El Gobierno Interino de Venezuela no ha celebrado ningún acuerdo de pago con la empresa ConocoPhillips. No existe tampoco acuerdo alguno de venta, proceso de venta, ni cesión de acciones de PDVSA, PDV Holding y/o CITGO Petroleum Corp. en marcha con la empresa ConocoPhillips u otros acreedores de la República de Venezuela.
Así lo expresa el gobierno legítimo, a través de un comunicado en el cual fija posición en torno a las versiones que han circulado en los medios, donde de hace este tipo de señalamientos infundados, los cuales son desmentidos por La Procuraduría Especial de la República, órgano del Gobierno interino designado por el presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, a propósito de informaciones sobre supuestos acuerdos con la empresa ConocoPhillip.
El texto del comunicado del gobierno interino expone:
La Procuraduría Especial de la República, órgano del Gobierno interino designado por el presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, a propósito de informaciones sobre supuestos acuerdos con la empresa ConocoPhillips, aclara e informa a la opinión pública, nacional e internacional, lo siguiente:
1.- El Gobierno Interino de Venezuela no ha celebrado ningún acuerdo de pago con la empresa ConocoPhillips. No existe tampoco acuerdo alguno de venta, proceso de venta, ni cesión de acciones de PDVSA, PDV Holding y/o CITGO Petroleum Corp. en marcha con la empresa ConocoPhillips u otros acreedores de la República de Venezuela, con respecto a las causas que estos mantienen en Cortes de EEUU con motivo de obligaciones o pretensiones indemnizatorias derivadas de actuaciones ilícitas o irresponsables de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
2.- Transparentemente hemos informado al país sobre el estatus de cada causa o ataque emprendido por acreedores como ConocoPhillips, Crystallex y OIEG contra la empresa refinadora Citgo, que constituye el principal activo de la industria petrolera venezolana en el extranjero, empresas que cuentan con laudos arbitrales a su favor, dictados antes de la instauración del Gobierno Interino.
La gestión del Presidente encargado Juan Guaidó, a través de la Procuraduría Especial de la República, ha venido defendiendo desde marzo de 2019 y hasta el presente, los derechos e intereses del Estado Venezolano en el extranjero, participando en múltiples procesos judiciales y arbitrales. Hasta el momento, esta defensa ha logrado la protección de Citgo, adicionalmente con medidas emanadas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ante las amenazas y situación de riesgo permanente generadas por las acciones irresponsables de los regímenes de Chávez y Maduro.
3.- Como es usual en esos procesos judiciales los jueces solicitan a las partes presentar su propuesta preliminar para reparar a la contraparte, en caso de una decisión desfavorable. Bajo este supuesto procedimental, se designó un auxiliar de justicia denominado “Special Master”, quien sólo ha iniciado un proceso para la valoración de la empresa y ha revisado las informaciones aportadas por algunos acreedores que pretenderían participar de un hipotético proceso de venta. Este “Special Master” produjo un informe público en el que ha dejado constancia de los montos (pagados y adeudados) informados por los acreedores, y en el que, erradamente señala que “las partes de Venezuela (que son, la República, PDVSA, PDV Holding y CITGO Petroleum Corp.) han indicado que han llegado a un acuerdo con ConocoPhillips con respecto al monto pendiente de la Sentencia de ConocoPhillips”.
Debe aclararse que, tal indicación, además de ser errónea, no implica de ningún modo, ni puede hacer presumir o concluir, que el Gobierno interino ha celebrado algún acuerdo de pago con dicha empresa.
Tampoco significa, y es falso que, los montos que haya pagado previamente la República o PDVSA a los acreedores, hayan sido efectuados por el Gobierno interino, pues los montos incluidos en las relaciones presentadas por dichos acreedores y expresadas en el documento en cuestión, fueron realizados previamente por el régimen de Maduro, o a través de depósitos (escrow) ya realizados por el régimen antes de febrero de 2019.
4.- Gracias a la protección lograda por el Gobierno Interino del Presidente Guaidó, en caso de una decisión judicial contraria a los intereses de la República que ordenase la reparación de algún acreedor mediante una eventual venta de acciones de PDV Holding, se requiere inequívocamente del previo otorgamiento de una licencia o autorización por parte de la OFAC, y siempre que la Corte de Apelaciones niegue la apelación pendiente de decisión.
5.- Recientemente, ante una solicitud de licencia pedida por Crystallex para que se autorice la venta de las mencionadas acciones de PDV Holding, la OFAC ha respondido, categóricamente, reiterando la protección de los activos del pueblo venezolano y el apoyo al Gobierno interino; reafirmando que “el Departamento de Estado ha determinado que autorizar la venta de las acciones de PDVH en este momento sería incompatible con los intereses de la política extranjera de los Estados Unidos”. En el mismo instrumento se destaca que, “[l]a política exterior actual de los Estados Unidos con respecto a la situación actual en Venezuela incluye, entre otros temas, el apoyo a las negociaciones con la participación de todas las partes interesadas que conduzcan a elecciones presidenciales y parlamentarias creíbles con miras a una solución negociada integral a la crisis venezolana”. Esta respuesta deja claro el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, así como su interés en la búsqueda de soluciones encaminadas a la restitución de la democracia en Venezuela, al tiempo que ha dado lugar para que esta oficina a través de los abogados que representan a la República en el referido juicio, solicite la suspensión del proceso preliminar iniciado, ya que adolece de todo sentido práctico y financiero.
6.- El Gobierno interino presidido por el Ing. Juan Guaidó, por órgano de esta Procuraduría Especial, y las Juntas Administradoras ad hoc designadas para los entes descentralizados, continuará preservando, recuperando y protegiendo los activos venezolanos en el extranjero de la demostrada corrupción del régimen, hasta el cese de la usurpación y la restauración de la democracia.
