Los compromisos adquiridos por el régimen ante la OIT han sido ignorados, por lo que las organizaciones de sindicalistas afirman que las negociaciones deben tomar el informe de la Comisión de Encuesta de la OIT como punto de partida para recuperar los derechos laborales y sindicales.
La tercera ronda de conversaciones en México cerró con un acuerdo parcial que propone extender mecanismos de consulta a actores, tanto políticos como sociales, en el plano nacional e internacional.
Esta propuesta tiene como finalidad incrementar la inclusión de voces y exigencias para discutir en las negociaciones, enfocadas especialmente en solucionar los principales problemas en materia social y económica.
Por este motivo, organizaciones sindicalistas como el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (Ovlis) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) celebran la propuesta, pero parcialmente.
Aunque finalmente se amplía la mesa de negociación hacia los actores sociales, se cuestionan si los mecanismos de consulta representan una inclusión real de los dirigentes sindicales y las víctimas directas de la crisis venezolana en la Mesa Nacional de Atención Social creada en el diálogo de México.
En este sentido, el director nacional de la CTV, José Elías Torres, considera que en la Mesa Nacional de Atención Social deben integrarse organizaciones y movimientos sindicales para llevar propuestas relacionadas con el bienestar de los trabajadores y el incremento del poder adquisitivo de la familia venezolana.
«La intención la compartimos, pero debe quedar claro si será una consulta o si verdaderamente se va a incorporar ¿Nos vamos a conformar con decirles qué deben pedir, o debemos participar nosotros? Aplaudimos que se incluyera la parte social, pero debe quedar inmersa la conversación con los actores», resaltó Torres durante una rueda de prensa organizada en Zoom.
Esta postura fue compartida por la presidenta del Ovlis, Jacquelin Richter quien considera que la situación laboral debe ser abordada en la mesa de negociación y para ello es imprescindible que representantes sindicalistas tengan una voz.
«Aplaudimos que el acuerdo de ayer fuese para ampliar la consulta a actores sociales para atender la emergencia humanitaria compleja, pero ¿Vamos a consultar o vamos a integrar? Llegó la hora de abrir un espacio a los que saben«, destacó.
La profesora titular de la Universidad Central de Venezuela (UCV) también recordó que ya existe una agenda a partir de la cual es posible trabajar, la cual compromete al régimen de Nicolás Maduro pero no ha tenido respuesta alguna en dos años.
Hace referencia al informe emitido por la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el cual se hacen recomendaciones para mejorar la situación de los trabajadores en el país y se resaltan aspectos fundamentales como las negociaciones tripartitas para incrementar el salario o el cese de la persecución a activistas sindicales.
«Hay una agenda pendiente que pudiese ayudar. Creo que deben comenzar a discutir, a avanzr en la reconstrucción del país, pensar en el empleo productivo, con protección y justicia social», destacó Richter.
OIT ignorada
Las recomendaciones han sido prácticamente ignoradas por el régimen de Maduro, que solo ha cumplido parcialmente dos. En el primer caso, se respondió al exhorto de la liberación de empleadores o sindicalistas encerrados en prisión por ejercer sus actividades sindicales.
El régimen decidió dar cumplimiento parcial excarcelando a algunos presos políticos, como fue el caso del dirigente sindical de Ferrominera, Rubén González, quien recibió un indulto tras 20 meses de prisión injustificada.
Sin embargo, otros dirigentes se mantienen encerrados e incluso se condenó al obrero de Ferrominera, Rodney Álvarez, a 15 años de prisión después de 10 años de cárcel sin una sentencia, por un asesinato que no cometió.
Por otra parte, el oficialismo también acató la recomendación de discutir nuevamente los contratos colectivos. Sin embargo, estas conversaciones se han hecho con organizaciones que no representan realmente a los trabajadores ni a sus necesidades. Por eso Richter insiste en que «deben estar sentados los legítimos representantes de los trabajadores».
«Hay una agenda pendiente que pudiese ayudar. Creo que deben comenzar a discutir, a avanzr en la reconstrucción del país, pensar en el empleo productivo, con protección y justicia social», destacó Richter.
OIT ignorada
Las recomendaciones han sido prácticamente ignoradas por el régimen de Maduro, que solo ha cumplido parcialmente dos. En el primer caso, se respondió al exhorto de la liberación de empleadores o sindicalistas encerrados en prisión por ejercer sus actividades sindicales.
El régimen decidió dar cumplimiento parcial excarcelando a algunos presos políticos, como fue el caso del dirigente sindical de Ferrominera, Rubén González, quien recibió un indulto tras 20 meses de prisión injustificada.
Sin embargo, otros dirigentes se mantienen encerrados e incluso se condenó al obrero de Ferrominera, Rodney Álvarez, a 15 años de prisión después de 10 años de cárcel sin una sentencia, por un asesinato que no cometió.
Por otra parte, el oficialismo también acató la recomendación de discutir nuevamente los contratos colectivos. Sin embargo, estas conversaciones se han hecho con organizaciones que no representan realmente a los trabajadores ni a sus necesidades. Por eso Richter insiste en que «deben estar sentados los legítimos representantes de los trabajadores».
Las otras recomendaciones no se han aplicado y el contexto para el sector obrero, gremial y sindical cada día luce más complejo, con un salario mínimo fijado en menos de 2 dólares, sin pólizas de seguro ni beneficios laborales.
Sindicalistas piden cambios urgentes
Ante un contexto tan desfavorecedor, José Elías Torres recalca que resulta esencial enfocarse en un cambio de modelo, pues ni siquiera la negociación de un contrato colectivo solucionaría la crisis que viven los sindicalistas y el trabajador venezolano.
En su lugar, es necesario un modelo que cambie los paradigmas económicos y de un giro a las políticas gubernamentales, en aras de tener una economía sana que permita a las empresas sostener salarios fuertes y mejorar la capacidad adquisitiva del trabajador.
«La contratación colectiva es el espíritu de la lucha sindical, pero con la realidad que tenemos, eso pasa al segundo plano. Es perder el tiempo porque este Gobierno no es capaz de darnos un modelo que permita bienestar para la población», destacó.
Para Torres, la solución pasa por un acuerdo consolidado entre federaciones y asociaciones sindicales, que facilite el diseño de una estrategia que ofrezca alternativas concretas para mejorar en los ámbitos social, sindical y gremial.
También hace énfasis en que la recuperación de los salarios depende de tres factores que pueden servir de base para incrementarlo progresivamente, pero que se requiere principalmente motivación política.
El dirigente afirma que la conversación sobre el salario debe incluir el artículo 91 de la Constitución, que establece ajustes del salario mínimo anuales en función del costo de la canasta básica; también el Convenio 26 del informe de la Comisión de Encuesta de la OIT, que habla de una negociación tripartita entre Estado, empleadores y trabajadores para definir salarios; y finalmente tomar en cuenta lo que indica el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre 1,90 dólares diarios de ingreso como parámetro para determinar la pobreza crítica.
«Con esos tres aspectos se debe salir a negociar. Nunca hemos dicho que debe darse un sueldo de 300, 400 o 500 dólares porque luego surge la pregunta ¿Cómo lo hacemos? Eso es un error. Debemos hablar en base a las realidades», aclaró.
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