“Lo mejor en política es ser grande y magnánimo.”
Simón Bolívar.
Hoy más que nunca la República necesita de sus hijos más ilustrados y con mayor experiencia en las lides que dictan el rumbo que ha de seguir nuestra nación.
“El Libertador”, también expresó:
“Moral y Luces son nuestras primeras necesidades…”
“Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción.”
La gravísima situación en la que se encuentra nuestro sistema educativo, se caracteriza por: Los casi inexistentes ingresos monetarios de maestros y profesores, desde los responsables a la educación pre-escolar hasta la formación universitaria de pre y post grado; el desastre que destruye la infraestructura educativa, desde las escuelas rurales más remotas hasta campus universitarios, como el de la Universidad Central de Venezuela, que es “Patrimonio Cultural de la Humanidad”; la destrucción de zonas experimentales en la producción de alimentos, como lo eran el área de post-grado en agronomía de la “Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, UCLA, ubicada en la vía Agua Viva, la Finca El Torrellero, ubicada en Sarare, el Instituto de Uva de El Tocuyo y hasta la “Finca las Lomas”, experimental de café y la única en el país en Nuez de Macadamia, otrora propiedad de la “Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental, FUDECO. Áreas dedicadas al logro de la soberanía agroalimentaria, que fueron destruidas por la delincuencia impune, amparada por los organismos que supuestamente deberían salvaguardar la seguridad jurídica y personal de todos los venezolanos.
La “Red de Instituciones Larenses” tuvo su génesis en la defensa de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, UCLA, y por ende en todo el sistema educativo, es por esto que no podemos permanecer inertes ante los hechos denunciados públicamente por La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), referente a la, supuesta, arbitraria decisión del Consejo Nacional de Universidades (CNU) en sesión extraordinaria virtual de fecha 16 de septiembre de 2021, que designó al Rector y a los Vicerrectores Académico y Administrativo de la Universidad Simón Bolívar (USB), actuación tomada ante la muerte del Rector Emérito Enrique Planchart Rotundo y que constituye una vía de hecho, toda vez que ese organismo no tiene competencia para remover y designar autoridades universitarias.
La sesión convocada por el CNU tenía como punto de agenda la situación generada por el fallecimiento del Rector, el 27 de julio de 2021, pero inexplicablemente en plena sesión se anunció que serían removidos los Vicerrectores y se designó a los nuevos titulares Vicerrectores Académico y Administrativo, cargos que no estaban vacantes, cabe señalar que las tres autoridades designadas fueron propuestas por el Ministro de Educación Universitaria, este atropello no tiene precedente en la institucionalidad democrática universitaria.
Esta designación de autoridades rectorales desconoce el mandato del artículo 10 de la Ley de Universidades, que establece que las universidades experimentales “gozarán de autonomía dentro de las condiciones especiales requeridas por la experimentación educativa”, en concordancia con el Decreto del Ejecutivo Nacional N° 755, publicado en la Gaceta Oficial N° 35.756 del 18 de julio de 1995, que otorgó la Autonomía Académica, Organizativa, Patrimonial y Administrativa, a esta casa de estudio, por su destacada labor en la formación de los estudiantes, investigación, extensión y el desarrollo tecnológico, principio autonómico ratificado en el artículo 109 constitucional.
La autonomía universitaria como principio y jerarquía orienta la función rectora en la educación, cultura y ciencia, su desarrollo otorga competencia para planificar los programas de investigación, docencia y extensión, para dictar normas internas y la potestad administrativa para elegir sus autoridades.
Es nuestro deber, solidarizarnos con la Asociación de Rectores Universitarios, cuando expresa su rechazo ante la intervención del Consejo Nacional de Universidades, sin tomar en cuenta lo dispuesto en el Decreto 755 de fecha del 18 de julio de 1995, que establece la autonomía administrativa mediante la cual la comunidad universitaria de la Universidad Simón Bolívar, a través del Consejo Directivo escoge y designa sus autoridades, asunto que sólo les concierne a las instituciones de educación superior.
Debemos exhortar a las autoridades a quienes compete la conducción responsable del desarrollo científico y humanístico de la Nación a cumplir con sus funciones, conforme a la Constitución y a la Ley de Universidades, como único mecanismo para que la educación superior logre su misión en la docencia, investigación y extensión, para lo cual han sido creadas.
Debemos apoyar y solidarizarnos con la comunidad de la Universidad Simón Bolívar, a fin de evitar la profundización de la crisis académica, presupuestaria, y humanitaria del personal docente, de nuestros estudiantes y demás trabajadores, y para continuar con la búsqueda del conocimiento y reconstrucción del país, labor fundamental en la educación venezolana.
Maximiliano Pérez Apóstol
