La jueza María Teresa Vázquez, rechazó una petición de medidas presentadas por representantes legales del régimen de Nicolás Maduro, para suspender a Enrique Castells, representante del Gobierno legítimo de Juan Guaidó, como administrador de la filial europea de la Corporación Venezolana de Guayana.
La entidad dispone de 25 millones de euros en varias empresas alternas, a los que el régimen de Maduro estaría intentando tener acceso, según lo publicado por El Mundo.
Por su parte, la magistrada de lo Mercantil número 9 de Madrid rechazó que utilicen esa vía legal como una medida de presión para sus pretensiones.
Los representantes de la dictdura venezolana, alegaron que los funcionarios designados por Guaidó, infringieron normas para la convocatoria y la celebración de la junta general de la sociedad. También sostuvieron que Castells no está legitimado para convocarla y constituirla porque no podía actuar en representación del socio único.
“Esta actuación es contraria a la buena fe y constituye un abuso de derecho y los acuerdos adoptados son contrarios al orden público. Existe el riesgo de que el señor Castells pueda dejar sin fondos a la filial europea de CVG, siendo de imposible recuperación”, dijeron los representares del chavismo.
