cambio, pese al mantra presentado en 2019. Todo esto, mientras Nicolás Maduro maneja sin tropiezos la existencia del interinato y se acoge a la tesis del bloqueo internacional.
«El presidente interino salía, de vez en cuando, a dar una vueltica por el país, pero no había una estrategia sólida y fuerte frente a la crisis», añaden.
El dilema con el Estatuto
El jurista Rafael Badell Madrid, Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, esboza que, de acuerdo con la reforma del Estatuto de la Transición, aprobada el 26 de diciembre de 2020 por la AN de 2015, se extendió hasta el 5 de enero de 2022 la vigencia de ese Parlamento. Puntualiza que habría que hacer algo similar a lo que se hizo el año pasado y dictar un acto que prorrogara el Estatuto.
El abogado reconoce que el asunto tiene un peso más político que jurídico.
«El entramado o la tesitura es el Estatuto de Transición, la institucionalidad que existe, está basada en el Estatuto. La AN que se eligió en diciembre de 2015 continuará hasta el año que viene por virtud del Estatuto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el extranjero actúan por virtud del Estatuto, así como los embajadores. De manera que no sé si la oposición tiene esto claro, y es verdad que hay una mayor dispersión que cuando se hizo el primer Estatuto en febrero de 2019 y cuando se reformó en 2020″, subraya.
Badell Madrid dice que en esa dispersión coincide el hecho político que se fundamente en el Estatuto de la Transición. En ese sentido, indica que pareciera que la dispersión estribase, ahora, en que unos creen en el Estatuto y otros no.
Añade que la dispersión política se aprecia también en los escenarios para las elecciones regionales del 21 noviembre. Sostiene que nada ha cambiado, en el sentido de que el gobierno de Maduro sigue siendo un usurpador, en el desconocimiento de las elecciones parlamentarias de 2020 y en que el Estatuto de Transición es un acto normativo que se ha dictado en ejecución del artículo 333 de la Constitución.
Destaca que si se acaba el Estatuto, también se acaban las negociaciones de México, que se fundamentan sobre esa norma.
En el artículo 12 de la reforma del Estatuto se estableció que la Asamblea Nacional, electa el 6 de diciembre de 2015, funciona mediante la Comisión Delegada hasta que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables en el año 2021, ocurra un hecho político sobrevenido y excepcional en 2021, o hasta por un período parlamentario anual adicional a partir del 5 de enero de 2021.
Sobre esto, el constitucionalista Juan Carlos Apitz enfatiza que la interpretación jurídica conlleva a lo siguiente: «La Comisión Delegada, que actúa en representación de la Asamblea Nacional, es la que va a cesar en sus funciones, no la AN de 2015. La AN sigue teniendo vigencia por una cosa que ellos inventaron que se llama continuidad constitucional. Lo que tiene que pasar es que el 5 de enero de 2022, eligen una nueva Comisión Delegada o una nueva directiva de la Asamblea Nacional».
Agrega que lo que aún no se tiene claro es cuál camino va a seguir la oposición a partir de enero. Explica que los supuestos fácticos que avalan el Estatuto, incluso su reforma en 2020, está vigentes y la transición política no ha iniciado. Apitz subraya, asimismo, que el gobierno interino de Guaidó no tiene que ver con que Maduro esté en el poder sino con la ilegitimidad del mandato para el cual fue electo en mayo de 2018
«Estos líderes perdieron legitimidad por parte de su público cautivo, lo que motivó el Estatuto y todo el fenómeno Guaidó se perdió. El interinato era una buena iniciativa, lo que pasa es que fue mal practicada, no supieron aterrizar esa realidad», enfatiza.
Para el constitucionalista, Guaidó tenía que haberse convertido en el líder del desconocimiento de Maduro. «Guaidó debió convertirse en el líder de la desobediencia civil. Quiso hacer política dentro de los canales de la legalidad madurista y eso fue un gravísimo error, esa es la diferencia que hay entre Guaidó y el líder ruso que envenenaron (Alexei Navalny) y que desconoció a Putin», esgrime.
Dentro del debate, el constitucionalista Luis Alfonso Herrera expresa que, jurídicamente, desde que terminó el período de su mandato previsto en la Constitución, todos los integrantes de la AN de 2015 perdieron la condición de diputados.
«Por tanto, cesó —si es que existió— el llamado gobierno interino. Luego de la terminación de ese período, dado que no hubo elecciones auténticas, Venezuela no tiene Asamblea Nacional legítima, lo que actualmente allí opera es un poder de facto, que por la fuerza asaltó esa institución», subraya.
En la práctica, por diferentes motivos, varios de los diputados de la AN de 2015 se separaron del Parlamento que funciona a través de la Comisión Delegada.
«Habría que preguntarse es si ese Estatuto ha tenido fuerza jurídica alguna vez. ¿Más allá de los actos simbólicos de la oposición, cuando tuvo mayoría en la Asamblea Nacional, se llegó a ejecutar dentro de Venezuela alguna vez un acto aplicando ese Estatuto que fuera reconocido como obligatorio más allá de la postura de los entonces diputados de oposición?», interpela.
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