La Asociación Civil Convite presentó recientemente un informe de victimización de personas mayores, según el cual se registraron 102 muertes violentas durante el primer semestre de 2021 en Venezuela.
Según nota de prensa emitida por esa organización, este informe forma parte del Proyecto Monitor de Salud que desarrolla junto a sus aliados con el apoyo financiero de la Unión Europea.
Indica el comunicado, que en vista de la falta de acceso de parte de los organismos públicos competentes, se realizó un seguimiento a la fuente de sucesos de 74 medios de comunicación venezolanos nacionales y regionales y de los datos obtenidos se contabilizaron 102 muertes de personas de la tercera edad en circunstancias no naturales.
Al ser desglosadas las cifras son las siguientes: Decesos por accidentes domésticos o laborales (23.5%), víctimas de armas blancas (19.6%), víctimas de armas de fuego (4.9%), golpizas (13.7%), arrollamientos (12.7%), suicidios (6.9%), falta de atención (5.9%), asfixia mecánica (3.9%) y torturas y malos tratos (2%).
Francelia Ruiz, directora de proyectos de Convite, expuso que entre las causas del fallecimiento de un centenar de víctimas en seis meses está el deterioro de los cruces peatonales; la migración de los hijos; la falta de servicios que obliga a las personas mayores a hacer largas colas para recargar la bombona de gas, surtir gasolina, cobrar la pensión o ponerse la vacuna contra la COVID-19; la soledad en la que viven y de la que se aprovechan los ladrones para entrar a sus propiedades y agredirlos.
Dijo además, que 8 de esas 102 muertes son calificadas como responsabilidad directa del Estado. De acuerdo con el estudio, los decesos se produjeron por acciones, inacciones, omisiones y consentimientos, directos o incitados, persistentes e inducidos por parte de gobiernos o autoridades oficiales, cuya consecuencia, mediata o inmediata, es el fallecimiento temprano de personas mayores. Además se suman a esta cifra las 1.353 personas mayores que murieron a causa de la COVID-19 o con causas asociadas a esta.
“Venezuela es el peor país para envejecer”, agrega la directora de proyectos. Sin embargo, explica que esta tendencia se puede revertir si el Estado se abocara a implementar políticas para salvaguardar la vida de los adultos mayores, quienes se han visto afectados por la compleja crisis que atraviesa el país.
Además recordó que es deber del Estado, tal como lo establecen los diferentes tratados a los que está suscrito, cumplir con su obligación ineludible de garantizar el derecho a la vida de todos los ciudadanos del país, especialmente aquellos que forman parte de grupos de vulnerabilidad.
Convite manifestó su compromiso en seguir documentando, divulgando y denunciando la violación de derechos humanos en el país, enfocados sobre todo en las personas mayores.
