Realizar en la vida real el Estado Federal Descentralizado del artículo 4 constitucional es en Venezuela asignatura pendiente. Pendiente, ante todo, para los responsables de los poderes públicos y los aspirantes a serlo, pero también de nosotros los ciudadanos. Porque así como hemos sido más presidencialistas que nuestras constituciones, también depositamos en el gobierno central la carga principal de nuestras aspiraciones y nuestros reclamos. Evidencia de ello es que votamos menos cuando no está en juego la Presidencia de la República.
Esa “principio fundamental” de la Constitución, debe ser leído en concordancia con los fines esenciales que en el mismísimo Título I, se atribuyen al Estado en el artículo 3: “la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”. Antes (artículo 2) se ha definido a Venezuela como “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia” con “preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. A lo cual hay que agregar, desde luego, lo dispuesto en el 136 de la Carta, que distribuye el Poder Público en municipal, estadal y nacional, en ese orden y divide el nacional según las funciones propias de cada rama, consagrando el principio de colaboración entre ellas “en realización de los fines del Estado”. Vale decir, de los antes mencionados.
Lo recuerdo para comenzar por dos motivos de la mayor importancia y no porque crea que habito en un paraíso de efectiva vigencia de esos nobles principios, sino precisamente porque actualmente nuestra realidad dista mucho de esos compromisos y porque estoy convencido de que si alguna esperanza hay de encontrar una convivencia libre, ordenada entre nosotros que nos ayude a vivir y progresar en paz como aspiramos, es en el marco de esa Constitución que no es perfecta, pero que si la respetamos, puede servirnos para dirimir sensatamente las diferencias entre nosotros que no son pocas ni superficiales.
Coincido con lo escrito por el admirado constitucionalista Jesús María Casal, acerca de la ancha brecha, podríamos decir que el abismo, entre el espíritu y la letra de esos artículos y su interpretación por parte de la Sala Constitucional, invariablemente estatista, colectivista, antipluralista y demasiado uncida a la cascada de asimilar gobierno, partido y Estado como si de una sola y misma cosa, única e indivisible, se tratara. Cascada digo porque viene de arriba.
Federalismo y descentralización nos convienen a todos. Distribuye el poder en centros distintos y con responsables diferentes, así se abre a ideas e intereses plurales, siempre manteniendo el compromiso de unidad nacional, no impuesta sino resultado del entendimiento y la cooperación. También acerca del poder a los ciudadanos, a quienes sufren los problemas y reclaman soluciones, ese control democrático es útil para que gobernar desarrolle su dimensión de servicio. La elección municipal y regional de noviembre debe y puede servir para acercarnos como sociedad al sano propósito del hasta ahora frustrado diseño constitucional.
Ramón Guillermo Aveledo
