Entre 2014 y 2021, el empleo formal se redujo en 4,4 millones de puestos de trabajo, lo que pone de manifiesto la dimensión de la magnitud de la crisis que se vive en el país, según la última Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), la cual refleja que el 70% de los empleos que desaparecieron eran del sector público, mientras que el 30% restante del sector privado
De acuerdo con los hallazgos de la encuesta, esto se traduce en que, solamente en el año 2021 versus el período 2019-20, la disminución del empleo formal (tanto público como privado) fue de 1,3 millones de puestos de puesto de trabajo. Además, solamente 40% de los ocupados están en el sector formal de la economía.
El empleo público también cayó del 36% al 22% del total de ocupados y la destrucción de empleo público y privado ha significado un aumento de 20% en el número de trabajadores por cuenta propia. “Hoy uno de cada dos trabajadores está autoempleado y 57% trabaja en condiciones precarias”.
Población Económicamente Activa se reduce
Las malas noticias para el sector laboral no se quedan ahí. La Población Económicamente Activa (PEA) se ha ido comprimiendo a pasos acelerados y para 2021 ya representa 50% y se igualó con la Población Económicamente Inactiva.
Las cifras de la investigación reflejan que desde 2018, el nivel de desempleo declarado es sorprendentemente bajo (3,2%), pero que eso no implica una mejoría de las condiciones de vida, sino el encubrimiento de otras formas de desempleo encubierto. “El desempleo abierto y el desalentado (es decir, el asociado a que no vale la pena trabajar por la escasa remuneración) alcanzan al 20% de la población, a lo que habría que añadirle 11% de subempleo visible (personas que trabajan menos de 15 horas). En Venezuela no hay donde trabajar y, además, el empleo vulnerable afecta a 57% de los ocupados”.
Como consecuencia, sigue aumentando la dependencia de los ingresos no laborales, es decir, de los bonos del gobierno, pensiones o remesas. La ENCOVI revela que los ingresos no laborales representan casi 38% del ingreso de todos los hogares. En los hogares en pobreza suponen el 43% del ingreso total, mientras en los no pobres implican más de 20%. Los primeros dependen de las transferencias públicas. Los segundos, de las remesas y las transferencias privadas internas.
Por otra parte, la encuesta deja claro que el gobierno abandonó las misiones sociales y se concentró en las transferencias directas y las cajas CLAP. Casi 80% de los hogares tienen carnet de la patria y por lo tanto son potencialmente beneficiarios de los bonos gubernamentales. En 2021 más de la mitad de la población mayor de 15 años ha recibido algún bono del gobierno”, precisó, advirtiendo que estas transferencias son insuficientes para cubrir las necesidades de la gente y ayudarlos a salir de la pobreza.
Luis Pedro España, quien participó activamente en la elaboración de la encuesta, explicó que el promedio de estos bonos es menor a $3 y en promedio por hogar al mes es de $4.5. Si comparamos el valor de estos bonos -más la transferencia implícita que está asociada a las bolsas CLAP- con lo que necesitaría de ingresos un hogar en pobreza extrema para pasar a pobreza no extrema, estos bonos tendrían que ser 30 veces superiores a lo que se entrega en la actualidad.
